¿Por qué no deberíamos votar por el continuismo?
La seguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del país. Y no es una percepción aislada ni exagerada. Nunca en Costa Rica habíamos vivido un nivel de inseguridad como el actual. La cantidad de homicidios, la sensación permanente de riesgo, la pérdida de tranquilidad para salir de casa, el ambiente que se respira en las calles… todo eso forma parte hoy de la vida cotidiana de muchos costarricenses.
Esto no es ideología. Es experiencia diaria.
La candidata del continuismo asegura que tiene planes para enfrentar esta situación. Habla de estrategias, de medidas, de soluciones. Pero aquí aparece una contradicción que no se puede ignorar: ella forma parte del gobierno actual. Y cada vez que propone una idea para resolver la inseguridad, lo que indirectamente está diciendo es qué fue lo que no se hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Porque si esas ideas eran tan claras, tan efectivas y urgentes, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se implementaron cuando ella estaba en el gobierno? ¿Por qué no se pusieron en marcha hace meses, o incluso años, cuando el problema ya era evidente y el deterioro de la seguridad avanzaba?
Prometer soluciones desde la campaña, mientras aún se ejerce poder, suena menos a propuesta y más a confesión.
Hay otro elemento aún más delicado. En algún momento se ha sugerido, o se ha dejado entrever, la posibilidad de pedir permisos extraordinarios para suspender o limitar garantías individuales como mecanismo para enfrentar la criminalidad. Y eso no es una solución técnica: es una amenaza directa a la libertad y a la democracia.
Costa Rica no se ha construido recortando derechos cuando las cosas se ponen difíciles. Al contrario. Nuestra historia democrática se ha basado en fortalecer instituciones, profesionalizar la seguridad, mejorar la inteligencia policial y respetar el marco constitucional. Suspender garantías individuales puede parecer una salida rápida, pero es un camino peligroso, especialmente cuando se normaliza desde el discurso político.
La inseguridad no se combate debilitando el Estado de derecho.
Se combate con política pública seria, sostenida y profesional.
Si hoy todavía se está en el gobierno, si todavía se ejerce influencia real, o si don Rodrigo Chávez continúa al mando, entonces la pregunta vuelve a ser la misma: ¿por qué no se implementan desde ya las medidas que se recomiendan? ¿Por qué esperar a una eventual reelección indirecta para hacer lo que, según se dice, es urgente y necesario?
La seguridad no puede seguir siendo un tema de campaña mientras el país vive con miedo. Y menos aún puede convertirse en excusa para recortar libertades que luego cuesta décadas recuperar.
Pensar el voto también implica preguntarse si las soluciones ofrecidas llegan tarde, si son coherentes con la gestión actual y, sobre todo, si el precio que se nos pide pagar no es demasiado alto para un país que siempre ha apostado por la paz y la democracia.
