¿Por qué no deberíamos votar por el continuismo?
La Constitución Política de la República no es un adorno jurídico ni un texto simbólico que se consulta solo en actos solemnes. Es el acuerdo básico que sostiene nuestra convivencia, el marco que define hasta dónde llega el poder y desde dónde empiezan los derechos de las personas. Es, en esencia, el límite que el país se puso a sí mismo para que nadie —ni un presidente, ni un partido, ni una mayoría momentánea— pueda hacer lo que quiera.
Por eso, cuando desde el poder se relativiza la Constitución, se la minimiza, se la ataca o se la presenta como un obstáculo para “gobernar con eficiencia”, lo que está en juego no es un tecnicismo legal, sino la base misma de la democracia.
La Constitución no existe para facilitarle el camino al gobernante de turno. Existe para proteger a la ciudadanía del abuso del poder. Establece garantías individuales, define competencias, crea contrapesos y asegura que los derechos no dependan del humor, la conveniencia o la urgencia política de quien gobierna.
En el discurso del continuismo hemos visto, una y otra vez, una incomodidad evidente con esos límites. Cuando algo no se puede hacer porque la Constitución no lo permite, la reacción no es revisar la propuesta, sino atacar la norma, cuestionar a quienes la defienden o insinuar que el problema es el marco constitucional mismo. Ese razonamiento es peligroso.
Porque cuando un gobierno empieza a ver la Constitución como estorbo, lo que realmente desea es menos límites y más poder.
Costa Rica ha sido un país estable, libre y democrático precisamente porque ha respetado su Constitución, incluso en momentos difíciles. No porque haya sido perfecta, sino porque ha funcionado como ancla. Cambiarla, interpretarla o reformarla requiere procesos serios, consensos amplios y tiempos largos. Nunca impulsos, amenazas veladas ni atajos.
Defender la Constitución no es conservadurismo. Es responsabilidad histórica.
Votar por un proyecto político que coquetea con debilitarla, relativizarla o pasarle por encima cuando incomoda, es aceptar que nuestros derechos puedan volverse negociables. Y cuando los derechos se vuelven negociables, dejan de ser derechos.
La pregunta de fondo no es jurídica. Es profundamente ciudadana: ¿queremos un país donde el poder se adapte a la Constitución, o uno donde la Constitución tenga que adaptarse al poder?
De esa respuesta depende mucho más que una elección. Depende el tipo de país que seguimos siendo.
