Muchos dolores han atravesado las mujeres fuertes de nuestro país. No dolores pequeños ni silenciosos, sino aquellos que vienen de enfrentar la misoginia, el machismo y, en algunos casos, la insolencia de quien ocupa una posición de poder y cree que eso le da derecho a señalar, a desacreditar o a insinuar sin consecuencias.
Ahí están. La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la contralora general de la República, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la presidenta de comisiones clave en procesos delicados… y, según se percibe en el ambiente político —sin afirmar hechos— incluso la propia presidenta electa. Mujeres que, más allá de sus cargos, han tenido que sostenerse en medio de una presión constante, muchas veces desproporcionada.
Y hay algo que no se puede ignorar. A muchas de ellas no se les han comprobado faltas en el ejercicio de sus funciones. No hay cargos levantados, no hay condenas, no hay resoluciones que respalden muchas de las afirmaciones que circulan. Y aun así, el juicio público aparece. Rápido. Fuerte. Implacable.
Desde mi punto de vista, lo más preocupante no es solo lo que se dice desde algunos espacios de poder, sino cómo eso es recibido por una parte de la ciudadanía. Cómo se toma como verdad lo que apenas es insinuación. Cómo se replica sin filtro, sin pausa, sin criterio. Y entonces las redes se llenan de voces que no buscan entender, sino atacar.
Sin darse cuenta, en ese proceso no solo se daña a una persona. Se erosiona algo mucho más grande. Porque cuando se normaliza el señalamiento sin prueba, cuando se convierte en costumbre desacreditar sin evidencia, lo que empieza a quebrarse es el Estado de derecho.
Y ahí es donde vale la pena detenerse. No para defender nombres propios, sino para defender principios. Porque hoy pueden ser ellas… pero mañana podría ser cualquiera. Y cuando eso pase, lo que va a hacer la diferencia no es la opinión… sino la evidencia, el respeto y la forma en la que decidiste participar en la conversación pública.