La resolución tomada por Yara Jiménez Fallas alrededor del caso relacionado con Fabricio Alvarado Muñoz probablemente abrirá una discusión que va mucho más allá de una sola denuncia o de una sola votación legislativa. Porque aquí no solo se está discutiendo un expediente. También se está discutiendo algo mucho más delicado: la distancia que a veces empieza a aparecer entre lo que jurídicamente puede sostenerse… y lo que políticamente la ciudadanía percibe.
Según la resolución leída en el plenario, la Asamblea Legislativa ya no tendría competencia para sancionar a un exdiputado porque el reglamento aplicable fue diseñado específicamente para personas que ostentan actualmente la investidura legislativa. Desde esa lógica, continuar el procedimiento podría incluso exponer a quienes participen en él a eventuales responsabilidades legales. Y sí, desde el punto de vista técnico, habrá abogados, asesores y especialistas que probablemente sostengan que la interpretación tiene fundamento.
Pero la política no vive únicamente de tecnicismos. También vive de símbolos, de tiempos, de decisiones previas y de memoria colectiva. Y ahí es donde el tema empieza a complicarse emocionalmente para muchas personas. Porque este mismo caso ya había generado tensión en la Asamblea anterior, precisamente cuando el oficialismo —que sigue siendo el mismo grupo político predominante hoy— rompió el quorum en dos oportunidades evitando que el tema llegara a votación.
Entonces aparece inevitablemente la percepción de que primero se evitó resolver el tema… y ahora se argumenta que ya no puede resolverse.
Y aunque jurídicamente ambas cosas puedan discutirse por separado, políticamente es casi imposible que la ciudadanía no las conecte.
Ese es el problema de las decisiones públicas cuando llegan tarde. Aunque después existan argumentos técnicos válidos, el retraso termina contaminando la percepción general. Porque la gente no observa solamente el artículo del reglamento. También observa el comportamiento político alrededor del proceso. Observa quién evitó votar antes. Observa quién tiene mayoría ahora. Observa quién se beneficia del desenlace. Y a partir de ahí, construye su propia lectura de lo ocurrido.
La propia presidenta legislativa reconoció sentir impotencia y frustración por el manejo previo del expediente, señalando que la Asamblea anterior sí tenía las potestades para resolverlo. Y esa frase, honestamente, probablemente termina siendo una de las partes más fuertes de toda esta historia. Porque si efectivamente existía posibilidad de resolverlo antes, entonces inevitablemente surge la pregunta que muchas personas se harán: ¿por qué no se hizo?
Y aquí es donde todo empieza a volverse más grande que un solo caso. Porque cuando las instituciones dejan vacíos, cuando las decisiones se postergan demasiado, cuando los procedimientos dependen tanto del momento político, la ciudadanía empieza a sentir que la justicia institucional tiene calendarios estratégicos. Y cuando eso ocurre, la confianza empieza a desgastarse lentamente.
También es importante decir algo con claridad: archivar el expediente legislativo no equivale automáticamente a declarar inocencia o culpabilidad sobre el fondo de los hechos denunciados. La propia resolución insiste en que el cierre responde exclusivamente a un tema de competencia jurídica y no a una valoración definitiva sobre las acusaciones. Además, el proceso penal en sede judicial continúa. Pero aun entendiendo eso, el impacto político y emocional del caso ya existe y difícilmente desaparecerá.
Porque la gente no solamente analiza resoluciones. También analiza coherencias. Analiza tiempos. Analiza comportamientos. Y cuando las piezas empiezan a acomodarse de una manera que favorece políticamente a determinados sectores, aunque exista sustento legal, la percepción pública inevitablemente se altera.
Y quizás ahí es donde Costa Rica necesita detenerse un momento a pensar algo más profundo. Las democracias no se sostienen únicamente porque las decisiones sean legales. También necesitan que la ciudadanía perciba legitimidad, coherencia y transparencia en la forma en que esas decisiones ocurren. Porque cuando la legalidad y la percepción empiezan a separarse demasiado, aparece algo muy peligroso: la sensación de que las instituciones funcionan distinto dependiendo de quién esté involucrado.
Y recuperar la confianza después de eso… suele tomar muchísimo más tiempo que perderla.