Esta mañana, Piero Calandrelli plantea una serie de cuestionamientos alrededor del embargo de las cuentas del Partido Pueblo Soberano. No voy a responderlos porque, precisamente, me parece que su valor está en las preguntas mismas. Tampoco pretendo afirmar como ciertos los escenarios que plantea. Son interrogantes que, ante una situación como esta, merecen ser escuchados, investigados y, ojalá, respondidos con claridad. Se los dejo a ustedes para que cada quien saque sus propias conclusiones.
La primera pregunta parece elemental, pero tiene enormes implicaciones: ¿qué partido político puede participar normalmente en procesos municipales si tiene sus cuentas embargadas? Si Pueblo Soberano pretende continuar participando electoralmente, financiando su operación y eventualmente enfrentando procesos municipales, resulta razonable preguntarse cómo funcionaría financieramente bajo esas condiciones. Y de ahí nace inmediatamente la segunda interrogante de Calandrelli: ¿utilizarán cuentas paralelas o algún fideicomiso? No estoy afirmando que exista ninguno de esos mecanismos; simplemente reproduzco una pregunta que, dadas las circunstancias, considero válida y que sería importante aclarar públicamente.
Hay además una cuestión relacionada con el origen del conflicto económico. Calandrelli pregunta si Freddy González Rojas pagará ese dinero con fondos de cooperativas o si serán las cooperativas las que terminarán asumiendo la pérdida. Nuevamente, la pregunta no equivale a una acusación ni la convierte automáticamente en un hecho. Precisamente por eso sería saludable conocer la respuesta y entender quién deberá asumir finalmente las consecuencias económicas del proceso.
Pero hay dos preguntas adicionales que me resultan particularmente interesantes. Calandrelli cuestiona si es cierto que la abogada que defendió el recurso relacionado con Pueblo Soberano y que finalmente no prosperó fue Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, exmagistrada suplente de la Sala Constitucional y actual diputada por Pueblo Soberano. Si efectivamente fue así, es un dato que merece ser conocido y contextualizado. Y a partir de ahí plantea una última interrogante: ¿tendrá alguna relación todo esto con la posición de la presidenta Laura Fernández respecto a que los diputados ejerzan libremente su profesión?
No tengo las respuestas y no quiero inventarlas. Mucho menos convertir preguntas en afirmaciones. Pero tampoco creo que debamos tener miedo de preguntar. Cuando hablamos de partidos políticos, financiamiento, fondos, ejercicio profesional de diputados y decisiones que pueden tener consecuencias sobre la vida democrática del país, las preguntas incómodas también forman parte del control ciudadano.
Por ahora, entonces, dejo las preguntas sobre la mesa. Ojalá quienes tienen las respuestas las den. Y mientras tanto, que cada quien investigue, analice y saque sus propias conclusiones.
Por Vinicio Jarquín, para Apacigua.com