The Wall Street Journal volvió sus ojos hacia Costa Rica esta semana y describió un país atravesado por la violencia y por una confrontación política que resulta extraña para quienes durante décadas nos observaron como una de las democracias más estables de América Latina. El reportaje habla principalmente de criminalidad y de la situación de seguridad que atraviesa el país, pero a mí me dejó pensando en otra violencia, una menos evidente, que no siempre aparece en las estadísticas de homicidios, que no necesariamente deja sangre en las calles y que, sin embargo, también deteriora profundamente una sociedad: la violencia que se instala en la manera en que nos hablamos, en la forma en que ejercemos el poder y en las decisiones que van cerrando oportunidades a quienes más las necesitan.
Costa Rica lleva varios años acostumbrándose a un lenguaje político que antes nos habría resultado extraordinario. Rodrigo Chaves, expresidente de la República y hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, convirtió la confrontación en una de las características más reconocibles de su manera de ejercer el poder. No es solamente una percepción de quienes adversamos su estilo. El propio Informe Estado de la Nación documentó centenares de ataques desde sus conferencias de prensa contra poderes de la República, instituciones, órganos de control y medios de comunicación. En julio pasado incluso hizo referencias públicas a una eventual dictadura y al cierre del Poder Judicial, expresiones suficientemente graves como para provocar una nueva controversia nacional. Yo llamo a eso violencia política. No porque una palabra sea equivalente a un golpe, ni porque toda confrontación sea necesariamente violencia, sino porque el lenguaje utilizado desde una posición de enorme poder tiene consecuencias. Cuando constantemente se divide a la sociedad entre buenos y malos, patriotas y enemigos, gente que trabaja y gente que estorba; cuando se ridiculiza a instituciones, periodistas, organizaciones sociales, partidos de oposición o grupos que piensan distinto; cuando el desacuerdo deja de ser una diferencia legítima y empieza a presentarse como una especie de traición, se crea poco a poco autorización social para despreciar al otro.
Y esa autorización termina bajando a la calle. La persona que escucha durante años que determinados grupos son enemigos del país eventualmente puede sentirse autorizada para insultarlos. Quien escucha constantemente que una institución es inútil puede terminar creyendo que debería desaparecer. Quien oye desde el poder que determinado periodista, sindicato, partido, juez, diputado o ciudadano constituye un obstáculo comienza a verlo no como alguien con quien discrepa, sino como alguien contra quien hay que luchar. No necesito afirmar que Rodrigo Chaves ordena a alguien ser violento. Sería una acusación que no me corresponde hacer. Lo que sí puedo decir es que un dirigente puede incendiar sin encender personalmente el fósforo. Puede hacerlo normalizando la agresividad, premiando la descalificación, convirtiendo la humillación del adversario en espectáculo y enseñándole a una parte de la ciudadanía que el otro merece ser tratado con desprecio.
También me llama la atención lo ocurrido dentro de su propia administración. Al terminar su presidencia, solamente seis de los 23 ministros que comenzaron con él permanecían hasta el final, después de más de cuarenta cambios entre jerarcas y puestos relevantes. No puedo saber qué ocurrió individualmente detrás de cada renuncia o destitución, y sería irresponsable atribuirlas todas a una misma causa. Pero una rotación semejante sí permite preguntarnos por el estilo de conducción que existió allí: cuánto espacio hubo para disentir, cuánto para advertir, cuánto para decirle al presidente que no y cuánto dependía la permanencia de estar dispuesto a ejecutar aquello que él quería. Porque también existe una forma de violencia en el ejercicio del liderazgo cuando la obediencia termina siendo más valorada que el criterio. Un buen líder no necesita personas que repitan sus deseos. Necesita personas capaces de decirle: esto no conviene, esto puede salir mal, aquí se está equivocando. Cuando alrededor del poder únicamente sobreviven quienes coinciden, el problema deja de ser solamente laboral. Se convierte en un problema para el país entero.
Pero hay otra violencia que me preocupa todavía más porque ocurre silenciosamente y afecta a personas que probablemente nunca aparecerán frente a una cámara. Es la violencia de quitar oportunidades. Una auditoría de la Contraloría reveló que casi 19.000 estudiantes dejaron de recibir la ayuda de Avancemos entre 2022 y 2024, en un periodo en que el presupuesto del programa se redujo significativamente. Estamos hablando de muchachos y muchachas de familias vulnerables para quienes una beca no representa dinero para darse un gusto: puede representar el transporte para llegar al colegio, los alimentos, los útiles o simplemente la posibilidad de no tener que abandonar los estudios para comenzar a trabajar. Por supuesto que un Estado tiene que ordenar sus finanzas. Por supuesto que los programas sociales deben revisarse, corregirse y asegurarse de que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. Pero también deberíamos comprender que una beca puede ser política de seguridad preventiva. Cada joven que permanece estudiando, que encuentra posibilidades, que imagina un futuro diferente y que siente que su país todavía tiene un lugar para él constituye también una inversión en convivencia social. Después nos sorprendemos porque algunos muchachos encuentran pertenencia, reconocimiento y dinero en lugares donde nosotros como sociedad no fuimos capaces de ofrecerles ninguna de esas tres cosas.
Algo semejante ocurre con la vivienda. Este año, un recorte de ₡30.000 millones al Fondo de Subsidios para la Vivienda dejó al Banhvi con capacidad para entregar miles de bonos menos de los originalmente previstos y obligó a reducir proyectos habitacionales. Apenas hace unas semanas se informó que alrededor de 2.300 familias quedarían fuera de la meta de bonos de vivienda prevista para 2026 como consecuencia de ese recorte. Tal vez alguien pueda decir que eso no es violencia. Yo creo que algunas veces sí lo es. Hay una violencia que ocurre cuando una familia espera durante años una posibilidad de tener techo digno y esa posibilidad desaparece. Hay violencia cuando un joven tiene capacidad para estudiar pero no tiene dinero para continuar. Hay violencia cuando las oportunidades comienzan a depender demasiado del lugar donde nacimos, de cuánto ganan nuestros padres o de qué tan cerca estamos del poder. No estoy diciendo que cualquier recorte presupuestario sea un acto violento. Gobernar también significa tomar decisiones difíciles y distribuir recursos que nunca son suficientes. Lo que estoy diciendo es algo diferente: las decisiones económicas también tienen consecuencias humanas, y una sociedad que discute únicamente cifras termina olvidando a las personas que viven detrás de ellas.
Tal vez por eso el artículo de The Wall Street Journal debería preocuparnos más allá del tema específico que desarrolla. Porque cuando el mundo mira hacia Costa Rica y ve violencia, nosotros podríamos aprovechar para mirarnos un poco más profundamente. No solamente preguntarnos cuántos homicidios hubo. Preguntarnos cuánto odio estamos produciendo, cuánta división, cuánto desprecio, cuánta humillación pública, cuántas oportunidades estamos quitando, cuántos jóvenes estamos dejando atrás, cuántas familias seguimos condenando a esperar y cuánto hemos llegado a acostumbrarnos a que desde las posiciones más altas del país se grite, se señale, se desacredite y se trate al adversario como enemigo.
Una sociedad no se vuelve violenta de un día para otro. Va aprendiendo violencia. La aprende cuando la escucha, cuando la celebra, cuando la justifica porque quien la ejerce pertenece a nuestro bando, cuando comienza a pensar que algunos costarricenses merecen menos respeto que otros. Y quizá ahí esté uno de los mayores peligros que tenemos delante. Porque recuperar la seguridad de Costa Rica no consiste únicamente en llenar las calles de policías o las cárceles de delincuentes. También consiste en reconstruir comunidad, educación, oportunidades, respeto, vivienda, diálogo y esperanza. La paz también es una política pública. Y tal vez llevamos demasiado tiempo olvidándolo.
Fuente: IA 280626