No es normal que ocho expresidentes de la República, provenientes de distintas épocas, distintas corrientes políticas y distintas tradiciones partidarias, coincidan públicamente en una misma preocupación. Y cuando algo así sucede, lo mínimo que debería hacer un país serio es escuchar. Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada tienen enormes diferencias entre sí. Representaron proyectos distintos, gobernaron en momentos distintos, tuvieron adversarios distintos y defendieron visiones diferentes sobre Costa Rica. Algunos incluso pertenecieron a fuerzas políticas que durante décadas se enfrentaron directamente en las urnas. Precisamente por eso, cuando los ocho logran coincidir en una advertencia, cuesta mucho reducirla a una simple maniobra partidaria.
Podemos estar de acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros. Podemos recordar sus gobiernos con simpatía, con crítica o con enorme distancia. Podemos cuestionar decisiones que tomaron cuando estuvieron en el poder. Nada de eso desaparece porque hoy firmen juntos. Pero tampoco desaparece un hecho básico: los ocho conocen desde adentro el funcionamiento del Estado costarricense, la Presidencia de la República, la relación entre poderes, la institucionalidad y las tensiones propias de gobernar una democracia. Y además hay algo que le da todavía más peso al pronunciamiento: entre esos ocho expresidentes hay seis con una trayectoria internacional especialmente relevante.
Óscar Arias Sánchez es Premio Nobel de la Paz por su papel en los procesos de pacificación de Centroamérica. José María Figueres Olsen ha ocupado posiciones y responsabilidades internacionales vinculadas con Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y distintos espacios globales. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos. Laura Chinchilla Miranda preside actualmente el Club de Madrid, que reúne a exjefes de Estado y de Gobierno democráticos de distintas partes del mundo. Luis Guillermo Solís Rivera ha encabezado misiones de observación electoral de la OEA, precisamente en procesos donde la transparencia, la legitimidad y las garantías democráticas son objeto de examen. Carlos Alvarado Quesada forma parte de la Junta Directiva del Club de Madrid y mantiene una trayectoria internacional vinculada con democracia, institucionalidad, desarrollo sostenible y cambio climático.
No estamos hablando, entonces, solamente de ocho personas que alguna vez ocuparon Casa Presidencial. Estamos hablando de ocho expresidentes y, entre ellos, de un Premio Nobel de la Paz, un exsecretario general de la OEA, la presidenta del Club de Madrid, un exmandatario que ha encabezado misiones electorales internacionales y figuras con décadas de experiencia en espacios multilaterales relacionados con democracia, paz, desarrollo e institucionalidad. Eso no significa que tengan automáticamente la razón, pero sí significa que su criterio no puede despacharse con ligereza.
El pronunciamiento se refiere a preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica, precisamente en un momento en que representantes internacionales vinculados con estos temas observan la situación del país. Cada señalamiento puede discutirse, cada punto puede analizarse y cada afirmación puede ser contrastada. Eso es exactamente lo que corresponde en una democracia. Lo que resulta mucho más difícil es afirmar que ocho expresidentes, de distintas corrientes políticas, con experiencias tan diferentes y con semejante acumulación de conocimiento institucional, decidieron ponerse de acuerdo alrededor de una preocupación completamente inexistente.
Podría equivocarse uno. Podrían exagerar dos o tres. Podríamos incluso cuestionar las motivaciones de alguno. Pero cuando son ocho, provenientes de mundos políticos distintos, la coincidencia deja de ser un dato menor y se convierte en una señal. Y una señal de esta naturaleza no debería provocar automáticamente ataques contra quienes la emiten. Debería provocar reflexión, discusión y, sobre todo, revisión.
La democracia costarricense no se fortalece silenciando advertencias. Se fortalece examinándolas. La libertad de prensa no pertenece a los periodistas, la libertad de expresión no pertenece a los medios y la institucionalidad tampoco pertenece a los políticos. Todo eso pertenece a los ciudadanos. Por eso, ocho expresidentes de acuerdo no constituyen una sentencia, pero sí constituyen un llamado de atención que va mucho más allá de la duda. Y Costa Rica haría bien en escucharlo.