Hay declaraciones políticas fuertes, declaraciones desafortunadas y declaraciones que deberían preocuparnos institucionalmente. Lo dicho por la diputada Kattia Calvo sobre el Poder Judicial pertenece, en mi criterio, a esta última categoría, porque no estamos hablando de una ciudadana molesta escribiendo en una red social, de una dirigente partidaria dando una opinión desde una plaza pública ni de alguien defendiendo apasionadamente a una amiga. Estamos hablando de una diputada de la República, integrante de uno de los poderes del Estado, refiriéndose en términos gravísimos a otro poder de la República.
La diputada Kattia Calvo afirmó que el Poder Judicial tiene montada una “operación cacería” contra Pilar Cisneros. Después fue todavía más lejos y habló del “descaro del Poder Judicial en su persecución en contra de las personas que pensamos diferente y que lo decimos en voz alta”. También atribuyó a lo ocurrido una “negra y mala intención”. No son palabras menores ni simples figuras retóricas. Son acusaciones directas contra uno de los pilares institucionales de nuestra democracia, porque cuando una integrante del Poder Legislativo afirma públicamente que el Poder Judicial persigue personas por pensar distinto, lo que está insinuando es que jueces, fiscales o funcionarios judiciales estarían utilizando el aparato de justicia como instrumento de persecución ideológica.
Una diputada tiene todo el derecho de cuestionar una resolución judicial, pedir explicaciones, fiscalizar, impulsar reformas legales e incluso considerar equivocada una actuación del Ministerio Público. Esa es precisamente una de las fortalezas de una democracia: ningún poder está exento de escrutinio. Pero existe una enorme distancia entre fiscalizar a una institución y acusarla de perseguir ciudadanos por sus ideas políticas. Una cosa es decir “creo que esta actuación debe explicarse” y otra completamente distinta es afirmar que existe una persecución contra “las personas que pensamos diferente”. Si una diputada tiene pruebas de algo semejante, debería presentarlas inmediatamente ante las instancias correspondientes. Si no las tiene, una acusación de semejante magnitud resulta impropia de la responsabilidad que acompaña su investidura.
Costa Rica ha construido durante generaciones una cultura democrática basada no solamente en la separación de poderes, sino también en el respeto entre ellos. Separación no significa enemistad. Independencia no significa guerra institucional. El Poder Legislativo puede controlar políticamente, discutir presupuestos, reformar leyes y cuestionar públicamente decisiones, pero sus integrantes deberían comprender el peso que tienen sus palabras cuando señalan al Poder Judicial como perseguidor político. No se trata de defender al Poder Judicial de cualquier crítica. El Poder Judicial puede equivocarse, debe rendir cuentas y puede ser objeto de críticas severas. Pero una democracia se deteriora cuando las diferencias institucionales dejan de discutirse mediante argumentos y comienzan a describirse como “cacerías”, “persecuciones” y actuaciones motivadas por una supuesta “negra intención”. Ese vocabulario no fiscaliza: deslegitima.
También resulta particularmente delicado que la diputada haya afirmado categóricamente que Pilar Cisneros “no ha cometido ningún delito”. Puede expresar su confianza absoluta en ella, defender su presunción de inocencia, considerar injusta una investigación o incluso pensar que el expediente carece de fundamento. Todo eso cabe dentro de la libertad política y de expresión. Pero determinar si una persona cometió o no un delito corresponde precisamente al sistema de justicia mediante los procedimientos establecidos por la ley, no a una diputada mediante una declaración política. Defender la presunción de inocencia es correcto; declarar la inocencia como un hecho consumado antes de que finalice el proceso es otra cosa.
Aquí debemos tener mucho cuidado los costarricenses, porque estas discusiones no deberían depender del nombre de Pilar Cisneros, de Kattia Calvo ni del partido al que pertenezcan. Pensemos simplemente en el precedente. ¿Aceptaríamos con tranquilidad que mañana un diputado de cualquier otro partido acusara al Poder Judicial de perseguir a quienes piensan como él cada vez que alguno de sus dirigentes fuera investigado? ¿Nos parecería correcto que desde la Asamblea Legislativa se calificara cualquier investigación como una “cacería” antes siquiera de conocerse su desenlace? Si la respuesta es no, entonces tampoco deberíamos normalizarlo ahora.
El respeto entre poderes no significa silencio ni obediencia. Significa comprender los límites de la responsabilidad institucional. Un diputado puede cuestionar al Poder Judicial con toda la fuerza que considere necesaria, pero precisamente por ser diputado tiene una obligación mayor de sostener sus acusaciones y de cuidar que sus palabras no conviertan una diferencia política en una confrontación entre poderes del Estado. Cuando desde un poder se acusa a otro de perseguir políticamente a quienes “pensamos diferente”, no se está produciendo una simple crítica administrativa ni jurídica: se está poniendo bajo sospecha la legitimidad misma del sistema judicial.
Y eso es demasiado serio para decirlo ligeramente. Si la diputada Kattia Calvo tiene pruebas de que el Poder Judicial persigue personas por sus ideas políticas, que las presente. Sería una denuncia de una gravedad enorme y Costa Rica tendría derecho a conocerlas. Pero si no existen esas pruebas, entonces una diputada de la República debería recordar algo elemental: la separación de poderes también exige respeto entre poderes, porque cuidar la democracia no consiste únicamente en defender nuestras propias instituciones cuando nos favorecen, sino también en respetarlas cuando investigan a alguien de nuestro propio lado.