El diputado oficialista Ariel Mora dijo que “el Ministerio Público y el Poder Judicial le deben explicaciones al país”. Hasta ahí, ninguna objeción de mi parte. Todo poder de la República debe rendir cuentas, toda institución pública debe explicar sus actuaciones cuando corresponda y ningún funcionario está por encima del escrutinio ciudadano. Un diputado, además, tiene no solo el derecho sino también la responsabilidad de preguntar, fiscalizar, cuestionar y exigir claridad. Ese es parte de su trabajo. El problema comienza cuando la fiscalización deja de ser fiscalización y se transforma en descalificación personal, sospecha sembrada y ataque contra otro poder del Estado.
Porque el diputado Mora no se quedó en pedir explicaciones. Dijo que estamos ante una “persecución descarada y abierta” contra Pilar Cisneros, habló de “ensañamiento”, de “persecución política” y hasta de una “declaratoria prácticamente de guerra”. Y luego fue más lejos. Refiriéndose al fiscal, pidió a los periodistas que observaran “los ojos”, “la actitud”, habló de su “arrogancia para hablar” y de la “cizaña para hablar en contra del Poder Ejecutivo”. Es decir, ya no estamos discutiendo un acto concreto del Ministerio Público, un expediente, una resolución o un procedimiento. Estamos juzgando miradas, gestos, actitudes y supuestas intenciones personales de un funcionario público para construir una acusación política.
Y eso es muy grave cuando viene de un diputado de la República. Porque un legislador puede decir que no comparte una actuación del fiscal, puede cuestionar la proporcionalidad de una medida, puede pedir documentos, puede llamar a cuentas a quien corresponda dentro de las reglas constitucionales y puede denunciar, si tiene pruebas, cualquier abuso de autoridad. Pero señalar los ojos de una persona, interpretar su actitud y utilizar eso como evidencia de arrogancia, cizaña o animadversión contra el Poder Ejecutivo es otra cosa. Eso no es fiscalización. Eso es construir una caricatura del adversario.
Aquí hay algo que deberíamos cuidar mucho los costarricenses. La democracia no exige que los poderes del Estado se caigan bien. No exige que el Poder Ejecutivo celebre las decisiones del Ministerio Público, ni que los diputados estén de acuerdo con los fiscales, ni que los jueces reciban aplausos de los políticos. Lo que sí exige es que las diferencias se tramiten dentro del respeto institucional, con argumentos, con hechos y con pruebas. Cuando un diputado abandona los hechos y comienza a hablar de “ojos”, “actitudes”, “arrogancia”, “cizaña”, “persecución” y “guerra”, empieza a empujar la discusión hacia un terreno peligrosamente personal.
Porque si existe una persecución política, que se demuestre. Si existe ensañamiento, que se presenten los elementos. Si el fiscal está utilizando su cargo para atacar al Poder Ejecutivo, que se documenten los hechos concretos. Si hay abuso de poder, que se denuncie. Pero no podemos convertir las expresiones faciales de un funcionario en prueba política ni interpretar una mirada como evidencia de conspiración. Esa forma de razonar puede ser muy efectiva para encender a una audiencia, pero es muy pobre para sostener una acusación institucional de semejante gravedad.
Y además existe una responsabilidad especial cuando quien habla pertenece al Poder Legislativo. Un diputado no es simplemente un activista con micrófono. Es un miembro de uno de los poderes de la República. Sus palabras tienen un peso distinto. Cuando acusa al Poder Judicial de persecución, al Ministerio Público de ensañamiento y al fiscal de actuar con cizaña contra el Ejecutivo, está alimentando la idea de que los poderes del Estado están enfrentados como bandos enemigos. Y esa es una narrativa profundamente peligrosa para cualquier democracia.
Pedir explicaciones es correcto. Exigir transparencia es correcto. Cuestionar decisiones es correcto. Denunciar abusos, si existen, es correcto. Pero desacreditar a un fiscal por su mirada, su gesto, su supuesto tono de arrogancia o por una intención que alguien cree leerle en la cara no corresponde al nivel de responsabilidad que debería tener un diputado de la República.
Ariel Mora puede defender a Pilar Cisneros todo lo que quiera. Puede creer absolutamente en su inocencia. Puede considerar injusta una investigación y puede decirlo públicamente. Pero una cosa es defender a una persona y otra comenzar a convertir al Ministerio Público, al Poder Judicial y al fiscal en enemigos políticos del oficialismo.
Ese camino merece atención.
Porque las democracias no suelen deteriorarse únicamente cuando alguien intenta acabar con las instituciones. También se deterioran cuando, poco a poco, se convence a la población de que las instituciones son enemigas, de que los fiscales persiguen, de que los jueces conspiran, de que quien investiga tiene “cizaña” y de que cualquier actuación incómoda forma parte de una guerra.
Si el diputado Ariel Mora tiene pruebas de esa guerra, de esa persecución o de esa cizaña institucional, que las presente.
Pero si lo único que tiene son los “ojos” y la “actitud” del fiscal, entonces debería ser muchísimo más prudente antes de lanzar semejantes acusaciones desde una curul de la República.