Por Vinicio Jarquín para Apacigua.com
Estamos por despedirnos de lo que yo considero un setiembre negro. Y lo peor es que no encuentro muchas razones para pensar que octubre vaya a ser mejor. Me preocupa que sea la continuidad —esa palabra tan repetida últimamente— de una serie de acciones y situaciones que nos tienen mirando al país con tristeza y desconcierto. No sé cuáles responden a la improvisación, cuáles a decisiones deliberadas y cuáles podrían estar relacionadas entre sí. No puedo afirmar que exista un plan detrás de todo esto. No tengo pruebas para decirlo. Pero tampoco puedo fingir que lo que veo no me preocupa, ni que resulta fácil conservar el ánimo mientras las noticias se acumulan.
Setiembre es el mes de la patria. El mes de las banderas, de los faroles, del Himno Nacional, de recordar de dónde venimos y de celebrar esa extraña y maravillosa excepción histórica que ha sido Costa Rica: un país pequeño que decidió confiar en sus instituciones, resolver sus diferencias sin ejército y construir una democracia imperfecta, sí, pero suficientemente sólida como para sobrevivir gobiernos buenos, malos y regulares. Hemos tenido gobiernos con los que coincidimos y gobiernos con los que hemos discrepado profundamente. Hemos protestado, discutido, criticado y esperado cuatro años para cambiar de rumbo cuando así lo ha decidido la mayoría. De una u otra manera, Costa Rica siempre ha ido saliendo adelante. Pero este setiembre cuesta celebrar. Han pasado tantas cosas que cuesta mirar la bandera sin sentir un nudo en la garganta.
Al menos a mí me ocurre. Puedo estar equivocado en mis valoraciones, pero percibo señales de debilitamiento institucional y de una tensión cada vez más peligrosa alrededor de la separación de poderes. Me preocupa cómo se gobierna, cómo se responde a los cuestionamientos y qué lugar se les concede a los límites que establece nuestra democracia. Y me entristece encontrar personas que parecen dispuestas a aceptar cualquier cosa, siempre que venga del grupo político al que apoyan. No discuten, no fiscalizan, no piden cuentas. Como si haber votado por alguien significara entregarle también el criterio propio. Una democracia necesita ciudadanos capaces de apoyar a un gobierno cuando consideran que hace las cosas bien, pero también de cuestionarlo cuando consideran que se equivoca.
A veces, en medio de este achicopale, me descubro pensando algo que no me gusta: que quienes aplauden todo deberían hacerse cargo de las consecuencias. Hasta siento, por un instante, que poco me importa lo que después les ocurra. Pero esa dureza se me devuelve. También están sus hijos, sus nietos y personas que no han escogido nada de esto. Están, además, las familias de quienes sí ven razones para preocuparse, de quienes preguntan, reclaman y sienten que algo se está deteriorando. El país que resulte de nuestras decisiones será el mismo para todos. Nadie puede reservarse una Costa Rica aparte, con instituciones fuertes, servicios funcionando y derechos protegidos. Si algo se deteriora, nos alcanza a todos.
Seguimos sin resolver la elección de las nuevas magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Las nueve plazas están pendientes desde diciembre de 2025 y, para evitar problemas en la integración del tribunal, la propia Sala dispuso la continuidad temporal de suplentes cuyos nombramientos habían vencido. Esa medida no elimina la responsabilidad constitucional de la Asamblea Legislativa de efectuar los nuevos nombramientos. La Sala Constitucional resolvió además, el 30 de julio, que la devolución de la nómina de candidatos había contravenido el procedimiento constitucional y comprometido la debida integración del tribunal. Después de haberse acordado que este 29 de setiembre se votaría nuevamente la elección, la nómina volvió a la Comisión de Nombramientos y la decisión quedó, otra vez, pendiente. Podremos discutir quién tiene la culpa, quién negoció mal, quién incumplió primero o quién tiene los votos, pero hay algo mucho más importante que cualquier partido político: Costa Rica necesita una Sala Constitucional debidamente integrada.
Y tal vez ahí está una de mis mayores preocupaciones: en la aparente facilidad con que se dejan atrás compromisos y se continúa como si nada. Cuando una decisión de tanta importancia termina convertida en otro episodio de disciplina partidaria, me pregunto dónde queda el juicio individual de cada representante. La imagen que me viene a la cabeza ya no es la de jaguares briosos, responsables y solemnes. Es la de un cardumen que gira al mismo tiempo, compacto, siguiendo una dirección común. Desde afuera cuesta distinguir quién examinó el fondo del asunto, quién tiene dudas y quién estaría dispuesto a apartarse del grupo para pedir una explicación. Y esto trasciende al partido de gobierno: un diputado fue elegido para representar ciudadanos y ejercer su propio criterio, no simplemente para convertirse en una mano que se levanta cuando alguien más lo dispone.
Setiembre negro. En Cartago, la antigua capital de Costa Rica y escenario histórico de nuestras celebraciones patrias, durante los actos de independencia hubo denuncias de impedimentos para ingresar al acto cívico y restricciones al tránsito. Diputados de oposición y miembros de la APSE denunciaron esas obstrucciones, mientras las autoridades justificaron los controles por razones de seguridad. El asunto provocó cuestionamientos y llegó incluso a instancias institucionales. Que en el mes de la patria tengamos que discutir si ciudadanos pudieron entrar libremente a una celebración pública ya me parece profundamente triste. La patria se celebra también en el trato que reciben sus habitantes, en la posibilidad de estar presentes y en el respeto con que se escucha a quienes discrepan. Eso ocurrió en Costa Rica. Eso ocurrió en Cartago. Y eso ocurrió, precisamente, en el mes de la patria.
También hemos presenciado un enfrentamiento cada vez más fuerte entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, acompañado por una discusión presupuestaria que dejó de parecer una simple diferencia contable. Desde sectores de oposición se ha hablado incluso de una “guerra” contra el Poder Judicial. Esa es una caracterización política de quienes la han expresado, no un hecho que yo pueda presentar como demostrado. Pero la preocupación alrededor de los recursos destinados al Judicial sí merece atención. Una cosa es exigir eficiencia, transparencia y responsabilidad en el gasto público, y otra muy distinta sería debilitar económicamente a uno de los poderes de la República hasta comprometer su capacidad para cumplir las funciones que la Constitución le asigna. La separación de poderes no significa que tengan que llevarse bien. Significa que ninguno debe tener la capacidad de someter al otro.
También me preocupa el futuro de los CEN-CINAI y de los ebáis, porque sé lo que significan para tantas familias. En el caso de los CEN-CINAI hubo cancelaciones de órdenes relacionadas con transporte y cuido atribuidas inicialmente a problemas presupuestarios; posteriormente algunas fueron revertidas y la propia institución aseguró que no habría cierre de establecimientos y que los servicios continuarían. Por eso no sería correcto afirmar como un hecho que los CEN-CINAI están siendo cerrados. Pero sí existió una controversia suficientemente seria para generar alarma entre trabajadores, proveedores y familias. A esa preocupación se suma la alerta de la Cruz Roja sobre sus recursos y el posible cierre de numerosos comités, y mientras la inseguridad nos golpea, el OIJ ha advertido sobre las consecuencias operativas que tendrían recortes o restricciones presupuestarias para el Poder Judicial. Detrás de esas discusiones hay personas: alguien que necesita una ambulancia, una madre que depende de un servicio de cuido, una persona que necesita atención de salud, una familia que espera una investigación y un funcionario que requiere equipo para salir a trabajar. Por eso me cuesta escuchar estos asuntos como si fueran solamente una disputa de números.
Y mientras todo esto ocurre dentro de nuestras fronteras, terminamos el mes con otro episodio extraordinario fuera de ellas. En este mismo setiembre fue destituido el canciller Manuel Tovar mientras se encontraba en Nueva York, en el contexto de la semana de alto nivel de Naciones Unidas. La explicación de la Presidencia fue que no comunicó una invitación a una reunión de seguridad encabezada por Donald Trump. Costa Rica llegó a la Asamblea General sin la presencia de la presidenta de la República y finalmente fue el embajador Boris Marchegiani quien pronunció el discurso nacional. Una decisión de ese peso, tomada en ese escenario, merece escrutinio y explicaciones claras. También merece una discusión seria la representación internacional de Costa Rica: la preparación de quienes hablan por nosotros, las posiciones que llevan, la confianza que inspiran y la imagen que proyectamos cuando atravesamos una crisis de conducción diplomática precisamente mientras participamos en uno de los principales foros internacionales del mundo. Ahí es donde quiero poner mi cuestionamiento, porque lo que está en juego es la voz del país.
No sostengo que todos estos acontecimientos tengan una misma causa ni que pueda demostrar una intención común detrás de ellos. No puedo afirmar que exista un plan. Pero tampoco estoy dispuesto a fingir que no veo el patrón que, al menos desde mi perspectiva ciudadana, comienza a dibujarse. Cuando simultáneamente discutimos debilitamiento presupuestario de instituciones, enfrentamientos entre poderes de la República, dificultades para integrar la Sala Constitucional, restricciones cuestionadas en espacios públicos durante las celebraciones patrias, incertidumbre alrededor de programas sociales, recursos para la Cruz Roja, afectaciones potenciales a los servicios de salud y seguridad, y episodios que generan cuestionamientos sobre nuestra representación internacional, creo que tenemos derecho a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué está pasando con Costa Rica?
Porque una República no necesariamente desaparece cuando alguien cierra las puertas del Congreso, apaga las luces de los tribunales o anuncia solemnemente que la democracia terminó. Una República también puede deteriorarse lentamente. Puede erosionarse institución por institución, presupuesto por presupuesto, enfrentamiento por enfrentamiento, descalificación por descalificación. Puede acostumbrarnos gradualmente a cosas que años atrás nos habrían parecido inadmisibles, hasta conseguir que lo extraordinario se vuelva cotidiano. Y quizá ese sea uno de los mayores peligros: acostumbrarnos. Que cada nuevo acontecimiento tape al anterior, que cada escándalo dure dos días y que llegue un momento en que respondamos a todo con un encogimiento de hombros.
Durante nuestra historia reciente hemos tenido gobiernos con los que algunos coincidimos y otros discrepamos. Eso es democracia. Un gobierno puede equivocarse, puede tomar decisiones que consideremos pésimas, puede tener prioridades distintas a las nuestras y puede enfrentarse políticamente a la oposición. Todo eso forma parte del juego democrático. Lo que no podemos permitirnos como sociedad es perder la confianza en las reglas que hacen posible ese juego. Por eso no quiero afirmar que tengamos al enemigo dentro de nuestras propias instituciones. Sería una acusación demasiado grave para hacerla sin pruebas. Pero confieso algo quizá igualmente inquietante: hay momentos en que cuesta distinguir entre los efectos que produciría alguien empeñado en debilitar nuestras instituciones y los efectos que estamos observando como resultado de decisiones que públicamente se presentan con otras justificaciones.
Tal vez estoy equivocado. Ojalá lo esté. Ojalá dentro de algunos años podamos mirar setiembre de 2026 simplemente como un mes turbulento, una sucesión desafortunada de conflictos políticos y decisiones discutibles que finalmente fueron corregidas por la fortaleza de nuestras instituciones. Porque si no es así, si permitimos que cada golpe se convierta simplemente en la noticia del día y que mañana otra noticia haga olvidar la anterior, podríamos terminar comprendiendo demasiado tarde que una República también puede desangrarse sin que haya un solo disparo.
No sostengo que exista una conspiración detrás de cada presupuesto, cada nombramiento, cada enfrentamiento o cada decisión gubernamental. Expreso lo que me produce verlos juntos, dentro de un mismo mes, sobre un país que ya carga suficientes dificultades. Siento cansancio. Siento tristeza. Siento que estamos gastando fuerzas en defender condiciones básicas que deberían permitirnos trabajar en lo demás: instituciones que funcionen, responsabilidades que se cumplan, recursos que alcancen y una separación de poderes que sea respetada aun cuando incomode.
Qué triste patria cuando uno siente que el desgaste viene desde adentro, de decisiones tomadas por personas a quienes les corresponde cuidarla. Desde ahí nace mi achicopale. Hay días en que parece que lo que uno escribe, pregunta o reclama apenas alcanza para acompañar la preocupación de otros. Hay días en que uno se pregunta para qué escribir otro artículo, para qué señalar otra cosa, para qué insistir. Aun así, sigo creyendo que pedir cuentas tiene sentido y que conservar el criterio propio es una responsabilidad que no podemos abandonar.
La democracia no pertenece al Gobierno. Tampoco pertenece a la oposición. No pertenece a los diputados, a los magistrados, a los ministros, a los partidos políticos ni a quienes circunstancialmente ocupan Zapote. Nos pertenece a todos. Y defenderla no significa derrocar gobiernos, desconocer elecciones ni convertir al adversario político en enemigo. Significa defender las instituciones, exigir que se cumpla la Constitución, respetar la separación de poderes, vigilar a quienes administran los recursos públicos y levantar la voz cuando consideramos que alguno de esos equilibrios está siendo puesto en peligro.
Apaciguado, sí. Intento mantener la cabeza fría, medir mis palabras y reconocer lo que sé y lo que no sé. Eso es también lo que intento hacer desde Apacigua: no echar más gasolina al fuego, sino defender aquello que considero que debemos sostener entre todos. Pero también estoy achicopalado. Me duele Costa Rica. Me duele despedir el mes de la patria con esta sensación de desgaste y mirar hacia octubre sin la tranquilidad que quisiera tener.
Setiembre termina, pero las preguntas quedan. Y nada garantiza que octubre vaya a ser diferente. Quizá por eso, cuando guardemos las banderas después del mes patrio, convendría recordar que amar a Costa Rica nunca consistió solamente en colocar una bandera en la ventana, cantar el Himno Nacional o encender un farol. A veces amar a la patria significa vigilarla, cuestionar a quienes ejercen el poder y defender sus instituciones antes de descubrir, demasiado tarde, cuánto valían.
Hoy no tengo un cierre alegre para este artículo. Tengo preocupación, tengo preguntas, tengo tristeza y tengo el deseo sincero de estar equivocado.
Apaciguado, sí. Pero también achicopalado.
Porque este fue, para mí, un setiembre negro. Y quisiera tener alguna certeza de que octubre no lo será también.