Imagine que un país poderoso quiere obligar a Costa Rica a tomar una decisión. Para conseguirlo, pone obstáculos a la venta de nuestro café, dificulta los pagos a nuestras empresas o restringe negocios con nosotros. La intención es presionar al Gobierno, pero quienes empiezan a sufrir son los productores, los trabajadores y las familias.
Ese ejemplo imaginario ayuda a entender una noticia reciente: el Gobierno de Laura Fernández decidió no respaldar un rechazo a presiones contrarias a las reglas internacionales que perjudican el desarrollo de los países. Así lo informó Delfino.cr el 5 de noviembre, al explicar la posición de Costa Rica sobre el punto 4 de la Declaración de Madrid. Argentina, Colombia y Paraguay también se apartaron de ese apartado.
¿De qué estamos hablando? De utilizar dificultades económicas para conseguir que otro país haga lo que uno quiere. El mensaje sería: “Si usted no cambia sus decisiones, voy a complicarle la vida hasta que ceda”.
Pero un país no es solamente su presidente y sus ministros. Es también la señora que trabaja en una empacadora, el agricultor que necesita vender su cosecha y el pequeño empresario que tiene salarios que pagar. Cuando se complica el comercio, las consecuencias pueden llegar a todos ellos.
Volvamos al café. Si un productor pierde compradores por esas restricciones, recibe menos dinero. Entonces podría reducir sus compras, dejar de contratar trabajadores o cerrar parte de su negocio. La presión empezó como un conflicto entre gobiernos, pero terminó afectando la mesa de una familia.
Eso es lo que significa perjudicar el desarrollo de un país: ponerle obstáculos para producir, trabajar, comerciar y atender las necesidades de su población.
Ahora bien, hay una precisión necesaria. El punto de Madrid no proponía prohibir todas las sanciones ni permitir que los gobiernos actuaran sin consecuencias. Rechazaba la presión y las medidas que fueran contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y que dificultaran el desarrollo de los países.
Pensemos en las reglas de convivencia de un barrio. Tener una casa más grande o más dinero no autoriza a un vecino a bloquearle la entrada a otro para obligarlo a obedecer. Entre países también existen reglas. La diferencia de poder no debería convertirse en un permiso para saltárselas.
¿Y qué hizo Costa Rica? Respaldó el resto de la declaración, pero dejó constancia de que no acompañaba ese párrafo. El documento no explica por qué ni señala cuál parte le resultó inaceptable al Gobierno.
Por eso hace falta una explicación clara de la presidenta. No alcanza con que la decisión quede escrita en una nota diplomática que poca gente leerá y todavía menos gente entenderá.
Costa Rica es un país pequeño. Nos conviene vivir en un mundo donde existan reglas y donde el más poderoso tenga límites. Por eso, como ciudadano, considero que la pregunta es sencilla: ¿por qué nuestro Gobierno no respaldó un punto que rechazaba presiones contrarias a esas reglas y perjudiciales para el desarrollo de los países?