La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) acaba de publicar los pliegos de condiciones para la primera subasta pública de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. A simple vista, parece un procedimiento técnico, un paso hacia la modernización del espectro y la eficiencia administrativa. Sin embargo, si se mira con atención, la medida podría esconder algo más grave: una jugada silenciosa que amenaza con acallar las voces incómodas del país bajo el disfraz de orden regulatorio.
Los documentos oficiales establecen precios base desproporcionadamente altos para participar en la subasta. Por ejemplo, una frecuencia FM nacional de 200 kHz tendría un valor base cercano a los 193.000 dólares, mientras que el proyecto de ley N.° 24.461 propone además un canon anual del 7,73 % de los ingresos brutos para televisión y del 3,13 % para radio. En teoría, la medida busca transparencia y sostenibilidad; en la práctica, significa que muchas emisoras pequeñas, especialmente las regionales y comunitarias, quedarán fuera del juego.
Hasta hoy, operar una frecuencia costaba poco, casi simbólicamente. Esas condiciones permitieron que existieran medios independientes, voces críticas, periodistas locales que aún se atrevían a cuestionar al poder. Con las nuevas reglas, solo los grupos con respaldo financiero —o con cercanía política— podrán mantenerse al aire. El resto, los que representan la diversidad y el espíritu cívico de Costa Rica, serán expulsados del espectro que pertenece al pueblo.
Y conviene preguntarse: ¿a quién beneficia realmente esta “modernización”? Porque en los últimos años el gobierno ha calificado a la prensa independiente como “prensa canalla”, ha despreciado el disenso y ha intentado controlar la narrativa pública. Si ahora, además, se reducen las voces que pueden emitir y opinar, lo que tendremos no será modernización, sino censura económica.
Hay que decirlo con toda claridad: sin prensa libre no hay democracia. Cada emisora que se apaga, cada frecuencia que cambia de manos por razones políticas o financieras, es una voz del pueblo que se extingue. Y cada silencio que se instala en su lugar, es un eco más dentro del coro oficialista que pretende uniformar la opinión pública.
No es casual que esto ocurra justo ahora, cuando el país vive dividido por discursos de odio y polarización. En medio de ese ruido, el poder ejecutivo parece decidido a intervenir en lo que se escucha, y lo hace disfrazando el control de “regulación técnica”. Pero lo técnico no debería costar la libertad, ni el silencio debería convertirse en política pública.
Si las frecuencias de radio y televisión —ese aire que pertenece a todos los costarricenses— terminan concentradas en manos de quienes aplauden al poder, Costa Rica perderá algo mucho más grande que un negocio: perderá su espíritu democrático. Y sin diversidad de voces, lo único que queda es el eco.
Ten cuidado, costarricense. Porque la democracia no siempre muere con un golpe de Estado. A veces muere con una subasta.