{"id":5223,"date":"2026-09-30T04:46:09","date_gmt":"2026-09-30T04:46:09","guid":{"rendered":"https:\/\/viniciojarquin.com\/blog\/?p=5223"},"modified":"2026-09-30T04:59:18","modified_gmt":"2026-09-30T04:59:18","slug":"una-votacion-que-podria-salir-muy-cara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/viniciojarquin.com\/blog\/una-votacion-que-podria-salir-muy-cara\/","title":{"rendered":"Una votaci\u00f3n que podr\u00eda salir muy cara"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Lo ocurrido este 29 de septiembre en la Asamblea Legislativa podr\u00eda no terminar simplemente como otra bronca parlamentaria, otra discusi\u00f3n entre oficialismo y oposici\u00f3n o una votaci\u00f3n m\u00e1s que ma\u00f1ana ser\u00e1 sustituida por otra noticia. Para determinados diputados, particularmente para quienes impulsaron y respaldaron la decisi\u00f3n de devolver nuevamente a la Comisi\u00f3n de Nombramientos la n\u00f3mina para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, podr\u00edan abrirse cuestionamientos jur\u00eddicos que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

Este martes, los 27 diputados presentes de Pueblo Soberano votaron a favor de devolver a la Comisi\u00f3n de Nombramientos la lista de candidaturas para elegir nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Los otros 23 diputados presentes votaron en contra. La decisi\u00f3n impidi\u00f3 que el Plenario continuara directamente con una nueva ronda de elecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Hasta ah\u00ed podr\u00eda parecer simplemente el ejercicio de una mayor\u00eda parlamentaria. El problema es lo que hab\u00eda ocurrido antes.<\/p>\n\n\n\n

El 30 de julio de 2026, mediante la resoluci\u00f3n 2026-029344, la Sala Constitucional dej\u00f3 sin efecto una devoluci\u00f3n anterior de esa n\u00f3mina y orden\u00f3 expresamente que el Plenario Legislativo la conociera \u201cen la pr\u00f3xima oportunidad posible\u201d. La resoluci\u00f3n se refiere concretamente a la elecci\u00f3n de nueve magistraturas suplentes y a la n\u00f3mina remitida por la Corte Plena para efectuar esos nombramientos.<\/p>\n\n\n\n

Es precisamente por esa resoluci\u00f3n que la decisi\u00f3n tomada ahora adquiere una dimensi\u00f3n diferente.<\/p>\n\n\n\n

No estamos hablando solamente de diputados que no quisieron votar por determinado candidato. Tampoco estamos hablando \u00fanicamente de que 27 legisladores utilizaron los mecanismos parlamentarios disponibles para devolver un asunto a comisi\u00f3n. La pregunta que podr\u00eda terminar teniendo consecuencias jur\u00eddicas es otra: \u00bfpuede una mayor\u00eda parlamentaria utilizar un procedimiento legislativo para producir, en la pr\u00e1ctica, un resultado contrario a lo ordenado previamente por la Sala Constitucional?<\/p>\n\n\n\n

Si las autoridades competentes llegaran a determinar que lo ocurrido constituy\u00f3 un incumplimiento de una resoluci\u00f3n constitucional, podr\u00edan comenzar a abrirse distintos escenarios.<\/p>\n\n\n\n

Uno de ellos tiene que ver con el deber de probidad que acompa\u00f1a el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Quienes ocupan cargos p\u00fablicos no solamente tienen atribuciones y potestades; tambi\u00e9n est\u00e1n sometidos al ordenamiento jur\u00eddico y a obligaciones derivadas de sus cargos. Si eventualmente se estableciera que determinadas actuaciones fueron realizadas conscientemente en contradicci\u00f3n con obligaciones legales o constitucionales, podr\u00eda examinarse la responsabilidad individual de quienes participaron.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n podr\u00eda plantearse el tema de las credenciales de los diputados. En Costa Rica existe un r\u00e9gimen jur\u00eddico relacionado con el deber de probidad y con las responsabilidades de quienes ejercen cargos de elecci\u00f3n popular. Cualquier consecuencia de esta naturaleza exigir\u00eda necesariamente un procedimiento formal y la intervenci\u00f3n de las autoridades correspondientes, pero estamos hablando de una materia considerablemente m\u00e1s seria que una simple censura pol\u00edtica o una discusi\u00f3n en el Plenario.<\/p>\n\n\n\n

Y luego est\u00e1 el terreno penal.<\/p>\n\n\n\n

Si una actuaci\u00f3n llegara a ser considerada una desobediencia a una resoluci\u00f3n judicial o pudiera encuadrarse dentro de alg\u00fan delito relacionado con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, la discusi\u00f3n podr\u00eda trasladarse eventualmente desde las curules legislativas hasta los tribunales. Eso no significa que quienes votaron este martes hayan cometido ya un delito. Significa algo diferente y suficientemente importante: una decisi\u00f3n parlamentaria no necesariamente termina jur\u00eddicamente cuando se contabilizan los votos.<\/p>\n\n\n\n

La inmunidad parlamentaria tampoco debe confundirse con impunidad. Los diputados tienen protecciones constitucionales relacionadas con el ejercicio de su cargo y existe un procedimiento especial cuando se pretende exigir determinadas responsabilidades, pero la condici\u00f3n de legislador no convierte todos sus actos en jur\u00eddicamente intocables.<\/p>\n\n\n\n

Por eso resulta particularmente importante observar qu\u00e9 suceder\u00e1 ahora.<\/p>\n\n\n\n

La Sala Constitucional ya hab\u00eda intervenido en este mismo expediente. Ya hab\u00eda dejado sin efecto actuaciones anteriores relacionadas con la devoluci\u00f3n de la n\u00f3mina. Ya hab\u00eda ordenado que el Plenario conociera el asunto. Y este 29 de septiembre, cuando la Asamblea volvi\u00f3 a tener la oportunidad de continuar con la elecci\u00f3n, una mayor\u00eda decidi\u00f3 nuevamente sacar la n\u00f3mina del Plenario y enviarla a comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los diputados oficialistas sostienen que quieren verificar cu\u00e1les candidatos contin\u00faan interesados y esperar que se complete otra n\u00f3mina relacionada con tres vacantes adicionales, de manera que puedan contar con 24 nombres para escoger doce magistraturas. Esa es la explicaci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica que han ofrecido para respaldar su actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pero ahora probablemente ser\u00e1 necesario determinar algo m\u00e1s profundo: si esa explicaci\u00f3n resulta compatible con lo que ya orden\u00f3 la Sala Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Porque existe una enorme diferencia entre perder una votaci\u00f3n, decidir no apoyar a un candidato y utilizar una mayor\u00eda parlamentaria para apartar nuevamente del Plenario un procedimiento sobre el cual existe una resoluci\u00f3n constitucional previa.<\/p>\n\n\n\n

Y si finalmente alguna autoridad determina que esa l\u00ednea fue cruzada, entonces habr\u00e1 que comenzar a hablar no solamente de responsabilidades pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Podr\u00eda hablarse de responsabilidades administrativas, constitucionales y, dependiendo de los hechos que eventualmente se acrediten, hasta penales.<\/p>\n\n\n\n

Incluso podr\u00edan abrirse procedimientos relacionados con el deber de probidad y el ejercicio de las credenciales de quienes ocupan cargos p\u00fablicos, siempre dentro de los procedimientos y competencias que establece nuestro ordenamiento.<\/p>\n\n\n\n

Por eso quiz\u00e1 algunos diputados deber\u00edan leer con mucha atenci\u00f3n no solamente el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sino tambi\u00e9n la Constituci\u00f3n, las resoluciones de la Sala Constitucional y las leyes que regulan el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Porque levantar la mano dura unos segundos.<\/p>\n\n\n\n

Las consecuencias de haberla levantado pueden durar bastante m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Existe el delito de desobediencia. La jurisprudencia penal costarricense ha explicado que puede configurarse cuando una persona incumple una orden concreta impartida por una autoridad competente, pero uno de los elementos esenciales es que la orden haya sido dirigida y comunicada de manera expresa al obligado. Tribunal Supremo de Elecciones<\/a><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, cuando se trata del incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional, existe un mecanismo espec\u00edfico. La propia Sala explica que, ante una gesti\u00f3n de desobediencia, puede dar audiencia a la autoridad se\u00f1alada, reiterar la orden y, si constata que el incumplimiento persiste, testimoniar piezas al Ministerio P\u00fablico para que este valore una eventual acusaci\u00f3n penal conforme al art\u00edculo 71 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional. Esa norma contempla prisi\u00f3n de tres meses a dos a\u00f1os o multa de veinte a sesenta d\u00edas. Sala Constitucional<\/a><\/p>\n\n\n\n

Y sobre lo que dec\u00eds de los ciudadanos: cualquier persona que tenga conocimiento de un posible delito de acci\u00f3n p\u00fablica puede presentar una denuncia ante el Ministerio P\u00fablico, aunque no sea la v\u00edctima directa. El propio Ministerio P\u00fablico lo dice expresamente y puede actuar de oficio en esos delitos. Ministerio P\u00fablico<\/a><\/p>\n\n\n\n

Hay una diferencia importante entre denuncia y querella. Denunciar un posible delito de acci\u00f3n p\u00fablica puede hacerlo cualquier ciudadano; constituirse formalmente como querellante dentro del proceso tiene requisitos adicionales y normalmente requiere patrocinio de abogado. El C\u00f3digo Procesal Penal incluso contempla supuestos en los que cualquier persona puede constituirse como querellante frente a funcionarios p\u00fablicos por delitos cometidos abusando de su cargo o que afecten intereses difusos. Ministerio P\u00fablico<\/a><\/p>\n\n\n\n

Hay otro escenario que tampoco deber\u00eda ignorarse: el penal.<\/p>\n\n\n\n

En Costa Rica existe el delito de desobediencia a la autoridad y, adem\u00e1s, la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional contempla expresamente consecuencias cuando una persona obligada a cumplir una orden de la Sala Constitucional no lo hace. En casos de incumplimiento, la propia Sala puede analizar una gesti\u00f3n de desobediencia y, si determina que existe m\u00e9rito suficiente, remitir las piezas al Ministerio P\u00fablico para que este valore la posible existencia de un delito.<\/p>\n\n\n\n

Eso no significa que los diputados que participaron en la decisi\u00f3n del 29 de septiembre hayan cometido ya un delito. Esa determinaci\u00f3n solamente podr\u00eda hacerla la autoridad competente despu\u00e9s del procedimiento correspondiente. Pero s\u00ed significa que la discusi\u00f3n podr\u00eda salir del terreno exclusivamente pol\u00edtico y trasladarse eventualmente al \u00e1mbito penal si se concluyera que existi\u00f3 una orden judicial concreta, conocida y obligatoria que fue deliberadamente incumplida.<\/p>\n\n\n\n

Y aqu\u00ed aparece otro elemento que probablemente muchos ciudadanos desconocen. Trat\u00e1ndose de un posible delito de acci\u00f3n p\u00fablica, no necesariamente tendr\u00eda que ser una instituci\u00f3n la que acudiera al Ministerio P\u00fablico. Cualquier ciudadano que considere tener conocimiento de hechos que podr\u00edan constituir un delito de acci\u00f3n p\u00fablica puede presentar una denuncia y aportar los documentos, resoluciones, actas de votaci\u00f3n y dem\u00e1s elementos que estime pertinentes. Despu\u00e9s corresponder\u00eda exclusivamente al Ministerio P\u00fablico determinar si existe fundamento jur\u00eddico para iniciar o continuar una investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Incluso varias personas podr\u00edan presentar conjuntamente los hechos ante el Ministerio P\u00fablico. Eso no convertir\u00eda autom\u00e1ticamente la actuaci\u00f3n parlamentaria en delito, ni obligar\u00eda a la Fiscal\u00eda a formular una acusaci\u00f3n, pero s\u00ed pondr\u00eda formalmente los acontecimientos en conocimiento de la autoridad encargada de investigar los delitos de acci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Lo digo tambi\u00e9n con absoluta claridad: no soy abogado. Esta es mi interpretaci\u00f3n como ciudadano, construida a partir de la legislaci\u00f3n que he podido consultar y de conversaciones con personas conocedoras del tema. No pretendo sustituir el criterio de un profesional en Derecho y mucho menos adelantar una culpabilidad que solamente podr\u00eda determinar un tribunal.<\/p>\n\n\n\n

Pero precisamente por eso me parece que lo sucedido merece mucha m\u00e1s atenci\u00f3n que la que tendr\u00eda una simple votaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n

Porque si finalmente se determina que aquello que vimos fue solamente una utilizaci\u00f3n leg\u00edtima de un procedimiento legislativo, ah\u00ed terminar\u00e1 la discusi\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

Pero si alguna autoridad determina que ese procedimiento fue utilizado para incumplir una orden expresa de la Sala Constitucional, entonces la historia podr\u00eda ser completamente diferente.<\/p>\n\n\n\n

Y en ese momento algunos diputados podr\u00edan descubrir que aquella mano que levantaron durante unos segundos en el Plenario produjo consecuencias que jam\u00e1s imaginaron.<\/p>\n\n\n\n

Nota: An\u00e1lisis e interpretaci\u00f3n realizados con apoyo de inteligencia artificial (ChatGPT y Claude).<\/p>\n\n\n\n

La inteligencia artificial puede cometer errores, por lo que la informaci\u00f3n debe ser contrastada con las fuentes originales y oficiales.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes consultadas:<\/p>\n\n\n\n