{"id":5354,"date":"2026-10-13T00:01:21","date_gmt":"2026-10-13T00:01:21","guid":{"rendered":"https:\/\/viniciojarquin.com\/blog\/?p=5354"},"modified":"2026-10-13T00:01:23","modified_gmt":"2026-10-13T00:01:23","slug":"despues-de-la-sala-cuarta-o-constitucion-la-sala-quinta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/viniciojarquin.com\/blog\/despues-de-la-sala-cuarta-o-constitucion-la-sala-quinta\/","title":{"rendered":"Despu\u00e9s de la Sala Cuarta o Constituci\u00f3n, la Sala Quinta"},"content":{"rendered":"\n

(La Sala de las promesas)<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En Costa Rica tenemos un Poder Judicial cuya Corte Suprema de Justicia est\u00e1 organizada en cuatro salas. Las tres primeras atienden distintas materias jur\u00eddicas y la cuarta, conocida como Sala Constitucional o, popularmente, Sala Cuarta, tiene la important\u00edsima responsabilidad de proteger nuestra Constituci\u00f3n y los derechos fundamentales. Pero hoy quiero plantear una idea que posiblemente a algunos les parezca descabellada, a otros imposible y a otros, quiz\u00e1s, necesaria. \u00bfQu\u00e9 tal si creamos una quinta sala? Una sala diferente, con una responsabilidad que hasta ahora no hemos concebido de esta manera: la Sala Quinta, la sala de las promesas.<\/p>\n\n\n\n

Voy a explicarles de d\u00f3nde nace esta inquietud. Cuando una persona busca trabajo, normalmente presenta su curr\u00edculum, habla de sus capacidades, expone su experiencia y explica qu\u00e9 puede ofrecerle a quien desea contratarla. En algunas ocasiones incluso establece compromisos concretos sobre lo que har\u00e1 si obtiene el puesto. Si finalmente recibe el trabajo y resulta que no hace aquello para lo que fue contratada, tendr\u00e1 que dar explicaciones, enfrentar evaluaciones y, dependiendo de las circunstancias, podr\u00eda perder su empleo. Ahora bien, \u00bfqu\u00e9 sucede cuando ese trabajo es la Presidencia de la Rep\u00fablica? \u00bfPor qu\u00e9 habr\u00edamos de tratar de manera tan diferente a quien nos solicita el puesto m\u00e1s importante de la administraci\u00f3n p\u00fablica?<\/p>\n\n\n\n

Durante las campa\u00f1as electorales escuchamos promesas de toda naturaleza. Nos ofrecen mejorar la seguridad, fortalecer la educaci\u00f3n, proteger a los agricultores, reducir el desempleo, construir infraestructura, mejorar los servicios de salud, defender instituciones y resolver problemas que afectan nuestra vida cotidiana. Algunas candidaturas presentan propuestas bastante espec\u00edficas, otras hablan en t\u00e9rminos generales y algunas llegan a comprometerse personalmente con determinados sectores de la poblaci\u00f3n. Adem\u00e1s, presentan un plan de gobierno que contiene sus propuestas para los siguientes cuatro a\u00f1os. Todo esto forma parte del proceso mediante el cual intentan convencernos de que debemos entregarles nuestro voto y, con \u00e9l, el trabajo de gobernar nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed aparece una particularidad interesante. En Costa Rica, las candidaturas presidenciales presentan sus programas de gobierno ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esos documentos quedan registrados y pueden ser consultados por la ciudadan\u00eda. Es decir, no estamos hablando \u00fanicamente de discursos pronunciados en una plaza p\u00fablica o de promesas que alguien recuerda haber escuchado. Existe un documento formal que permite conocer lo que una candidatura propone hacer si recibe el respaldo de los electores. Sin embargo, ese programa no funciona actualmente como un contrato cuyo incumplimiento, por s\u00ed solo, permita exigir responsabilidad judicial al mandatario. Y aunque las promesas pol\u00edticas pueden tener consecuencias electorales, sociales y morales, no existe una instancia judicial dedicada espec\u00edficamente a examinar su incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

Y aqu\u00ed comienza mi propuesta. \u00bfQu\u00e9 tal si las promesas que llevaron a una persona a ganar la Presidencia pudieran ser objeto de revisi\u00f3n cuando, una vez en el ejercicio del cargo, fueran incumplidas? No me refiero a castigar a un gobernante porque no logr\u00f3 resolver todos los problemas nacionales, porque ser\u00eda absurdo pretender que una sola persona pueda hacerlo. Tampoco me refiero a convertir cada dificultad presupuestaria, cada negociaci\u00f3n legislativa o cada circunstancia inesperada en una falta. Me refiero a crear un mecanismo serio, jur\u00eddico y ciudadano mediante el cual el mandatario deba responder por aquellos compromisos concretos que asumi\u00f3 para obtener nuestro voto.<\/p>\n\n\n\n

Imaginemos entonces la Sala Quinta, la sala de las promesas. Una instancia del Poder Judicial ante la cual cualquier ciudadano, o grupo de ciudadanos, pueda presentar lo que llamar\u00edamos un recurso de promesa. Este recurso permitir\u00eda solicitar que se examine el incumplimiento de un compromiso presidencial debidamente documentado, ya sea porque fue incluido expresamente en el programa de gobierno o porque el candidato lo asumi\u00f3 de manera p\u00fablica, clara y verificable durante la campa\u00f1a electoral. No ser\u00eda necesario demostrar que el ciudadano vot\u00f3 por ese presidente, porque los compromisos de quien resulta electo dejan de ser asuntos exclusivos de sus seguidores y pasan a formar parte de su responsabilidad frente a toda la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pero habr\u00eda condiciones. No bastar\u00eda con que alguien dijera que el presidente prometi\u00f3 algo y no lo cumpli\u00f3. Ser\u00eda necesario aportar pruebas: documentos oficiales, grabaciones aut\u00e9nticas, declaraciones verificables o el propio programa de gobierno. Tambi\u00e9n habr\u00eda que determinar si se trataba realmente de una promesa concreta, si exist\u00eda un plazo para cumplirla, si estaba dentro de las facultades del Poder Ejecutivo y si las circunstancias permit\u00edan realizarla. Porque una cosa es incumplir deliberadamente un compromiso y otra muy distinta es intentar cumplirlo y encontrar obst\u00e1culos leg\u00edtimos que lo impidan. Tampoco podr\u00edamos exigir el cumplimiento de una promesa que resultara contraria a la Constituci\u00f3n o a los derechos de otras personas.<\/p>\n\n\n\n

Pensemos en un ejemplo hipot\u00e9tico. Una candidatura presidencial promete defender determinado sector productivo y presenta compromisos espec\u00edficos para protegerlo. Una vez en el gobierno, sin que aparentemente exista una justificaci\u00f3n suficiente, decide impulsar medidas directamente contrarias a aquellos compromisos. Los ciudadanos afectados podr\u00edan acudir a la Sala Quinta y solicitar que se examine si existe un incumplimiento de lo ofrecido y cu\u00e1les fueron las razones de ese cambio. El mandatario tendr\u00eda pleno derecho a defenderse, aportar pruebas y explicar sus decisiones. La sala tendr\u00eda la obligaci\u00f3n de valorar los hechos, no las simpat\u00edas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Y ahora viene una de las partes m\u00e1s importantes de esta propuesta: la inmunidad presidencial no deber\u00eda convertirse en una protecci\u00f3n frente a este mecanismo espec\u00edfico de rendici\u00f3n de cuentas por las promesas que hizo personalmente para conseguir el cargo. Por supuesto, establecer una excepci\u00f3n semejante requerir\u00eda una reforma constitucional cuidadosamente dise\u00f1ada, respetuosa del debido proceso y de la separaci\u00f3n de poderes. No podr\u00edamos simplemente desconocer las garant\u00edas existentes. Pero s\u00ed podr\u00edamos discutir una nueva forma de responsabilidad institucional que permita examinar las decisiones presidenciales vinculadas con el incumplimiento injustificado de compromisos electorales, sin convertir ese examen en un proceso penal ni en un mecanismo de destituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo estar\u00eda integrada esta sala? Propongo siete magistrados propietarios, uno elegido por cada provincia de Costa Rica, mediante voto popular. Cada magistrado ocupar\u00eda el cargo durante cuatro a\u00f1os y tendr\u00eda derecho a ser reelecto una sola vez, para un m\u00e1ximo de ocho a\u00f1os en el puesto. De esta manera, todas nuestras provincias participar\u00edan directamente en la conformaci\u00f3n de una instancia nacional encargada de examinar la responsabilidad de quienes ejercen la Presidencia. Estos magistrados no representar\u00edan los intereses particulares de la provincia que los eligi\u00f3, sino que tendr\u00edan la responsabilidad de actuar con independencia, en beneficio de toda la Rep\u00fablica y conforme al ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, me gustar\u00eda que esta sala tuviera una composici\u00f3n multidisciplinaria. No todos sus integrantes tendr\u00edan que provenir de una misma profesi\u00f3n. Podr\u00edamos contar con especialistas en derecho, administraci\u00f3n p\u00fablica, econom\u00eda, pol\u00edticas p\u00fablicas y otras disciplinas relacionadas con el funcionamiento del Estado. Exigir\u00eda la presencia de al menos dos profesionales en derecho y establecer\u00eda requisitos rigurosos de experiencia, independencia, capacidad t\u00e9cnica y probidad. Esto tambi\u00e9n implicar\u00eda modificar las normas constitucionales que actualmente exigen que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean abogados. La intenci\u00f3n ser\u00eda que las decisiones de la Sala Quinta no se fundamenten \u00fanicamente en interpretaciones legales, sino que tambi\u00e9n comprendan la realidad econ\u00f3mica, administrativa y social que rodea las decisiones presidenciales, siempre dentro de un procedimiento que garantice la debida fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

S\u00e9 que la elecci\u00f3n popular de magistrados tambi\u00e9n puede generar cuestionamientos. Alguien podr\u00eda preguntarse si no terminar\u00edamos convirtiendo a los jueces en candidatos pol\u00edticos y si sus campa\u00f1as electorales no comprometer\u00edan su independencia. Es una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima que tendr\u00eda que resolverse mediante reglas estrictas de financiamiento, transparencia, incompatibilidades partidarias y selecci\u00f3n de candidaturas t\u00e9cnicamente calificadas. La intenci\u00f3n no ser\u00eda crear una sala que obedezca al gobierno ni a sus adversarios, ni mucho menos trasladar los conflictos partidarios al Poder Judicial. Su independencia tendr\u00eda que ser una condici\u00f3n fundamental, porque una sala encargada de examinar las promesas presidenciales perder\u00eda toda credibilidad si sus integrantes actuaran motivados por intereses pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, \u00bfc\u00f3mo funcionar\u00eda esta sala? Cuando un ciudadano presente un recurso de promesa y los magistrados determinen que existen razones suficientes para examinarlo, solicitar\u00e1n al presidente de la Rep\u00fablica que rinda cuentas sobre el compromiso cuestionado. El mandatario tendr\u00e1 la oportunidad de presentar sus argumentos, explicar las circunstancias que motivaron su decisi\u00f3n y aportar las pruebas que considere necesarias. La Sala Quinta examinar\u00e1 tanto la promesa original como las actuaciones posteriores del gobierno, procurando establecer si existe realmente un incumplimiento, si este se encuentra justificado y si corresponde adoptar alguna medida. No se tratar\u00eda de obligar al presidente a comparecer por cada opini\u00f3n que expres\u00f3 durante una campa\u00f1a, sino de exigirle explicaciones cuando existan compromisos espec\u00edficos y verificables que aparentemente hayan sido abandonados o contradichos.<\/p>\n\n\n\n

Si despu\u00e9s de estudiar el caso la Sala Quinta concluye que existe un incumplimiento injustificado, emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n inicial. Sin embargo, el presidente tendr\u00eda derecho a presentar una apelaci\u00f3n ante la propia sala, justificando por qu\u00e9 tom\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o por qu\u00e9 considera necesario mantenerla. Podr\u00eda explicar, por ejemplo, que las condiciones econ\u00f3micas cambiaron, que surgieron circunstancias internacionales inesperadas, que encontr\u00f3 impedimentos legales o que descubri\u00f3 informaci\u00f3n que no estaba disponible durante la campa\u00f1a. Esta apelaci\u00f3n no ser\u00eda una simple formalidad, sino una oportunidad real para demostrar que el cambio de posici\u00f3n responde a razones leg\u00edtimas y no a un abandono injustificado de la palabra empe\u00f1ada.<\/p>\n\n\n\n

Recibida la apelaci\u00f3n, la Sala Quinta volver\u00eda a sesionar, examinar\u00eda los nuevos argumentos y emitir\u00eda una resoluci\u00f3n definitiva. Si los magistrados consideran que las explicaciones del presidente son suficientemente s\u00f3lidas y justifican su actuaci\u00f3n, aceptar\u00e1n la apelaci\u00f3n y el asunto continuar\u00e1 normalmente, sin imponer medidas correctivas. Pero si determinan que las razones presentadas no justifican suficientemente el incumplimiento de la promesa, la Sala Quinta podr\u00e1 exigir una medida correctiva a la decisi\u00f3n presidencial, orientada a rectificar aquello que se haya hecho en contradicci\u00f3n injustificada con el compromiso asumido. Esa medida tendr\u00eda que ser proporcional, jur\u00eddicamente posible y respetuosa de las atribuciones constitucionales de los dem\u00e1s poderes del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Este punto merece especial atenci\u00f3n. La Sala Quinta no tendr\u00eda facultades para destituir al presidente de la Rep\u00fablica. No podr\u00eda quitarle el cargo que recibi\u00f3 mediante el voto popular ni sustituirlo en la conducci\u00f3n del gobierno. Su funci\u00f3n ser\u00eda exigir explicaciones, valorar las justificaciones y, cuando corresponda, ordenar medidas correctivas dentro de los l\u00edmites establecidos por la Constituci\u00f3n. No ser\u00eda una sala para gobernar en lugar del presidente, sino para recordarle que las promesas utilizadas para obtener el cargo tambi\u00e9n forman parte de la responsabilidad que asumi\u00f3 ante los ciudadanos. La medida correctiva tampoco podr\u00eda obligarlo a violar la ley, disponer de recursos inexistentes, desconocer las competencias de la Asamblea Legislativa ni garantizar resultados que no dependan de su voluntad o de sus facultades.<\/p>\n\n\n\n

Hay otra distinci\u00f3n que considero fundamental. Un plan de gobierno no puede convertirse en una camisa de fuerza que impida reaccionar ante una emergencia, una crisis internacional, una pandemia o un cambio extraordinario en las condiciones econ\u00f3micas. Gobernar tambi\u00e9n exige flexibilidad, capacidad de adaptaci\u00f3n y, en ocasiones, valent\u00eda para reconocer que una propuesta inicial no era viable. Pero esa flexibilidad no deber\u00eda significar que un mandatario pueda prometer una cosa durante la campa\u00f1a, actuar deliberadamente en sentido contrario despu\u00e9s de recibir el poder y considerar que no tiene ninguna obligaci\u00f3n de explic\u00e1rselo a quienes confiaron en su palabra. Cambiar de criterio puede ser perfectamente leg\u00edtimo. Lo que propongo es que, cuando ese cambio contradiga un compromiso electoral concreto, exista una instancia ante la cual deba justificarse.<\/p>\n\n\n\n

Quiz\u00e1s alguien me diga que ya existen mecanismos de control pol\u00edtico, que tenemos diputados, medios de comunicaci\u00f3n, instituciones fiscalizadoras y elecciones cada cuatro a\u00f1os. Y tendr\u00e1 raz\u00f3n. Pero mi pregunta es otra: \u00bfson suficientes esos mecanismos para exigir responsabilidad espec\u00edficamente por aquello que una persona prometi\u00f3 para obtener la Presidencia? Podemos criticar, investigar, pedir explicaciones y expresar nuestro descontento. Sin embargo, el incumplimiento de una promesa electoral no constituye, por ese solo hecho, una falta jur\u00eddicamente sancionable. Precisamente esa diferencia entre la responsabilidad pol\u00edtica y la responsabilidad jur\u00eddica es la que quisiera poner sobre la mesa. Tal vez nuestra democracia podr\u00eda explorar un mecanismo adicional que permita exigir cuentas sin afectar indebidamente la independencia de los poderes ni la capacidad del gobierno para tomar decisiones.<\/p>\n\n\n\n

Me interesa adem\u00e1s que esta conversaci\u00f3n no se convierta en una discusi\u00f3n sobre un presidente en particular. No estoy pensando en crear una sala para perseguir a quien hoy gobierna o para favorecer a quien pueda gobernar ma\u00f1ana. Una instituci\u00f3n semejante, si alg\u00fan d\u00eda llegara a existir, deber\u00eda aplicarse por igual a cualquier mandatario, independientemente de su partido, ideolog\u00eda, popularidad o respaldo electoral. Las reglas tendr\u00edan que establecerse con anterioridad, nunca inventarse para castigar retroactivamente a una persona determinada. Una reforma de esta naturaleza solo tendr\u00eda sentido si se construye pensando en el futuro de nuestra democracia y no en las circunstancias pol\u00edticas de un momento espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

Lo que verdaderamente quisiera cambiar es nuestra relaci\u00f3n con las promesas pol\u00edticas. Durante mucho tiempo hemos permitido que las campa\u00f1as electorales funcionen como espacios donde se pueden ofrecer enormes transformaciones sin que necesariamente exista un mecanismo jur\u00eddico de rendici\u00f3n de cuentas sobre lo ofrecido. Y aunque muchas promesas responden a intenciones leg\u00edtimas, otras pueden haber sido formuladas sin suficiente sustento. Tal vez la existencia de una Sala Quinta obligar\u00eda a quienes aspiran a gobernarnos a medir mejor sus palabras, estudiar con mayor profundidad sus propuestas y distinguir claramente entre lo que desean hacer, lo que creen posible y aquello a lo que efectivamente se comprometen. Quiz\u00e1s tambi\u00e9n llevar\u00eda a los ciudadanos a prestar mayor atenci\u00f3n a los programas de gobierno y a conservar esos documentos como instrumentos de seguimiento y evaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por supuesto, no pretendo presentar esta idea como una propuesta legislativa terminada. Crear una sala semejante exigir\u00eda estudiar reformas constitucionales, definir competencias, armonizarlas con las de otros \u00f3rganos del Estado, establecer garant\u00edas procesales y resolver interrogantes que no son peque\u00f1as. Habr\u00eda que determinar, entre otras cosas, c\u00f3mo se ejecutar\u00eda una medida correctiva, qu\u00e9 ocurrir\u00eda ante un incumplimiento de una resoluci\u00f3n definitiva y c\u00f3mo evitar que los recursos de promesa se utilicen \u00fanicamente para obstaculizar el trabajo del gobierno. Incluso habr\u00eda que discutir si todos los asuntos aqu\u00ed imaginados deben ser conocidos por un \u00f3rgano judicial o si algunas responsabilidades corresponden necesariamente al \u00e1mbito pol\u00edtico. Pero precisamente para eso sirven las propuestas ciudadanas: para abrir conversaciones, explorar posibilidades y cuestionar aquello que hemos llegado a considerar inmodificable.<\/p>\n\n\n\n

Al final, mi planteamiento nace de una reflexi\u00f3n bastante sencilla. Si nosotros, los ciudadanos, somos quienes entregamos el trabajo de gobernar mediante nuestro voto, \u00bfpor qu\u00e9 no habr\u00edamos de contar con un mecanismo que permita exigir responsabilidad cuando se incumplen, sin justificaci\u00f3n, los compromisos concretos que fueron determinantes para obtenerlo? No estoy proponiendo que los presidentes sean infalibles ni que deban cumplir lo imposible. Estoy proponiendo algo mucho m\u00e1s elemental: que exista una forma institucional de preguntarles por qu\u00e9 no est\u00e1n haciendo aquello que ofrecieron y que, si sus razones no justifican el incumplimiento, puedan ser obligados a corregir una decisi\u00f3n dentro de los l\u00edmites de la ley.<\/p>\n\n\n\n

La palabra de un candidato no deber\u00eda perder todo su valor jur\u00eddico y pol\u00edtico el mismo d\u00eda en que gana las elecciones. Tal vez nunca lleguemos a tener una Sala Quinta. Tal vez descubramos que existe una manera m\u00e1s sencilla, efectiva y constitucionalmente adecuada de alcanzar ese prop\u00f3sito. Estoy abierto a que juristas, acad\u00e9micos y ciudadanos nos ayuden a encontrarla. Pero hay algo que s\u00ed quisiera dejar planteado: las promesas electorales no deber\u00edan ser consideradas \u00fanicamente instrumentos para conseguir votos, sino compromisos que merecen seguimiento, explicaciones y responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Porque cuando un ciudadano incumple determinadas obligaciones, existen mecanismos para exigirle cuentas. Cuando una empresa incumple un contrato, tambi\u00e9n. Cuando un funcionario viola la ley, puede enfrentar consecuencias. Y cuando alguien consigue la Presidencia de la Rep\u00fablica mediante promesas concretas que despu\u00e9s incumple injustificadamente, \u00bfqu\u00e9 mecanismo espec\u00edfico tenemos para exigirle responsabilidad por esas promesas y, cuando corresponda, pedirle que corrija sus decisiones?<\/p>\n\n\n\n

Quiz\u00e1s sea hora de empezar a imaginarlo.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de la Sala Cuarta, \u00bfpor qu\u00e9 no una Sala Quinta? La sala de las promesas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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