Si el Poder Ejecutivo es quien dirige el país, el Poder Legislativo es quien define las reglas del juego.
En Costa Rica, esta función la cumple la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputadas y diputados elegidos por el voto popular cada cuatro años.
Ellos representan la voz del pueblo en su diversidad política, ideológica y social.
El trabajo principal del Poder Legislativo es crear, modificar o derogar las leyes que rigen la vida nacional.
Pero su función no se limita a legislar. También tiene el deber de fiscalizar al Poder Ejecutivo, revisar sus decisiones y exigirle cuentas en nombre de la ciudadanía.
Por eso, cuando un ministro es llamado a comparecer ante la Asamblea, no se trata de un enfrentamiento político: es parte del equilibrio que sostiene nuestra democracia.
Los diputados debaten, analizan, negocian y aprueban leyes que luego deben ser aplicadas por el Ejecutivo.
Y aunque muchos costarricenses perciben el trabajo legislativo como lento o enredado, esa lentitud muchas veces es necesaria.
Las leyes no deben hacerse con prisa, sino con reflexión, porque cada palabra puede cambiar el rumbo del país.
En la Asamblea también se elige al Defensor o Defensora de los Habitantes, al Contralor y Subcontralor Generales de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a otros altos cargos públicos.
Esa responsabilidad demuestra el poder y la influencia que el Congreso tiene sobre la estructura institucional del país.
El Poder Legislativo, sin embargo, no puede imponer castigos ni gobernar directamente.
Su fuerza está en la palabra, en la deliberación, en la búsqueda de consensos.
Y su valor depende del compromiso de sus miembros con el bien común y no con los intereses personales o partidarios.
En tiempos de polarización, es importante recordar que el Parlamento no está hecho para pelear, sino para dialogar.
Allí conviven visiones distintas del país, y aunque a veces parezca un espacio de confrontación, su propósito final es el acuerdo.
Porque de nada sirve tener razón si el país se rompe en el proceso.
Una democracia madura necesita un Congreso fuerte, informado y ético.
Uno que escuche al pueblo sin convertirse en eco del populismo.
Uno que entienda que legislar no es complacer, sino pensar en el largo plazo, en las generaciones que todavía no votan, pero que heredarán las decisiones que hoy tomamos.