¿Por qué no deberíamos votar por el continuismo?
Costa Rica arrastra, desde hace muchos años, una historia compleja en materia de corrupción. Hemos tenido administraciones anteriores marcadas por escándalos grandes, medianos y pequeños. Algunos casos han sido ampliamente comentados, otros investigados, otros aún pendientes. A mí, en lo personal, muchos de esos casos no me constan de primera mano, pero forman parte del imaginario colectivo del país, repetidos a viva voz durante años en conversaciones, medios y redes.
Ahora bien, señalar la corrupción del pasado no es lo mismo que combatirla.
Si esos casos realmente existían, si eran tan graves como se dijo, lo esperable habría sido que este gobierno los llevara ante las autoridades competentes, que se abrieran investigaciones formales, que se presentaran pruebas y que, cuatro años después, al menos algunos responsables estuvieran enfrentando consecuencias reales. Eso no ocurrió. Señalarlos, gritarlos o repetirlos una y otra vez no los convierte en justicia ni en limpieza institucional. Solo confirma algo que ya sabíamos: que había sospechas, rumores y percepciones.
Decirlo no es hacerlo.
Del mismo modo, tampoco me consta personalmente que este gobierno haya incurrido en actos de corrupción. Pero sería intelectualmente deshonesto ignorar que existen numerosas denuncias públicas, comentarios reiterados y señalamientos constantes sobre posibles actos irregulares durante esta administración. Denuncias que circulan, que se repiten, que se acumulan y que, según la percepción pública, suman más que las escuchadas en muchos gobiernos anteriores juntos.
Repito algo importante: no me constan unas ni otras. Pero los números de denuncias, de cuestionamientos y de señalamientos están ahí, en el ambiente nacional, y no pueden simplemente descartarse cuando conviene ni amplificarse solo cuando sirven al discurso.
Aquí aparece el problema de fondo.
Un gobierno que realmente quiere combatir la corrupción no se limita a señalarla. Investiga. Documenta. Denuncia formalmente. Acompaña procesos. Respeta a las instituciones encargadas de juzgar. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, aunque sea estridente, no limpia.
Al final, nos quedamos en un punto muy peligroso: con un país convencido de que “todos son corruptos”, pero sin responsables claros, sin sentencias, sin cierres de procesos. Un país más cínico, más desconfiado y menos dispuesto a creer en cualquier forma de autoridad.
Eso no fortalece la democracia. Eso no sanea las instituciones. Eso solo deja el terreno listo para que cualquier cosa parezca válida.
Y cuando la corrupción se usa más como discurso que como problema real a resolver, el resultado no es justicia. Es desgaste. Es confusión. Y es una ciudadanía cada vez más desorientada.
