Según informa el periódico La Nación, el gobierno de Costa Rica firmó este jueves 5 de marzo una declaración conjunta con Estados Unidos y otros quince países del continente americano en la que se suscribe el principio de “paz a través de la fuerza” para el hemisferio occidental. Por Costa Rica firmó el ministro de Seguridad Mario Zamora, quien asistió a la Conferencia de las Américas contra los cárteles celebrada en Doral, Florida, un encuentro liderado por autoridades del gobierno estadounidense.
Más allá del contexto de lucha contra el crimen organizado, la frase misma que aparece en esa declaración —“paz a través de la fuerza”— debería encender todas las alarmas en un país como Costa Rica. No se trata simplemente de un tecnicismo diplomático ni de un lenguaje estratégico propio de las relaciones internacionales. Se trata de un concepto profundamente ajeno a la tradición histórica y moral de una nación que durante décadas se ha presentado ante el mundo como un ejemplo de resolución pacífica de conflictos.
Costa Rica no es un país cualquiera en este tema. Desde la abolición del ejército en 1948, nuestra identidad internacional ha estado profundamente ligada a la idea de que la paz no se impone con fuerza militar, sino que se construye con instituciones, con diálogo, con derecho internacional y con un compromiso permanente con la diplomacia. Esa no es solo una decisión política del pasado: es parte de la forma en que este país se ha entendido a sí mismo durante generaciones.
Por eso resulta tan preocupante que desde el Poder Ejecutivo se estén tomando decisiones o respaldando declaraciones que parecen caminar en dirección contraria a ese legado. Hablar de “paz a través de la fuerza” no es una frase inocente. Es una idea que nace en tradiciones geopolíticas muy distintas a la nuestra, en contextos donde la proyección de poder militar es vista como una herramienta natural de la política exterior. Costa Rica, precisamente, ha sido durante décadas una excepción a esa lógica.
Quienes defienden este tipo de acuerdos probablemente argumentarán que el país debe cooperar con otras naciones para enfrentar amenazas reales como el narcotráfico y el crimen organizado. Nadie niega que esos desafíos existen. Nadie niega que los cárteles representan una amenaza seria para la estabilidad regional. Pero reconocer un problema no obliga a renunciar a los principios que han definido la identidad internacional de Costa Rica.
La pregunta que muchos costarricenses se hacen es sencilla: ¿hasta dónde estamos dispuestos a mover los límites de nuestra tradición pacifista en nombre de alianzas estratégicas o presiones geopolíticas? Porque una cosa es colaborar en la lucha contra el crimen, y otra muy distinta es empezar a adoptar el lenguaje y la lógica de una doctrina que se basa en la fuerza como mecanismo para garantizar la paz.
Para un país que durante décadas ha sido reconocido por su compromiso con la paz, este tipo de declaraciones no pasan desapercibidas. Más bien generan una sensación de ruptura, como si poco a poco se estuviera erosionando algo que forma parte del orgullo nacional.
Costa Rica no necesita redefinir su identidad internacional para enfrentar los desafíos actuales. Precisamente lo que la ha hecho respetada en el mundo ha sido su capacidad de mantenerse firme en sus principios incluso cuando otros países elegían caminos distintos.
Por eso, más allá de la coyuntura inmediata, lo que está en juego aquí es algo más profundo: la coherencia histórica de un país que siempre ha defendido que la paz no se impone… se construye.
Y cuando un país empieza a firmar declaraciones que sugieren lo contrario, la reflexión no es opcional. Es una obligación nacional.