Hemos visto, en muchos —no en todos— los diputados, comportamientos que han generado rechazo, cansancio, incluso una sensación de hartazgo difícil de disimular. No es un juicio ligero, es una percepción que se ha ido construyendo con el tiempo, a partir de formas, tonos y decisiones que, más allá del contenido político, han dejado ver algo más profundo: la manera en que se está ejerciendo el espacio público. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿será este el momento en el que quienes asumen el nuevo gobierno miren con cuidado ese historial al momento de elegir a sus colaboradores?
Porque elegir no es solo llenar puestos. Elegir también es enviar un mensaje. Y ese mensaje no se queda en la persona nombrada, se extiende a toda la institucionalidad. Define el tono, marca el estándar, establece qué se considera aceptable dentro de la función pública. Por eso, cuando empiezan a circular nombres, cuando se anticipan posibles designaciones, no se trata únicamente de afinidad política o de conveniencia estratégica. Se trata de coherencia. De criterio. De la capacidad de distinguir entre lo que suma y lo que, aunque pueda servir en lo inmediato, termina restando en lo esencial.
Se ha dicho —y esto forma parte del comentario público— que algunas de las figuras más cuestionadas podrían perfilarse hacia posiciones relevantes dentro del Ejecutivo. No sabemos con certeza cómo se concretarán esas decisiones. Pero la sola posibilidad abre una inquietud legítima: si aquello que incomodó durante estos años se traslada a nuevos espacios de poder, ¿cambia realmente algo… o solo cambia de lugar?
Porque hay algo que sí debería ser claro, sin necesidad de nombres. No es sano, no es coherente y no es aceptable que una persona que ha insultado a una mujer en una sesión del plenario, o alguien que haya estado vinculado a comportamientos de acoso dentro de la Asamblea Legislativa, o incluso quien haya participado en maniobras para romper el quórum en votaciones tan sensibles como las relacionadas con el acoso sexual, sea considerado para ocupar un puesto público de mayor responsabilidad, y menos aún uno que se presente como de “honor”, cuando precisamente ese valor es el que ha quedado en duda. No por castigo, no por revancha, sino por algo más básico: el estándar que como país decimos querer sostener.
No es una invitación a descalificar personas. Es una invitación a mirar el proceso. A entender que, en momentos como este, la vara con la que se mide no debería bajar, sino subir. Que si como sociedad hemos señalado ciertos comportamientos, también esperemos que, al momento de elegir, se tome en cuenta no solo la capacidad técnica, sino la forma de estar, el respeto, la manera de relacionarse con lo público.
Porque al final, el riesgo no es solo repetir estilos. Es normalizarlos. Y cuando eso ocurre, lo que se ve en las instituciones termina reflejándose en la sociedad. No como causa única, pero sí como señal. Como referencia. Como ejemplo, para bien o para mal.
Tal vez por eso este momento pide algo distinto. No más ruido. Más claridad. Más cuidado al decidir. Porque el país no se transforma únicamente con discursos o promesas. También se construye con cada nombramiento, con cada elección, con cada gesto que define qué tipo de liderazgo queremos sostener.
Respirá un momento. Y recordá que, al final, cada decisión pública también cuenta una historia… sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir.