Según una noticia publicada por CR Hoy, Laura Fernández planteó la posibilidad de sostener reuniones privadas con diputados para discutir un eventual levantamiento de garantías constitucionales en ciertas zonas del país, como medida extraordinaria ante el crecimiento del crimen organizado. Y quiero comentar esto desde dos lugares distintos, porque creo que el tema es demasiado delicado como para responderlo únicamente desde la emoción o desde el impulso político del momento.
A título personal, yo sí creo que podrían existir escenarios extremos en los que un país se vea obligado a discutir medidas excepcionales. Negarlo de manera absoluta también sería irresponsable. Hay situaciones límite en las que los Estados toman decisiones difíciles para intentar recuperar el control. Pero antes de siquiera acercarnos a algo tan delicado, la ciudadanía necesita sentir que el Estado agotó todas las herramientas ordinarias posibles. Porque si una persona tiene una infección, primero intentas con medicamentos, tratamiento y cuidados. No le amputas la pierna de entrada. La amputación puede existir como último recurso en una emergencia extrema… pero antes de llegar ahí, cualquiera esperaría ver que se hizo todo lo posible por salvarla.
Y lo mismo pasa con la seguridad del país. Cuando una casa empieza a llenarse de humo, primero buscas apagar el incendio. No encierras a toda la familia en un cuarto quitándoles libertad de movimiento mientras las llamas siguen creciendo. Costa Rica necesita ver patrullaje efectivo, presencia policial sostenida, inteligencia preventiva, control territorial, fortalecimiento de la investigación criminal y resultados visibles antes de empezar siquiera a normalizar conversaciones sobre suspensión de garantías individuales. Porque una medida extrema no puede convertirse en el primer reflejo de un Estado que todavía no demuestra haber agotado plenamente las herramientas democráticas y ordinarias que ya posee.
Además, hay algo más que me parece importantísimo recordar. Durante la campaña electoral, prácticamente todos nos quejábamos de la situación de inseguridad del país. Y muchos votantes del oficialismo, con razón, insistían constantemente en la necesidad de revisar el funcionamiento del Poder Judicial, las leyes, los procesos y la facilidad con que algunos criminales detenidos terminaban nuevamente en las calles. Esa conversación existió, fue constante y fue parte importante del sentimiento ciudadano que se respiraba en el país.
Entonces aparece una pregunta inevitable. Si mañana se suspendieran garantías individuales, y suponiendo incluso que la medida fuera efectiva, tendríamos muchísimas más detenciones. Pero esas personas entrarían exactamente al mismo sistema judicial que hoy la propia ciudadanía critica por su poca efectividad. Entonces, dicho de manera simple: ¿vamos a quitarle garantías individuales a millones de costarricenses inocentes para detener personas que probablemente terminarán pasando por el mismo sistema y regresando nuevamente a las calles?
Porque si el problema de fondo sigue intacto, entonces el resultado podría terminar siendo prácticamente nulo. Detenciones masivas, ciudadanía con menos libertades… y un sistema judicial todavía colapsado o insuficiente para resolver el problema real. Entonces, ¿no sería más lógico y más responsable atender primero el problema del Poder Judicial de la mano con una estrategia de seguridad verdaderamente efectiva y visible para la ciudadanía? ¿No tendría más sentido fortalecer el sistema, corregir sus fallas y demostrar resultados reales antes de pensar en quitarle garantías individuales a toda la población inocente para perseguir a algunos criminales que eventualmente podrían terminar siendo liberados otra vez?
Y ahora sí, desde Apacigua, condenamos esta posibilidad en las condiciones actuales del país, por considerarla una medida extrema y porque atenta, indiscutiblemente, contra principios profundamente sensibles para la sociedad costarricense. Las garantías constitucionales no son un detalle técnico. Son parte del corazón democrático del país. Son precisamente lo que protege a la ciudadanía cuando el miedo, la tensión o la desesperación comienzan a justificar decisiones peligrosas.
Tal vez Costa Rica necesita primero una estrategia integral: mejor seguridad, mejor prevención, mejor inteligencia policial y también una discusión seria sobre el funcionamiento del sistema judicial. Pero no quitarle derechos fundamentales a toda la población como respuesta inicial a un problema que todavía no parece haberse combatido con todas las herramientas ordinarias posibles.
Y hay algo más que me preocupa profundamente. Las libertades rara vez se pierden de golpe. Normalmente empiezan a cederse poco a poco, casi siempre en nombre del miedo, de la urgencia o de la promesa de protección. Y una sociedad asustada puede terminar entregando derechos que después cuesta muchísimo recuperar.
Por eso, antes de tomar decisiones extremas, tal vez lo más importante sea no perder la calma, no perder la capacidad de pensar y no perder la conciencia de lo que significa vivir en democracia. Porque hay cosas que, una vez debilitadas, tardan décadas en volver a levantarse.