Cuando la coherencia deja de importar
Hay algo que me llama profundamente la atención de ciertos discursos políticos. No necesariamente porque sean incorrectos, sino porque parecen olvidar convenientemente lo que ocurrió apenas unos meses antes. En estos días he visto circular críticas muy duras contra la lista de candidatos a magistrados suplentes presentada por el Poder Judicial. Los cuestionamientos apuntan a la necesidad de revisar los nombres, de analizar credenciales, de garantizar calidad académica y de asegurar que las personas seleccionadas tengan la preparación adecuada para ejercer una función tan delicada dentro de la institucionalidad costarricense. Hasta ahí, honestamente, no tengo ningún problema. Me parece sano que se revise. Me parece sano que se cuestione. Me parece sano que se exija excelencia. Después de todo, estamos hablando de la Sala Constitucional, una de las instancias más importantes del país.
Lo curioso aparece cuando uno observa quiénes están levantando la voz. Porque estamos hablando del mismo movimiento político que llevó a la Asamblea Legislativa personas que durante la campaña fueron cuestionadas precisamente por su preparación para ejercer funciones legislativas. Estamos hablando del mismo movimiento que impulsó candidaturas cuya principal fortaleza era su popularidad, presencia mediática o influencia en determinados sectores, más que una trayectoria académica o técnica relacionada con la función que iban a desempeñar. Estamos hablando también de un gobierno cuyos nombramientos han generado cuestionamientos importantes durante los últimos años. Ministros, jerarcas y funcionarios cuya permanencia en ciertos cargos ha sido objeto de debate público constante. Algunos de ellos enfrentando situaciones que han hecho que la protección institucional y los privilegios asociados al cargo adquieran una relevancia particularmente conveniente. Y ahora observamos también la recomendación de personas para cargos internacionales de alto nivel cuya experiencia específica para las funciones propuestas ha sido ampliamente discutida en la opinión pública.
Y aquí aparece una imagen que resulta difícil ignorar. Un reconocido influencer costarricense es llevado hasta la Asamblea Legislativa y, aparentemente, eso está bien. De hecho, yo mismo creo que en democracia todas las personas deberían tener oportunidades de participar en política. La representación popular no puede convertirse en un club exclusivo para académicos o tecnócratas. Sin embargo, una vez sentado en una curul, ese mismo diputado adquiere exactamente el mismo poder de voto que cualquier otro legislador. Ya no está opinando únicamente sobre temas cotidianos o participando en una red social. Está votando sobre el destino energético del país. Está votando sobre tratados, presupuestos, impuestos y políticas públicas que afectan a millones de personas. Y ahora también está votando para rechazar o descalificar una lista de dieciocho nombres propuesta por el Poder Judicial para ocupar puestos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Ahí es donde la situación se vuelve, por lo menos, curiosa. Porque de pronto personas cuya principal credencial para llegar a la Asamblea fue su popularidad pública terminan evaluando y cuestionando trayectorias jurídicas construidas durante décadas. No porque no tengan derecho a hacerlo; legalmente lo tienen. Pero la escena invita inevitablemente a una reflexión sobre la coherencia de los criterios que estamos utilizando. A veces pareciera que las palomas le están disparando a las escopetas. Y más allá de la frase coloquial, lo que realmente preocupa es la inversión de los estándares. Porque quienes durante años defendieron que la preparación académica no era indispensable para ocupar ciertos cargos políticos, ahora parecen exigir niveles extraordinarios de especialización cuando los nombres propuestos provienen de otros poderes de la República.
Por eso resulta difícil no percibir cierta contradicción. Porque cuando la exigencia aparece únicamente para los nombramientos de los demás, pero desaparece cuando se trata de los propios, ya no estamos hablando de estándares. Estamos hablando de conveniencia. Y la diferencia es enorme. Un estándar se aplica siempre. Una conveniencia se aplica solamente cuando beneficia a quien la utiliza. Por supuesto que Costa Rica necesita funcionarios preparados. Por supuesto que Costa Rica necesita magistrados competentes. Por supuesto que Costa Rica necesita revisar cuidadosamente los nombres que ocuparán posiciones de poder. Pero entonces esa exigencia debería ser universal. Debería aplicarse para los magistrados, para los diputados, para los ministros, para los embajadores, para los representantes internacionales y para absolutamente todos. Porque la capacidad profesional no puede convertirse en una bandera que se levanta únicamente cuando el nombramiento viene del adversario político.
Y quizá eso es lo que más preocupa de todo esto. No la crítica. No la revisión. No el cuestionamiento. Lo preocupante es la inconsistencia. Porque una democracia sana necesita personas capaces de defender principios incluso cuando esos principios afectan a los propios. Lo fácil es exigir excelencia para los otros. Lo difícil es aplicar exactamente la misma vara de medición a quienes están de nuestro lado. Y cuando esa coherencia desaparece, las decisiones dejan de parecer institucionales y empiezan a parecer simplemente partidarias. Pero claro, cuando son “los nuestros” quienes toman las decisiones, quienes reciben los nombramientos o quienes ocupan los puestos, siempre resulta más fácil encontrar explicaciones, justificaciones y excepciones. Y precisamente por eso la coherencia sigue siendo una de las virtudes más escasas de la política moderna.