He leído con atención una propuesta que plantea establecer un servicio policial obligatorio para todos los jóvenes entre los dieciocho y los veinte años. La idea se presenta como una forma de combatir la delincuencia, inculcar disciplina, transmitir valores y ofrecer oportunidades a quienes hoy se encuentran perdidos o en riesgo de caer en el crimen organizado. A primera vista puede parecer razonable. De hecho, entiendo perfectamente por qué algunas personas la consideran atractiva. Cuando una sociedad enfrenta problemas de inseguridad, violencia, pérdida de oportunidades o deterioro social, es natural que aparezcan propuestas que prometan corregir esos problemas mediante estructuras más fuertes, más control y más intervención estatal. Sin embargo, precisamente porque la propuesta parece bien intencionada es que considero necesario analizarla con mucho cuidado.
No estoy de acuerdo. No porque me oponga a la disciplina. No porque me oponga a los valores. No porque me oponga al servicio público. Tampoco porque tenga algo en contra de la Fuerza Pública o de quienes dedican su vida a proteger a los demás. Mi desacuerdo nace de algo mucho más profundo: la libertad individual. Hay una diferencia enorme entre ofrecer oportunidades y obligar a las personas a tomarlas. Hay una diferencia enorme entre abrir puertas y empujar a alguien a través de ellas. Y cuando hablamos de obligar a todos los jóvenes de una generación a dedicar años de su vida a una institución estatal, la discusión deja de ser sobre seguridad o educación y pasa a ser una discusión sobre los límites que debe tener el poder del Estado sobre la vida de los ciudadanos.
Costa Rica tomó una decisión histórica cuando abolió el ejército. Aquella decisión no consistió únicamente en cerrar cuarteles o eliminar estructuras militares. Representó una forma distinta de entender la relación entre el ciudadano y el poder. Significó apostar por la educación antes que por la militarización. Significó confiar más en las aulas que en los uniformes. Significó comprender que la fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de personas que puede movilizar bajo una cadena de mando, sino por la cantidad de ciudadanos libres capaces de pensar, decidir y actuar responsablemente por sí mismos. Por eso me preocupa cualquier propuesta que se acerque a la idea de que el gobierno puede decidir qué deben hacer los jóvenes durante una parte importante de sus vidas simplemente porque alcanzaron determinada edad.
Además, encuentro una contradicción difícil de ignorar. Escucho constantemente discursos sobre la necesidad de formar mejores ciudadanos, recuperar valores, fortalecer la responsabilidad individual y rescatar a la juventud. Sin embargo, al mismo tiempo vemos escuelas que necesitan más recursos, sistemas educativos con enormes desafíos, estudiantes que abandonan las aulas por razones económicas y ataques constantes contra las universidades públicas. Si realmente creemos que el problema es la formación de los jóvenes, entonces la solución lógica debería ser fortalecer la educación, no debilitarla. Deberíamos estar discutiendo cómo enseñar más civismo, más filosofía, más historia, más pensamiento crítico, más resolución pacífica de conflictos, más liderazgo, más participación ciudadana y más herramientas para la vida. Deberíamos estar invirtiendo en colegios, universidades, bibliotecas, programas culturales, deporte y formación técnica. Resulta difícil sostener que la respuesta está en obligar a los jóvenes a servir en una estructura policial mientras se cuestionan o debilitan precisamente las instituciones educativas que históricamente han sido las encargadas de formar ciudadanos.
También me preocupa la idea de que la disciplina y los valores deban aprenderse necesariamente dentro de una estructura policial. Los valores no nacen de una cadena de mando. No nacen de la obediencia. No nacen de portar un uniforme. Los valores nacen de la reflexión, del ejemplo, de la convivencia, de la educación y de la conciencia individual. Un país no se vuelve mejor porque logra que todos sus jóvenes aprendan a obedecer órdenes. Un país se vuelve mejor cuando logra que sus ciudadanos aprendan a pensar, a cuestionar, a respetar a los demás, a asumir responsabilidades y a actuar correctamente incluso cuando nadie los está vigilando.
Si necesitamos más policías, contratemos más policías. Si necesitamos fortalecer la seguridad, fortalezcamos la seguridad. Si necesitamos combatir el crimen organizado, combatamos el crimen organizado con inteligencia, recursos y políticas públicas eficaces. Pero no confundamos esos objetivos con la idea de entregar al Estado un nivel de control cada vez mayor sobre la vida de las personas. Porque las libertades rara vez desaparecen de golpe. Generalmente se reducen poco a poco, siempre acompañadas de buenas intenciones, siempre justificadas por objetivos aparentemente nobles y siempre respaldadas por quienes creen que el fin justifica los medios.
Una sociedad libre no se construye obligando a sus jóvenes a servir al Estado. Se construye formando ciudadanos capaces de decidir libremente cómo quieren servir a su país. Y si algún día olvidamos esa diferencia, habremos comenzado a alejarnos precisamente de aquello que hizo de Costa Rica una nación distinta.