Hay noticias que deberían preocuparnos independientemente de cuál sea nuestra simpatía política. Esta es una de ellas.
Según informa CRHoy, la causa penal relacionada con el supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2022 no puede avanzar porque falta nombrar una magistratura suplente que sustituya a un magistrado que se inhibió de participar en el caso. Y, según la misma información, el bloqueo para realizar ese nombramiento proviene precisamente de los diputados oficialistas.
Lo primero que quiero aclarar es algo fundamental. Rodrigo Chaves es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona un Estado de derecho y así debe funcionar para cualquier persona. No corresponde a los ciudadanos condenar a nadie antes de que exista una resolución judicial firme. Tampoco corresponde convertir una investigación en una sentencia anticipada.
Pero precisamente por eso surge una pregunta que me parece inevitable.
Si una persona es inocente, ¿no debería ser la primera interesada en que la investigación avance?
Porque una investigación detenida no limpia el nombre de nadie. Una causa congelada no demuestra inocencia. Un expediente paralizado simplemente deja las dudas suspendidas en el tiempo. Y cuando las dudas permanecen sin resolverse, la confianza pública también se deteriora.
Lo que resulta extraño no es que exista una investigación. En democracia existen investigaciones contra alcaldes, diputados, magistrados, ministros, expresidentes y ciudadanos comunes. Lo extraño es que los mecanismos institucionales que deben permitir que el caso avance parezcan encontrarse bloqueados por quienes tienen un interés político directo en el resultado.
Si el expediente carece de fundamento, que avance y quede demostrado. Si las acusaciones son incorrectas, que los tribunales lo establezcan. Si no existen elementos suficientes, que la investigación concluya como corresponde. Pero impedir o retrasar los procedimientos necesarios para que las instituciones hagan su trabajo nunca fortalece la confianza ciudadana.
La justicia puede absolver. La justicia puede condenar. Lo que no debería hacer es quedarse inmovilizada por razones políticas.
Al final, la pregunta no es si alguien es culpable o inocente. Esa respuesta le corresponde a los tribunales. La pregunta es mucho más simple: ¿queremos que las instituciones funcionen o queremos que funcionen solamente cuando nos conviene?
Porque cuando empezamos a escoger qué procesos deben avanzar y cuáles deben quedarse detenidos, dejamos de defender la justicia y comenzamos a defender intereses.
Y las democracias saludables se construyen sobre instituciones que investigan, juzgan y resuelven. No sobre expedientes que permanecen esperando indefinidamente.