Cuando hablamos de gasto público, algunas cifras son tan grandes que dejan de significar algo para la mayoría de nosotros. Escuchamos miles de millones de colones y, como no podemos imaginar esa cantidad, continuamos con nuestra vida.
Pero ese dinero no aparece por arte de magia.
Sale de los impuestos que pagan las personas, las empresas, quienes compran alimentos, quienes llenan el tanque de combustible y quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias.
Una investigación publicada por Acontecer reveló que, entre enero de 2024 y junio de 2026, las instituciones públicas costarricenses adjudicaron más de ₡11.646 millones en publicidad y pauta estatal. El dinero salió de al menos 88 instituciones y llegó a medios de comunicación, agencias, productoras y personas particulares. (Acontecer.co.cr)
La publicidad estatal no es necesariamente un gasto inútil. El Estado necesita comunicar campañas de vacunación, seguridad vial, prevención de la violencia, educación, servicios públicos, elecciones y muchas otras informaciones importantes.
El problema no es que se comunique.
El problema aparece cuando no queda suficientemente claro por qué se escogió un medio, cuánto alcance produjo la campaña, si el precio fue razonable o qué beneficio concreto recibió la ciudadanía.
Según la investigación, cinco medios concentraron cerca de una tercera parte del gasto y más del 90 % del dinero fue adjudicado mediante contrataciones directas o procedimientos de excepción. Estas modalidades pueden ser legales y están contempladas para ciertos casos, pero que algo sea permitido no significa que deba quedar libre de preguntas, controles y explicaciones. (Acontecer.co.cr)
No se trata de acusar automáticamente a los medios que recibieron publicidad. Un medio vende espacios y una institución puede contratarlos legítimamente. La responsabilidad principal está en quienes deciden cómo utilizar el dinero público.
Cada colón gastado debería responder preguntas sencillas: ¿para qué se utilizó?, ¿a quién se necesitaba alcanzar?, ¿por qué se eligió ese medio?, ¿cuántas personas recibieron el mensaje?, ¿qué resultado produjo?
Porque una campaña publicitaria no debería medirse solamente por la cantidad de anuncios publicados, sino por su utilidad para la población.
Costa Rica atraviesa dificultades en educación, seguridad, infraestructura, salud y atención social. Eso no significa que debamos eliminar toda la publicidad estatal, pero sí que cada gasto debe justificarse con seriedad.
Quienes administran recursos públicos deberían recordar algo elemental: no están gastando su dinero.
Están gastando el dinero de todos.
Y cuando el dinero es de todos, la transparencia no debería ser una cortesía ni una promesa. Debería ser una obligación.
El enfoque evita acusar a los medios y dirige la reflexión hacia la transparencia, la utilidad de las campañas y la responsabilidad institucional.