
Cuando imaginamos el deterioro de una nación, solemos pensar en acontecimientos extraordinarios. Imaginamos un golpe de Estado, una guerra, una gran crisis económica o un hecho tan evidente que nadie podría dejar de reconocerlo. Creemos que, si algún día la democracia estuviera realmente en peligro, todos lo notaríamos de inmediato y reaccionaríamos unidos para impedirlo. Sin embargo, la historia suele contar una historia muy distinta. Los países rara vez cambian de un día para otro. Casi siempre comienzan a transformarse lentamente, mediante pequeñas renuncias que parecen insignificantes cuando se observan por separado, pero que terminan modificando el carácter completo de una sociedad.
Las democracias no suelen desaparecer porque una mañana alguien anuncie que ya no existen. Empiezan a debilitarse cuando la verdad deja de importar demasiado, cuando el respeto por las instituciones comienza a verse como una ingenuidad, cuando las reglas solo parecen valer para unos y no para otros, cuando el insulto reemplaza al argumento y cuando la ciudadanía, cansada de tantas discusiones, empieza a convencerse de que ya nada tiene remedio. Ninguno de esos hechos, por sí solo, destruye un país. Lo peligroso es la suma de todos ellos. Es el acostumbramiento. Es aceptar hoy aquello que hace unos años nos habría parecido inaceptable.
La costumbre tiene un enorme poder sobre las personas. Somos capaces de adaptarnos a casi cualquier realidad. Nos acostumbramos al ruido, a las malas noticias, a la violencia verbal, a la corrupción, a la mentira y hasta a la falta de respeto. Lo que al principio provoca indignación termina convirtiéndose en parte del paisaje. Dejamos de sorprendernos y comenzamos a justificar. Poco después dejamos incluso de hablar del tema. No porque haya mejorado, sino porque nos acostumbramos a convivir con él. Y cuando una sociedad deja de indignarse por aquello que degrada su convivencia, empieza a perder una de sus defensas más importantes.
Eso no significa vivir permanentemente alarmados ni interpretar cada diferencia política como una amenaza para la democracia. Tampoco significa desconfiar de toda autoridad o asumir que cada decisión pública es el comienzo de una tragedia. Significa algo mucho más sencillo y mucho más exigente: conservar la capacidad de distinguir entre lo normal y lo que nunca debería llegar a ser normal. Defender esa frontera invisible que separa la firmeza del abuso, la crítica del odio, la autoridad del autoritarismo y la libertad de la irresponsabilidad.
Por eso me preocupa tanto el tono que estamos normalizando como sociedad. No solamente por lo que ocurre en la política, sino por lo que ocurre entre nosotros. Cada vez que celebramos la humillación, justificamos la mentira porque favorece a nuestro grupo, aceptamos el desprecio como una forma legítima de debatir o renunciamos a escuchar antes de condenar, estamos debilitando algo que tardó generaciones en construirse. Las instituciones son fundamentales, pero ninguna institución puede sostenerse indefinidamente si la cultura ciudadana deja de respaldar los valores que les dieron origen.
Costa Rica ha superado momentos difíciles porque, además de leyes y constituciones, durante mucho tiempo existió una cultura que valoraba el respeto, el diálogo, la prudencia y la convivencia. No fuimos un país perfecto, ni mucho menos, pero supimos conservar ciertas formas de relacionarnos que hicieron posible resolver enormes diferencias sin romper la paz social. Esa herencia no está garantizada para siempre. Como cualquier patrimonio valioso, también puede perderse si dejamos de cuidarla.
Quizá el mayor desafío de nuestra generación no consista únicamente en elegir buenos gobernantes, sino en no acostumbrarnos a aquello que empobrece el alma de la nación. Porque los países rara vez se pierden de un solo golpe. Con mucha más frecuencia se van desgastando poco a poco, mientras la mayoría piensa que todavía hay tiempo para reaccionar. Y precisamente por eso vale la pena cuidar hoy aquello que mañana podría ser demasiado tarde para recuperar.