Señora Cindy Murillo, diputada de la República de Costa Rica:
Me permito traer a comentario sus palabras del día de hoy, en las que se refirió a doña Abril Gordienko y a doña Claudia Dobles, ambas diputadas de la República electas constitucionalmente y por voluntad popular, y además, en el caso de doña Claudia, excandidata a la Presidencia y exprimera dama de la República, llamándolas “damas de compañía”. Eso, doña Cindy Murillo, me parece absolutamente inaceptable.
Si usted considera, desde el cargo de diputada de la República que hoy ocupa, que no merece el respeto que corresponde a esa investidura, ese será un asunto suyo y una valoración personal. Pero esa decisión no le concede el derecho de faltarle el respeto a otras mujeres que ocupan exactamente el mismo cargo que usted, que llegaron a la Asamblea Legislativa mediante el voto de los costarricenses y que, independientemente de sus posiciones políticas, sus ideas o sus diferencias con usted, merecen el respeto correspondiente a su condición de personas, mujeres y representantes populares.
Mi recomendación, me la permita usted o no, es que en adelante procure mantener un discurso aceptable, respetuoso y digno del cargo que ocupa. Usted no habla únicamente como Cindy Murillo cuando interviene desde una curul. Habla como diputada de la República, desde uno de los poderes de nuestro Estado, y eso implica una responsabilidad que debería estar por encima de las diferencias partidarias, las simpatías personales o las disputas políticas.
Cada vez, señora Murillo, que usted menosprecia a una persona que ocupa un cargo como el suyo, termina también menospreciando la investidura que usted misma ostenta. Si decide hacerlo consigo misma, será asunto suyo. Pero como costarricense, no acepto de ninguna manera que se utilice una curul de la Asamblea Legislativa para tratar de esa forma a nuestras representantes, sean del partido que sean, piensen como piensen y estén o no de acuerdo con usted.
La política puede ser dura. El debate puede ser fuerte. Las diferencias pueden ser profundas. Pero existe una enorme distancia entre debatir ideas y degradar personas. Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa capaz de discutir con firmeza sin perder el respeto, porque la dignidad del cargo no depende solamente de cómo exigimos que los demás nos traten, sino, principalmente, de cómo tratamos nosotros a los demás y, más que eso, de cómo nos tratamos a nosotros mismos mientras ejercemos el cargo que estamos utilizando.
Degradar a las personas ha sido una constante en la forma de hacer política de Rodrigo Chaves, y quienes reproducen esa conducta terminan comportándose no como funcionarios o dirigentes con criterio propio, sino como fieles seguidores de una estructura construida alrededor de una figura a la que se pretende colocar por encima de las instituciones. El problema se vuelve todavía más grave cuando ese liderazgo se endiosa hasta el punto de convertir al expresidente y ahora nuevamente presidente en ejercicio político del movimiento en una especie de autoridad incuestionable, mientras doña Laura Fernández queda reducida, en los hechos y en la percepción pública, a una presidenta figurativa de Costa Rica: una mandataria cuya autonomía política parece limitada a decidir con qué tono, con qué palabras y en qué escenario repetirá el discurso de su maestro, mentor, jefe y líder supremo.
Ese modelo necesita permanentemente enemigos. Necesita señalar, insultar, degradar, ridiculizar y humillar, porque la confrontación personal sustituye convenientemente la discusión de fondo. Cuando el debate público se convierte en una sucesión de ataques contra periodistas, adversarios políticos, funcionarios, instituciones, jueces, diputados, organizaciones sociales o cualquier persona que cuestione al poder, ya no se está discutiendo sobre políticas públicas: se está construyendo una narrativa en la cual todo aquel que discrepa debe ser presentado como enemigo, corrupto, incapaz o integrante de alguna conspiración.
Esa fórmula tiene además una enorme utilidad política: permite evitar la discusión sobre las carencias técnicas, administrativas y hasta cognitivas de quienes gobiernan. En lugar de explicar resultados, responder cuestionamientos, demostrar capacidad de gestión o asumir responsabilidades, se desplaza permanentemente la conversación hacia un adversario al que hay que atacar. El insulto se convierte así en cortina de humo; la humillación, en método de comunicación; y la degradación del contrario, en mecanismo para cohesionar a los seguidores.
Pero detrás de esa estrategia existe una cuestión todavía más seria: determinar cuál es realmente la función de quienes rodean al líder. Si su obligación constitucional es servir al Estado y defender el interés general, no pueden convertirse en instrumentos destinados a proteger los intereses personales o políticos de una sola figura. Mucho menos puede utilizarse el aparato institucional para prolongar su poder, protegerlo frente a responsabilidades personales, aplazar eventuales cuentas con la justicia o debilitar aquellas instituciones capaces de ejercer controles sobre él.
Ahí se encuentra el verdadero peligro. La democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. También puede erosionarse lentamente: primero se desacredita a las instituciones; después se desacredita a quienes las integran; posteriormente se convence a una parte de la población de que los controles constitucionales son obstáculos; y finalmente se presenta la concentración del poder como la única manera de “arreglar” el país. Cuando se llega a ese punto, la destrucción sistemática de la institucionalidad deja de parecer una anomalía y comienza a venderse como una virtud.
Costa Rica construyó su democracia precisamente sobre el principio contrario: ningún presidente es un líder supremo, ningún funcionario es súbdito de otro funcionario y ninguna victoria electoral convierte al vencedor en propietario del Estado. Quien ocupa la Presidencia administra temporalmente una parte del poder público sometido a la Constitución, a la ley, a la separación de poderes, a los órganos de control y, sobre todo, a la ciudadanía.
Por eso, normalizar el insulto, la degradación y la humillación como herramientas políticas no es un asunto meramente de malos modales. Es aceptar una concepción del poder en la que la lealtad personal sustituye a la institucionalidad, el adversario se transforma en enemigo y el funcionario deja de servir a la República para servir al líder. Y cuando una democracia comienza a confundir servidores públicos con súbditos y presidentes con líderes supremos, el problema ya no es únicamente quién gobierna: el problema es qué República quedará cuando termine de gobernar