Hemos comenzado a vivir una etapa de nuestra historia política, social y ciudadana en la que pareciera que necesitamos colocarle una etiqueta a cada costarricense. Hoy hablamos con enorme facilidad de los oficialistas y los de oposición, como si nuestro país estuviera dividido únicamente en esos dos grupos. Aunque estas diferencias siempre han existido, porque en una democracia no todos votamos por quien termina ocupando la Presidencia de la República, pocas veces habíamos visto una separación tan marcada, tan presente en nuestras conversaciones y, en ocasiones, tan cargada de enfrentamientos. Utilizamos esos términos para referirnos a los ciudadanos, a los diputados y hasta a personas que simplemente expresan una opinión sobre algún acontecimiento nacional.
Sin embargo, si nos detenemos un momento y observamos el panorama desde arriba, alejándonos de las discusiones cotidianas y de las simpatías políticas, podríamos descubrir algo interesante: de alguna manera, todos somos oposición. La diferencia está en aquello a lo que nos oponemos, en las razones que tenemos para hacerlo y, especialmente, en la manera en que construimos nuestros argumentos.
Por un lado, estamos quienes ejercemos oposición al Poder Ejecutivo. Cuestionamos decisiones del Gobierno, determinadas actuaciones de la Presidencia de la República, algunas políticas públicas y, particularmente, aquellas acciones que consideramos contrarias al respeto que merece nuestra institucionalidad democrática. No necesariamente estamos en contra de todo lo que hace el Gobierno, ni desconocemos que pueda tomar decisiones acertadas. Simplemente creemos que gobernar no significa recibir autorización para actuar sin cuestionamientos y que el respaldo electoral no convierte a ningún presidente en dueño del país.
Pero también existe otro grupo de oposición, uno del que hablamos mucho menos bajo ese nombre: quienes se oponen al Poder Judicial. Y aquí aparece una diferencia que considero fundamental. Mientras muchos de quienes cuestionamos al Ejecutivo lo hacemos desde nuestra preocupación por la separación de poderes y el Estado de derecho, una parte importante de quienes hoy atacan al Poder Judicial parece hacerlo siguiendo el discurso del propio Ejecutivo, repitiendo sus argumentos y adoptando sus enfrentamientos como si fueran propios.
Por supuesto, no pretendo afirmar que todas las personas que critican al Poder Judicial lo hagan ciegamente. Existen razones legítimas para cuestionar su funcionamiento, sus demoras, sus errores y determinadas resoluciones. Ninguna institución debería estar libre del escrutinio ciudadano. Pero una cosa es exigir que el Poder Judicial mejore y otra muy distinta es contribuir a debilitarlo porque sus decisiones no favorecen los intereses de quienes ejercen el poder político.
Y ahí encuentro otra diferencia importante. Quienes ejercemos una oposición consciente al Ejecutivo procuramos pensar, analizar, cuestionar y construir nuestras propias conclusiones. No necesitamos que un dirigente político nos indique qué debemos creer o a quién debemos rechazar. Podemos reconocer los aciertos del Gobierno y, al mismo tiempo, señalar sus errores. Podemos criticar al presidente sin odiarlo y defender la independencia judicial sin considerar que todos los jueces son perfectos. En cambio, observo con preocupación a quienes parecen haber renunciado a ese ejercicio personal y convierten cada declaración del Ejecutivo en una verdad que debe repetirse y defenderse.
Lo verdaderamente curioso es que esta misma división también está representada en la Asamblea Legislativa. Durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de los diputados oficialistas y los diputados de oposición, pero quizá deberíamos observarlos desde otra perspectiva. En nuestra Asamblea Legislativa también conviven dos formas de oposición: quienes ejercen control político sobre el Poder Ejecutivo y quienes, desde posiciones cercanas al oficialismo, cuestionan o confrontan al Poder Judicial. Y es precisamente ahí donde se hace más evidente quiénes desean preservar un Poder Judicial fuerte, independiente y capaz de actuar sin presiones, y quiénes respaldan actuaciones que, a mi juicio, podrían terminar debilitándolo.
No olvidemos que la separación de poderes existe precisamente para evitar que todo el poder del Estado termine concentrado en unas mismas manos. El Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace las leyes y ejerce control político, y el Judicial administra justicia. Ninguno está llamado a obedecer políticamente a los otros, y todos tienen límites establecidos por nuestra Constitución. Esa independencia no es un privilegio de los magistrados ni de los jueces; es una garantía para todos los ciudadanos, incluso para quienes hoy consideran que el Poder Judicial es su adversario.
Tribunal Supremo de Elecciones
Por eso me preocupa que hayamos convertido la palabra oposición en una especie de acusación. Ser de oposición no debería interpretarse como estar en contra de Costa Rica, ni mucho menos como desear que al Gobierno le vaya mal. Un ciudadano puede amar profundamente a su país y, precisamente por ese amor, cuestionar a quienes lo gobiernan. Puede reconocer la legitimidad de un presidente electo y, al mismo tiempo, rechazar algunas de sus decisiones. La democracia no nos exige obediencia incondicional, nos exige responsabilidad ciudadana.
También deberíamos comprender que defender al Poder Judicial no significa aprobar todas sus resoluciones, así como criticar al Ejecutivo no significa rechazar todas sus actuaciones. Los extremos nos han hecho creer que debemos escoger un bando y permanecer en él, incluso cuando nuestra propia conciencia nos indique que estamos equivocados. Y yo me resisto a aceptar que la ciudadanía tenga que funcionar de esa manera.
Yo soy de oposición. Lo digo sin vergüenza y sin necesidad de disculparme. Soy oposición a las actuaciones que considero equivocadas, al debilitamiento de nuestras instituciones, a los intentos de concentración del poder y a cualquier conducta que ponga en riesgo los principios democráticos que nos han permitido construir este país. Pero también sería oposición a esas mismas actuaciones si provinieran de un gobierno por el que yo hubiera votado.
Porque mi compromiso no es con un presidente, con un partido político ni con una determinada corriente ideológica. Mi compromiso es con Costa Rica, con su Constitución, con el Estado de derecho y con esa democracia que, aunque imperfecta, nos permite expresar nuestras diferencias sin tener que convertirnos en enemigos.
Tal vez ha llegado el momento de dejar de preguntarnos si somos oficialistas o de oposición y comenzar a preguntarnos algo mucho más importante: ¿a qué nos estamos oponiendo y por qué?
Porque no es lo mismo oponerse a una decisión de gobierno que oponerse a la independencia de una institución. No es lo mismo exigir una justicia mejor que pretender una justicia sometida. Y tampoco es lo mismo defender a un presidente que defender los principios democráticos que limitan su poder.
Yo soy de oposición, sí. Pero no soy oposición a mi país. Soy oposición a todo aquello que, desde mi criterio y mi conciencia, pueda hacerle daño.
Y si mañana gobierna alguien a quien admiro, pero comienza a actuar contra esos mismos principios, seguiré siendo de oposición. Porque antes que opositor, soy costarricense. Y antes que cualquier simpatía política, soy demócrata.