Hace algunos años, la inmensa mayoría de los costarricenses, aparentemente, confiábamos en nuestro Estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos, en nuestra institucionalidad, en la separación de poderes y, particularmente, en un Poder Judicial que considerábamos robusto, independiente y capaz de garantizar que la justicia se aplicara sin importar quién estuviera frente a ella. Sentíamos orgullo de vivir en un país en donde las diferencias se resolvían mediante las leyes y no mediante la voluntad de quienes ejercían el poder. Confiábamos en que, aunque las instituciones pudieran equivocarse, existían mecanismos para corregir esos errores y proteger los derechos de todos.
Hoy las cosas parecen haber cambiado. Una parte de la ciudadanía continúa confiando en nuestras instituciones, mientras otra expresa una profunda desconfianza hacia el Poder Judicial. Algunos consideran que los tribunales dejan en libertad a personas que deberían estar condenadas, que los procesos son demasiado lentos o que existen privilegios para determinadas figuras. Otros, por el contrario, defienden la independencia judicial y recuerdan que una persona no puede ser condenada simplemente porque la opinión pública así lo exija. Y entre ambas posiciones encontramos a muchos costarricenses que, sin haber perdido completamente la confianza, observan con preocupación lo que sucede y se preguntan si la justicia realmente está funcionando como debería.
Esta división no es nueva, pero pareciera haberse profundizado durante los últimos años. Hemos llegado al punto en que algunas personas consideran justa una decisión judicial cuando favorece a alguien de su simpatía, pero la cuestionan cuando beneficia a alguien que rechazan. Una detención puede ser celebrada como un triunfo de la justicia por unos y denunciada como una persecución por otros. Una liberación puede interpretarse como una demostración de independencia judicial o como una prueba de impunidad, dependiendo de quién sea la persona involucrada. Y así, poco a poco, corremos el riesgo de convertir nuestra confianza en la justicia en un asunto de conveniencia.
Sin embargo, los acontecimientos que estamos viviendo podrían colocarnos frente a un escenario muy interesante. Tenemos ante nosotros una oportunidad para que la justicia demuestre su independencia y para que los costarricenses aprendamos a respetar sus decisiones, incluso cuando no coincidan con nuestros deseos.
Las autoridades han detenido a personas que cuentan con el respaldo, la simpatía o la confianza de determinados sectores de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, otros sectores celebran esas detenciones porque consideran que representan un avance en la lucha contra la corrupción y otros posibles delitos. Mientras unos defienden a los detenidos, otros parecen haberlos condenado desde el momento mismo de sus capturas. Y aunque las investigaciones apenas estén avanzando, ya encontramos posiciones prácticamente irreconciliables sobre quiénes son culpables y quiénes inocentes.
Pero imaginemos por un momento lo que podría suceder cuando estos procesos lleguen a sus conclusiones.
Si algunas de las personas detenidas terminan en libertad, porque las autoridades consideran que no existen pruebas suficientes para condenarlas o porque así lo determina el procedimiento judicial correspondiente, quienes respetamos la institucionalidad tendremos que aceptar esas resoluciones, aunque personalmente hubiéramos sospechado otra cosa. Comprenderemos que los jueces tienen la obligación de resolver conforme a las pruebas y a las leyes, no conforme a nuestras preferencias. Y quienes defendían a esas personas posiblemente celebrarán el resultado, porque encontrarán en esa decisión una razón para sostener que su confianza en ellas estaba justificada. Aunque, por supuesto, habrá que distinguir entre una liberación durante el proceso y una absolución definitiva, porque no significan necesariamente lo mismo.
Ahora imaginemos el escenario contrario. Si las investigaciones permiten demostrar responsabilidades y los tribunales dictan sentencias condenatorias, quienes confiamos en el Poder Judicial encontraremos motivos para reconocer que nuestras instituciones están haciendo su trabajo. Y quienes defendían a los condenados tendrán que enfrentarse a una realidad que posiblemente no esperaban o no deseaban. Tal vez algunos se resistan a aceptar las resoluciones, pero deberían comprender que la justicia no puede funcionar únicamente cuando favorece a las personas que nos agradan.
Y si, además, las investigaciones conducen hacia otras figuras importantes, personas con poder económico, político o social, tendremos una nueva oportunidad para comprobar algo fundamental: que en una verdadera democracia nadie debería estar por encima de la ley. No importa si se trata de una persona conocida, admirada, influyente o cercana a quienes gobiernan. Tampoco importa si pertenece a un partido político que apoyamos o a uno que rechazamos. La responsabilidad penal debe determinarse individualmente, mediante pruebas y procedimientos legales, nunca por asociación, amistad o simpatía política.
Pero quiero detenerme en algo que considero todavía más importante.
La justicia no tiene la obligación de satisfacer a los ciudadanos. Tiene la obligación de actuar conforme a derecho. Y eso significa que, en algunas ocasiones, sus resoluciones nos producirán satisfacción, mientras que en otras podrían causarnos desconcierto, molestia e incluso indignación. Lo que no deberíamos hacer es cambiar nuestros principios cada vez que una sentencia no coincida con lo que esperábamos.
Porque sería muy sencillo defender la independencia judicial únicamente cuando se condena a alguien que rechazamos, así como sería muy cómodo exigir respeto al debido proceso solamente cuando el investigado es alguien de nuestra simpatía. La verdadera prueba de nuestra convicción democrática aparece precisamente cuando tenemos que aceptar que los derechos que reclamamos para nosotros también pertenecen a quienes piensan diferente, incluso a quienes nos desagradan profundamente.
Y aquí es donde encuentro una oportunidad que quizá no hemos considerado suficientemente.
Tal vez estos acontecimientos permitan que algunos costarricenses recuperen la confianza en nuestras instituciones. Tal vez quienes hoy desconfían del Poder Judicial descubran que sus decisiones no necesariamente responden a intereses políticos o personales. Y tal vez quienes lo defendemos aprendamos también a reconocer que respetar la institucionalidad no significa considerarla perfecta, ni mucho menos renunciar a señalar sus errores cuando existan razones fundamentadas para hacerlo.
No estoy proponiendo una confianza ciega. Un Poder Judicial independiente también debe ser transparente, responsable y estar sujeto a los mecanismos de control que establece nuestro ordenamiento jurídico. Sus actuaciones pueden y deben ser examinadas críticamente. Pero una cosa es cuestionar una decisión con argumentos y otra muy distinta es desacreditar a toda una institución simplemente porque no resolvió como nosotros queríamos.
Me gustaría pensar que, cuando termine esta etapa de investigaciones, detenciones, procesos y eventuales sentencias, habremos aprendido algo como sociedad. Que algunos habrán comprobado que sus sospechas eran justificadas y otros descubrirán que sus acusaciones no tenían fundamento. Que algunos celebrarán determinadas resoluciones y otros tendrán que aprender a aceptarlas. Pero, sobre todo, que habremos comprendido que la justicia no puede convertirse en una competencia entre grupos de ciudadanos para determinar quién tenía razón desde el principio.
Porque si convertimos cada resolución judicial en una victoria de unos y una derrota de otros, seguiremos profundizando las divisiones que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y si únicamente respetamos las decisiones favorables a nuestras propias posiciones, estaremos debilitando precisamente aquello que decimos querer defender: nuestro Estado de derecho.
Costa Rica necesita recuperar la confianza en sus instituciones, pero esa confianza no puede construirse sobre la exigencia de condenas ni sobre la esperanza de absoluciones. Tiene que descansar en la certeza de que todos seremos tratados conforme a las mismas leyes, con las mismas garantías y sin privilegios. Que una persona inocente no sea condenada para satisfacer a una multitud y que una persona culpable no quede impune por sus influencias o amistades.
Desde Apacigua he insistido muchas veces en que apaciguarnos no significa dejar de pensar, cuestionar o exigir. Significa encontrar la serenidad necesaria para actuar con responsabilidad, especialmente cuando las emociones amenazan con imponerse sobre la razón. Y este es uno de esos momentos en los que necesitamos hacerlo. No podemos permitir que la indignación de unos y el temor de otros nos lleven a olvidar los principios que sostienen nuestra democracia.
Quizá al final no todos quedemos satisfechos con las decisiones judiciales. Seguramente habrá quienes continúen cuestionándolas y quienes encuentren nuevos motivos para defenderlas. Pero si los procesos se desarrollan con independencia, transparencia, respeto a los derechos humanos y apego a la ley, todos tendremos algo que reconocer, independientemente de nuestras simpatías.
Porque el verdadero triunfo de la justicia no consiste en que condenen a quienes yo considero culpables o absuelvan a quienes considero inocentes. Consiste en que nadie sea condenado sin pruebas, nadie sea protegido por sus privilegios y nadie pierda sus derechos por el simple hecho de ser investigado.
Ojalá que estos acontecimientos, que hoy mantienen a nuestro país entre la sorpresa, la indignación y la incertidumbre, terminen ofreciéndonos una oportunidad para reencontrarnos en algo que nunca debimos convertir en motivo de división: el respeto a nuestras instituciones democráticas. Y ojalá comprendamos, de una vez por todas, que la justicia no tiene que estar de nuestro lado. Tiene que estar del lado de la ley. Ese día, aunque no todos estemos contentos con sus decisiones, Costa Rica habrá ganado.