En los últimos tiempos hemos visto cómo algunas de nuestras instituciones más importantes han terminado en medio de discusiones políticas, cuestionamientos públicos y señalamientos que, en ocasiones, parecieran estar más interesados en desacreditarlas que en comprender cómo funcionan. Una de ellas es la Cruz Roja Costarricense, una institución que forma parte de nuestra historia, que ha acompañado a generaciones enteras de costarricenses y que, durante 141 años, ha estado presente en emergencias, accidentes, desastres naturales y tantas situaciones en las que la vida de una persona depende de que alguien llegue a ayudarla.
Yo siempre he defendido el derecho de los ciudadanos a preguntar, fiscalizar y exigir transparencia. Lo he hecho con el Gobierno, con los diputados, con las instituciones públicas y con quienes administran recursos que pertenecen a todos los costarricenses. Y no tendría por qué hacer una excepción con la Cruz Roja. Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es cuestionar sin conocer los mecanismos de control que ya existen. Para exigir cuentas, primero debemos informarnos sobre cuáles se presentan, ante quiénes y de qué manera.
Precisamente por eso quiero compartir una información que recibimos gracias al trabajo de José Quirós, periodista colaborador de Apacigua, a quien agradezco profundamente su interés y su compromiso por ayudarnos a llevar información de utilidad a nuestros lectores. José tomó la iniciativa de buscar y conseguir datos relacionados con los mecanismos de rendición de cuentas de la Cruz Roja Costarricense, particularmente en lo que respecta a los fondos públicos que recibe. Su gestión nos permite aportar elementos concretos a una discusión que merece desarrollarse con información y responsabilidad.
De acuerdo con la información suministrada, la Cruz Roja Costarricense sí rinde cuentas sobre los recursos públicos que recibe y presenta informes periódicos ante diferentes instancias de control y fiscalización del Estado. Entre ellas se encuentran la Contraloría General de la República, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los ministerios y otras entidades públicas. Es decir, los recursos públicos que recibe la institución están sujetos a mecanismos de control y supervisión.
Pero hay más. Según esta misma información, sus estados financieros son sometidos cada año a auditorías externas y se elaboran conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, conocidas como NIIF. Además, la institución señala que su información financiera se encuentra publicada en su página web, disponible para que cualquier ciudadano pueda consultarla. También informa que continúa fortaleciendo sus procesos administrativos y de gestión, con avances hacia la certificación ISO 9001:2015, una norma internacional relacionada con los sistemas de gestión de calidad.
Estos datos no significan que la Cruz Roja esté por encima de cualquier cuestionamiento, ni que debamos dar por sentado que todo funciona perfectamente. Ninguna institución debería tener semejante privilegio. Los mecanismos de rendición de cuentas deben existir, funcionar correctamente y estar abiertos al escrutinio. Pero tampoco podemos ignorar su existencia cuando hablamos públicamente de transparencia. Una cosa es preguntar si los recursos se administran correctamente, y otra muy diferente es insinuar que no existen controles o que nadie debe responder por ellos.
Y aquí quiero hacer una reflexión que considero especialmente importante. Cuando hablamos de la Cruz Roja, no estamos hablando únicamente de presupuestos, informes financieros o procedimientos administrativos. Estamos hablando de ambulancias, de socorristas, de voluntarios, de equipos, de combustible, de atención de emergencias y de personas que necesitan ayuda. Estamos hablando de una institución humanitaria cuya capacidad de respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, cualquier discusión sobre su financiamiento debería tener presente, antes que cualquier interés político, las consecuencias que puede tener para quienes dependen de sus servicios.
También debemos comprender que la existencia de controles financieros no sustituye la necesidad de contar con recursos suficientes y sostenibles. Son dos asuntos distintos. Podemos y debemos exigir una administración transparente, pero al mismo tiempo debemos preocuparnos por garantizar que una institución con semejante responsabilidad tenga condiciones para seguir trabajando. La propia Cruz Roja señala que busca un financiamiento estable y sostenible que le permita continuar cumpliendo su misión humanitaria.
En lo personal, me preocupa que terminemos convirtiendo las instituciones que nos sirven a todos en escenarios de confrontación política. No podemos permitir que nuestras simpatías o diferencias con un gobierno determinen el valor que damos a instituciones que existían mucho antes de quienes hoy ocupan el poder y que deberán continuar sirviendo al país cuando ellos ya no estén. La Cruz Roja no es de un presidente, de un ministro ni de un partido político. Es una institución humanitaria al servicio de Costa Rica, y así deberíamos aprender a verla y defenderla.
Quiero terminar agradeciendo especialmente a José Quirós, periodista colaborador de Apacigua, quien tomó la iniciativa de buscar, investigar y conseguir la información que hoy compartimos. Su aporte nos permite ofrecer a nuestros lectores datos que contribuyen a comprender mejor los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Cruz Roja Costarricense. Este tipo de colaboraciones nos permite hacer algo que considero fundamental para una ciudadanía responsable: pasar de las opiniones a los datos, de las suposiciones a las preguntas y de los cuestionamientos a la búsqueda de respuestas.
Porque fiscalizar es necesario. Preguntar es nuestro derecho. Exigir transparencia es nuestra responsabilidad. Pero hacerlo con información, con justicia y con respeto por la verdad es también parte de nuestra obligación ciudadana.
Y si algo deberíamos tener muy claro es que la Cruz Roja Costarricense merece ser fiscalizada, como cualquier institución que recibe recursos públicos, pero también merece ser respetada, fortalecida y respaldada para que pueda seguir salvando vidas.
Las instituciones no se defienden ocultando sus errores, pero tampoco se fortalecen desconociendo sus aciertos.