Escucho unas declaraciones de don Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia, sobre el proyecto de armonización eléctrica, y encuentro varias cosas que me ponen a pensar. Dice que el Partido Liberación Nacional siempre estuvo en contra de este proyecto. Entonces, si esa era su lectura, me extraña su sorpresa ante el resultado. ¿Qué lo hacía pensar que esta vez conseguirían su respaldo? Una cosa es tener la esperanza de convencer a otros y otra muy distinta es anunciar que se tienen los votos. El proyecto terminó rechazado después de que las conversaciones entre el Gobierno y Liberación Nacional no produjeran un acuerdo.
Cuando el periodista le pregunta por aquellas afirmaciones de que contaban con los votos suficientes, la explicación merece atención. ¿Tenían compromisos que después cambiaron? ¿Confundieron una disposición a conversar con una promesa de votar a favor? ¿O anunciaron una mayoría que todavía estaban tratando de construir? No tengo elementos para afirmar que mintieron, pero sí encuentro motivos para pedir una explicación. Cuando un Gobierno asegura que tiene los votos y luego resulta que no los tiene, corresponde aclarar en qué se sustentaba aquella seguridad. La ciudadanía no debería tener que adivinar si estaba escuchando información, un cálculo optimista o una estrategia de presión política.
Más adelante, según lo que escucho en la entrevista, don Alejandro explica que buscaron convencer a algunos diputados liberacionistas, a quienes llama disidentes, y que estos les señalaron que no podían acompañar el proyecto por una decisión de fracción. También cuenta que siguieron insistiendo. Conversar y procurar apoyos es parte del trabajo político; eso, por sí solo, no tiene nada de extraño. Lo que me llama la atención es la diferencia de criterio: se espera que los diputados de otra bancada se aparten de su posición colectiva, mientras la fracción de Pueblo Soberano, hasta donde he observado, suele votar con una uniformidad que a mí me recuerda un cardumen. Esa es mi percepción; no conozco sus deliberaciones internas. Pero sí creo que la libertad de criterio que se celebra cuando puede beneficiar al Gobierno debería respetarse también cuando un diputado oficialista decide disentir.
Hay algo valioso en reconocer que un legislador puede votar según sus convicciones personales. Coincido con esa posibilidad. Lo que no comparto es que la independencia parezca admirable únicamente cuando produce el voto que uno necesita. Si apartarse de una línea de fracción es una muestra de conciencia en una bancada, debería poder serlo en las demás. Y si mantenerse dentro de un acuerdo colectivo es legítimo para el oficialismo, también puede serlo para la oposición. La coherencia consiste, precisamente, en sostener el mismo principio aunque el resultado no nos favorezca.
Otra de las propuestas que describe don Alejandro me genera todavía más desconfianza: aprobar el proyecto y sentarse después a impulsar reformas. Con todo respeto, yo no aceptaría una negociación en esos términos. Si existen reparos suficientemente importantes como para impedir un acuerdo, lo razonable es resolverlos antes de aprobar. Una promesa de cambios futuros no equivale a tener esos cambios incorporados en el texto que se está votando. Mi manera de entenderlo es sencilla: primero necesito conocer y aceptar las condiciones; después puedo comprometer mi respaldo. Ese mecanismo de aprobar ahora y corregir luego exige una confianza que, personalmente, yo no tendría.
También aparece el tema de las universidades públicas y la acusación de que hubo un chantaje. Por lo informado, Liberación Nacional condicionó la continuidad del diálogo a que se retiraran los recortes presupuestarios propuestos para esas instituciones. Yo no estoy de acuerdo con incorporar el financiamiento universitario a una negociación sobre el sistema eléctrico. Son asuntos que merecen discutirse por sus propios méritos, con claridad frente a la ciudadanía. Pero tampoco asumiría que cualquier condición política constituye un chantaje. Puedo cuestionar esa negociación, considerar inconveniente que se mezclaran ambos temas y, al mismo tiempo, rechazar que se utilice la palabra más alarmante para describirla. Discrepar de un procedimiento no me obliga a aceptar toda la interpretación que hace el Gobierno.
Hasta ese momento, podía seguir escuchando a don Alejandro, aunque varias de sus explicaciones no me convencieran. Sin embargo, cuando lo escucho advertir a los costarricenses que pelen el ojo y referirse a sus adversarios como un bloque obstruccionista comunista, mi confianza en su análisis se debilita todavía más. ¿Comunistas los liberacionistas? ¿Comunista la gente de Coalición Agenda Ciudadana? ¿De verdad pretende explicar las diferencias sobre el mercado eléctrico metiendo a todos sus opositores dentro de una misma etiqueta? Un viceministro de la Presidencia debería poder defender un proyecto con argumentos y distinguir entre las posiciones de quienes lo cuestionan.
Incluso respecto al Frente Amplio, identificar socialismo y comunismo como si fueran necesariamente lo mismo empobrece la discusión. Se puede discrepar profundamente de sus propuestas, cuestionarlas y debatirlas sin recurrir a una palabra usada como descalificación automática. Y extender esa etiqueta a otras agrupaciones, solo porque coincidieron en rechazar un proyecto, resulta todavía menos convincente. Votar de manera semejante en un asunto no convierte a partidos distintos en una sola corriente ideológica. Si ese fuera el criterio, tendríamos que cambiarles de ideología cada vez que coinciden en una votación.
Don Alejandro puede parecer sincero al explicar lo sucedido, y aun así no convencerme. La sinceridad que uno percibe en el tono de una persona no sustituye la solidez de sus razones. Yo esperaba entender por qué anunciaron apoyos que no se concretaron, qué garantías ofrecían para las reformas posteriores y por qué consideraban indispensable aprobar ese texto. Cuando la explicación desemboca en descalificar a quienes votaron distinto, esas preguntas siguen pendientes.
Así que sí, don Alejandro: pelemos el ojo. También cuando nos anuncian mayorías que todavía no están aseguradas, cuando nos piden aprobar primero y confiar en las correcciones después, y cuando pretenden que una etiqueta ideológica nos ahorre el trabajo de pensar. Yo voy a seguir escuchando argumentos, examinando propuestas y ejerciendo mi derecho a desconfiar. Porque la confianza ciudadana no se consigue llamando comunista a quien no les da el voto. Se construye explicando con claridad y respetando la libertad de decir que no.