El Tribunal Supremo de Elecciones ha pedido cuentas al Partido Pueblo Soberano, luego de descubrir que la oficina donde Laura Fernández dijo haber encontrado un “micrófono de espionaje” no estaba registrada como inmueble de uso partidario. Ciertamente, doña Laura debió comunicar el uso de esta casa, y no lo hizo. Eso no necesariamente es corrupción; podría ser un descuido, un error administrativo, una omisión humana. Ahora deberá rendir cuentas, como corresponde en un proceso electoral, en un país democrático y de derecho.
Hasta ahí, todo normal. El sistema funciona: hay instituciones que fiscalizan, partidos que deben responder, y ciudadanas y ciudadanos que observan. Pero algo llama la atención: la reacción de los seguidores. En lugar de celebrar que el Tribunal cumpla su deber, muchos se levantan en contra del propio TSE, acusándolo de persecución política.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué significa esto? ¿Que hay quienes aprueban todo lo que haga su candidata, aunque esté mal? ¿Que hay quienes prefieren defender una figura antes que defender la ley?
No se trata de atacar a Laura Fernández —quien probablemente resolverá el asunto con la transparencia que el país exige—, sino de mirar el reflejo que este episodio deja al descubierto: la incapacidad de algunos para reconocer errores en aquello que aman o apoyan.
Cuando la lealtad se vuelve ceguera, la democracia se debilita. Porque el propósito de una elección no es venerar a un líder, sino elegir a quien servirá al pueblo dentro de las reglas del juego. Si los ciudadanos empiezan a justificar las faltas de “los suyos”, pero condenan las de “los otros”, el país pierde el espejo de su ética y la balanza se rompe.
La verdadera madurez política no se mide por el fervor, sino por la capacidad de exigir coherencia, incluso a quienes admiramos. Defender la ley, más que al líder, es el acto más puro de amor a la patria.