Desde la responsabilidad ciudadana que promovemos en Apacigua, consideramos que el cargo de Fiscal General de la República debe recaer sobre una persona cuya trayectoria inspire la mayor confianza posible.
No basta con tener conocimientos técnicos. Quien ocupe esa posición debe demostrar resultados, independencia, prudencia, respeto por la institucionalidad y una hoja de vida que minimice cualquier duda sobre su imparcialidad.
En el caso de Esteban Aguilar, la información publicada sobre su gestión como jefe de la Unidad de Cibercrimen, los cuestionamientos relacionados con sus resultados operativos, las investigaciones disciplinarias que enfrenta y su participación en una manifestación pública contra el Fiscal General de la República, a quien eventualmente podría aspirar a sustituir, constituyen elementos que, desde nuestro punto de vista, generan dudas razonables sobre la conveniencia de respaldar una eventual candidatura suya para ese cargo.
Ello no implica afirmar que sea culpable de las investigaciones que enfrenta ni desconocer su derecho al debido proceso. Tampoco significa negar que pueda poseer conocimientos en materia de ciberseguridad.
Sin embargo, Costa Rica cuenta con numerosos juristas y fiscales de amplia trayectoria, con experiencia comprobada, independencia reconocida y hojas de vida libres de este tipo de cuestionamientos públicos.
Por esa razón, desde Apacigua consideramos que, en este momento, el país debería procurar una persona cuyo nombramiento fortalezca la confianza ciudadana en el Ministerio Público y no abra nuevos espacios para la duda o la polarización.
La Fiscalía General necesita ser un punto de unión alrededor de la legalidad, no una fuente adicional de controversia.