Escuché a José María Villalta hablar de una práctica que, según explicó, no nació con el Partido Pueblo Soberano: debilitar o desfinanciar instituciones públicas hasta llevarlas a una situación apremiante y, después, usar esa urgencia para justificar contrataciones con menos competencia y menos controles. Villalta sostuvo que esa forma de actuar existe desde hace tiempo, pero que el oficialismo ha elevado el descaro con que se realiza.
Sus señalamientos sobre la compra de ambulancias para el Cuerpo de Bomberos merecen atención. Bomberos adjudicó un contrato por 40 ambulancias, por un monto cercano a los ¢6.500 millones, mediante un procedimiento especial en el que participó un solo oferente. La prensa informó que el consorcio adjudicatario no tenía experiencia previa en Costa Rica vendiendo ese tipo de vehículos y que existe una relación empresarial con un proveedor de tobilleras electrónicas. También trascendió que la Contraloría recibió una denuncia sobre esa contratación. Eso no demuestra, por sí solo, que hubiera corrupción ni que alguien se haya enriquecido ilícitamente; sí plantea preguntas que deben responderse con documentos, explicaciones claras e investigaciones independientes. La Nación
También se han publicado denuncias sobre presiones relacionadas con el marchamo digital. La expresidenta ejecutiva del INS afirmó que recibió presiones para contratar a un consorcio vinculado con la empresa relacionada con las ambulancias y las tobilleras. Son señalamientos serios, pero siguen siendo señalamientos: corresponde a las autoridades investigarlos y establecer qué ocurrió. Una denuncia no es una sentencia, y una relación empresarial tampoco prueba por sí sola un delito. La Nación
Villalta también ha relacionado estas controversias con la situación financiera de la Cruz Roja y con decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa. En esa discusión, el oficialismo votó contra un proyecto que buscaba facilitar las contrataciones de la institución. El voto puede tener razones jurídicas, técnicas o políticas; precisamente por eso, quienes lo emitieron deberían explicarlas con claridad. NÍTIDO
Y ahí es donde me surge una pregunta que no puedo dejar pasar: cuando una decisión de esta importancia llega al Plenario, ¿por qué tantos diputados oficialistas votan en bloque? ¿Qué razones tienen para hacerlo? ¿Estudian cada proyecto y llegan por su cuenta a la misma conclusión, o siguen una instrucción de la fracción? Si siguen una instrucción, ¿quién la da y con qué argumentos?
No afirmo que los diputados reciban dinero ni que sean parte de un negocio. No tengo pruebas de eso, y no sería responsable presentar como hecho lo que todavía no se ha demostrado. Pero tampoco puedo ignorar las preguntas que nacen cuando aparecen contratos de millones, procedimientos con poca competencia, vínculos entre empresas proveedoras y relatos de presiones políticas.
¿No comprenden las consecuencias de sus votos? ¿No revisan a fondo las decisiones que respaldan? ¿Votan por disciplina partidaria, aunque tengan dudas? ¿O conocen más de lo que dicen y consideran que la ciudadanía no merece una explicación? Son preguntas incómodas, pero forman parte del control democrático.
Pensando en diputadas como Katia Calvo y Cindy Murillo, y en figuras oficialistas como Nogui Acosta y Yara Jiménez, no quiero convertir una sospecha en una condena. Quiero saber qué argumentos tienen, qué información revisaron y cómo explican sus decisiones ante el país. También puede haber otras razones que no he considerado. Estoy dispuesto a escucharlas, siempre que sean claras y estén respaldadas por hechos.
Mientras esas explicaciones no lleguen, a mí me cuesta respetar a quienes votan en bloque sobre asuntos que afectan servicios esenciales y contrataciones de tantos millones, sin dar razones convincentes. No sé si estamos frente a diputados que no comprenden lo que votan, que obedecen sin cuestionar o que conocen información que no han hecho pública. No puedo afirmar cuál de esas posibilidades es cierta. Pero ninguna se resuelve con silencio: se resuelve con explicaciones, transparencia e investigación.