Según una publicación realizada por la página de Facebook La Carreta Tica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público habrían iniciado una investigación sobre presuntos actos de violencia, agresiones físicas y abuso de autoridad ocurridos durante un operativo en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. La publicación señala posibles golpizas contra privados de libertad, algunos de los cuales habrían estado esposados o sometidos en el suelo, así como la eventual responsabilidad del contingente policial y de sus superiores, incluido el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. La existencia de una investigación ha sido confirmada por otros medios nacionales, aunque las agresiones denunciadas todavía no han sido demostradas y el Ministerio de Justicia ha negado que ocurrieran.
Desde Apacigua no vamos a continuar refiriéndonos, al menos en este artículo, a la actuación del ministro de Justicia. Las autoridades correspondientes deberán investigar los hechos, determinar las responsabilidades individuales y tomar las medidas que resulten pertinentes. Cualquier valoración sobre su personalidad o condición psicológica, si fuera necesaria, corresponderá exclusivamente a profesionales competentes. Hoy queremos dirigir nuestra mirada hacia otras personas que, según las denuncias, habrían participado en aquellos acontecimientos: los policías, oficiales y miembros del contingente que acompañaron al jerarca. Porque detrás de cada uniforme hay un ser humano, alguien que tiene una familia, una historia, unos valores y una conciencia. Y es precisamente sobre esa conciencia que hoy queremos reflexionar.
Imaginemos por un momento a uno de esos policías. Vamos a llamarlo Juan Pérez. Es un personaje ficticio, pero podría representar a cualquiera de los oficiales que estuvieron presentes. Juan terminó su jornada, regresó a su casa, se quitó el uniforme, saludó a su esposa y se sentó a cenar con sus hijos. ¿Qué les contó? ¿Les dijo que había sido un día normal de trabajo? ¿Les contó que, si las denuncias resultan ciertas y él participó, había golpeado a seres humanos que estaban esposados, sometidos o indefensos? ¿Les explicó que aquellas personas, independientemente de los delitos que hubieran cometido, seguían teniendo derechos humanos? ¿Les contó que no había enfrentado a alguien en igualdad de condiciones, sino que había utilizado la fuerza contra una persona que no podía defenderse? ¿O prefirió guardar silencio, cambiar de conversación y preguntarles a sus hijos cómo les había ido en la escuela?
Y si Juan Pérez no golpeó a nadie, pero estuvo allí y presenció lo que se denuncia, ¿qué hizo? ¿Intervino? ¿Le pidió a algún compañero que se detuviera? ¿Informó a sus superiores? ¿Sintió indignación, vergüenza o temor? ¿O simplemente observó, convencido de que su responsabilidad terminaba donde comenzaban las órdenes de alguien con mayor rango? Porque una cosa es cumplir instrucciones dentro de un operativo legítimo y otra muy diferente es participar, permitir o guardar silencio ante un posible abuso. Un uniforme no elimina la conciencia, una orden no convierte automáticamente una acción en correcta y la autoridad nunca debería utilizarse como excusa para abandonar la humanidad.
Yo quisiera saber qué piensan esos policías cuando llegan a sus hogares. Qué sienten al mirar a sus hijos, al abrazar a sus esposas, al encontrarse con sus padres. Quisiera saber si alguno se preguntó cómo se sentiría si la persona que estuviera en el suelo, esposada y posiblemente recibiendo golpes, fuera su hermano, su hijo o alguien a quien ama. Porque no estamos hablando de justificar delitos ni de convertir a los privados de libertad en personas inocentes. Estamos hablando de algo muchísimo más elemental: ningún ser humano pierde su dignidad por encontrarse dentro de una cárcel, y nadie adquiere el derecho de humillarlo o maltratarlo por llevar un uniforme.
También quiero pensar en los muchos policías costarricenses que cumplen sus funciones con responsabilidad, que arriesgan su seguridad, que respetan la ley y que entienden que proteger a la sociedad incluye proteger los derechos de las personas detenidas. Precisamente por respeto a ellos, si se comprueban estos hechos, no podemos permitir que quienes hayan participado en abusos se escondan detrás de una institución, de una jerarquía o de una orden. La responsabilidad debe ser individual, y también debe distinguirse entre quien cometió una agresión, quien intentó impedirla y quien cumplió correctamente con su deber.
Pero hay una pregunta que me resulta particularmente difícil de apartar de mi pensamiento. Si llegara a demostrarse que varios policías golpearon o humillaron a personas indefensas, ¿qué ocurrió con sus valores, con su formación, con su sentido del deber? ¿En qué momento una persona que ingresó a una institución para proteger la ley puede terminar participando en aquello que juró combatir? Y, sobre todo, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo si comenzamos a considerar normal que alguien sea maltratado simplemente porque se encuentra preso?
No sabemos todavía cuáles denuncias serán demostradas ni quiénes tendrán responsabilidad. Eso corresponde establecerlo a la justicia, no a nosotros. Pero mientras las autoridades investigan los hechos, nosotros tenemos derecho a plantearnos las preguntas humanas y morales que estos acontecimientos provocan.
Porque hoy no me pregunto únicamente qué sucedió dentro de La Reforma. Me pregunto qué sucedió después, cuando cada uno de aquellos oficiales regresó a su casa, se quitó el uniforme y quedó a solas con su conciencia.
Y me pregunto algo todavía más inquietante: si alguno participó en lo que se denuncia, ¿logró dormir tranquilamente aquella noche?
Porque hay un uniforme que podemos quitarnos al terminar la jornada, pero hay una conciencia de la que nunca deberíamos poder desvestirnos.
La seguridad ciudadana está en manos de nuestros cuerpos policiales. A ellos les hemos confiado nuestra protección, nuestra tranquilidad y, en muchas ocasiones, nuestra propia vida. Pero hoy, ante la gravedad de las denuncias que deberán investigar las autoridades, me surge una pregunta que jamás hubiera querido hacerme: ¿podría estar también nuestra inseguridad ciudadana en manos de quienes tienen el deber de protegernos?
Y hay otra pregunta, todavía más dolorosa, que nunca imaginé tener que plantearme en Costa Rica:
¿Debo sentirme protegido o debo sentir miedo la próxima vez que me encuentre frente a frente con un policía?