El diputado electo y futuro jefe de fracción oficialista, Nogi Acosta, ha planteado —según sus propias palabras— que no habría mayor problema en permitir allanamientos sin orden judicial. Que incluso si se entra a una casa sin indicios valorados por un juez, y no se encuentra nada, no pasa nada. ¿Y cuál fue el daño?, se pregunta.
Y ahí es donde vale la pena detenerse.
Porque en un Estado de derecho, el daño no se mide solo por el resultado. No se mide únicamente por si se encontró algo o no. El daño está en el acto mismo. En la entrada sin autorización, en la ruptura de una puerta, en la invasión de un espacio que la Constitución protege precisamente para evitar abusos. El derecho a la inviolabilidad del domicilio no existe porque todas las casas esconden delincuentes. Existe, justamente, para proteger a quienes no lo son.
Cuando se cambia esa lógica, cuando el problema deja de ser la acción y pasa a ser solo el resultado, algo muy delicado empieza a moverse. Porque entonces se abre la puerta a actuar primero… y justificar después. A intervenir sin control… y revisar si estuvo bien más adelante. Y ese tipo de pensamiento no es nuevo. Ha existido en otros contextos, en otros países, en otros momentos de la historia.
Desde mi punto de vista, lo que preocupa no es solo esta idea puntual, sino lo que podría venir detrás. Porque dentro del discurso público ya se mencionan otras garantías constitucionales: la libertad de tránsito, la propiedad privada, el secreto de las comunicaciones, la libre expresión. Todas ellas forman parte del mismo tejido que sostiene nuestra democracia.
Y entonces la pregunta deja de ser técnica y se vuelve profundamente personal. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar de tus libertades a cambio de una promesa de seguridad? ¿En qué momento la tranquilidad aparente empieza a costarte demasiado?
Porque hay algo que la historia ha mostrado una y otra vez: abrir esa puerta es fácil. Lo difícil… es volver a cerrarla.