En los últimos días han vuelto a aparecer en medios de comunicación, redes sociales y espacios de opinión pública referencias a uno de los episodios políticos y judiciales más prolongados de la historia reciente de Costa Rica. Diversas publicaciones han retomado declaraciones de la exdiputada Pilar Cisneros y la posterior respuesta del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. La noticia ha circulado ampliamente en periódicos, portales digitales, programas de análisis y plataformas sociales, generando nuevamente opiniones encontradas entre quienes durante años han seguido este caso.
Desde Apacigua no pretendemos actuar como medio informativo. No buscamos competir con los periodistas ni reproducir noticias que ya han sido ampliamente difundidas. Nuestra razón de ser es distinta. Somos un espacio de reflexión, de diálogo y de construcción de ciudadanía. Intentamos observar los acontecimientos públicos desde una perspectiva más amplia, preguntándonos qué enseñanzas dejan para la convivencia democrática, para la confianza en las instituciones y para la forma en que nos relacionamos unos con otros como sociedad.
Por eso, más allá de las personas involucradas, hay un aspecto de este debate que consideramos particularmente importante. Se trata de la confianza en el Poder Judicial y del respeto que merecen las resoluciones emitidas por los tribunales de la República.
Vivimos tiempos en los que parece cada vez más fácil desconfiar de todo. Desconfiamos de los políticos, de los medios de comunicación, de los empresarios, de las organizaciones sociales y, en ocasiones, también de las instituciones encargadas de administrar justicia. La crítica es legítima y necesaria. Ninguna institución humana es perfecta. Ningún sistema está libre de errores. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre señalar posibles mejoras y debilitar la credibilidad de los órganos que sostienen el Estado de Derecho.
La democracia no se construye únicamente mediante elecciones. También depende de que existan instituciones capaces de resolver conflictos de forma pacífica, imparcial y basada en normas. Cuando dos personas tienen una diferencia, cuando una empresa enfrenta una acusación, cuando un ciudadano es investigado o cuando un expresidente debe responder ante la ley, es precisamente el sistema judicial el llamado a examinar pruebas, escuchar argumentos y emitir resoluciones. Esa es su función. Ese es su propósito. Y por esa razón resulta tan importante proteger su independencia.
El caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez ha acompañado la conversación pública costarricense durante más de dos décadas. Durante años fue objeto de investigaciones, procesos judiciales, titulares, debates televisivos, artículos de opinión y discusiones políticas. Generaciones enteras crecieron escuchando referencias a este expediente. Muchas personas formaron una opinión sobre él hace mucho tiempo. Otras lo hicieron recientemente. Algunas llegaron a conclusiones favorables. Otras llegaron a conclusiones críticas. Esa diversidad de opiniones es completamente válida dentro de una sociedad libre.
Sin embargo, existe un hecho que no debería pasar desapercibido. Después de años de procedimientos, recursos, investigaciones, audiencias y resoluciones, fueron los tribunales de justicia los que tuvieron la responsabilidad de pronunciarse. No fueron las redes sociales. No fueron los programas de opinión. No fueron los partidos políticos. No fueron los simpatizantes ni los adversarios de ninguna figura pública. Fueron los órganos competentes establecidos por nuestra Constitución y nuestras leyes.
Y cuando una democracia decide confiar en los tribunales para investigar y juzgar, también debe estar dispuesta a respetar sus decisiones, incluso cuando estas no coincidan con las expectativas de algunos sectores. De lo contrario, la justicia se convertiría en algo condicionado por la popularidad, por la presión mediática o por la conveniencia política del momento.
Resulta preocupante que una exdiputada de la República, con amplia experiencia en la vida pública y en la comunicación nacional, decida desacreditar resoluciones judiciales que no coinciden con su interpretación de los hechos. En una democracia madura, el desacuerdo es legítimo. Lo que no fortalece la institucionalidad es insinuar que los tribunales carecen de credibilidad simplemente porque llegaron a una conclusión distinta a la que algunos esperaban.
La crítica a las instituciones es válida y necesaria. Sin embargo, existe una diferencia entre señalar posibles errores y alimentar una narrativa de desconfianza generalizada contra todo un poder de la República. Cuando se pone en duda la legitimidad de las resoluciones judiciales sin aportar nuevos elementos probatorios ni mecanismos legales que las contradigan, el riesgo es debilitar la confianza ciudadana en una de las instituciones más importantes del país.
Nos parece especialmente llamativo que algunas personas manifiesten una profunda confianza en los tribunales cuando estos investigan o acusan, pero parezcan perder esa misma confianza cuando los tribunales absuelven o resuelven en una dirección distinta a la esperada. La coherencia democrática exige respetar ambas situaciones.
Pilar Cisneros tiene pleno derecho a expresar sus opiniones, como cualquier costarricense. Sin embargo, quienes ocupan o han ocupado posiciones de liderazgo público también tienen una responsabilidad especial: contribuir al fortalecimiento de las instituciones y no a su deterioro. Las palabras pronunciadas desde espacios de influencia tienen consecuencias, especialmente cuando se refieren a la credibilidad del sistema judicial.
Desde Apacigua creemos que la confianza institucional no puede ser selectiva. No podemos exigir respeto para los jueces cuando sus decisiones respaldan nuestras posiciones y negarles legitimidad cuando sus resoluciones nos incomodan. El respeto a la institucionalidad implica aceptar que los jueces tienen la responsabilidad de valorar pruebas, interpretar normas y decidir conforme al derecho, aun cuando sus conclusiones no satisfagan a todos.
También creemos que detrás de los titulares existen seres humanos. Más allá de simpatías políticas, de afinidades ideológicas o de diferencias personales, ninguna persona atraviesa sin consecuencias un proceso público que se extiende durante tantos años. Las investigaciones prolongadas, la exposición mediática constante, el escrutinio permanente y la incertidumbre generan impactos profundos sobre la vida personal, familiar y profesional de quienes los enfrentan.
Por esa razón queremos expresar nuestra solidaridad humana con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. No se trata de una adhesión política ni de una aprobación automática de todas sus actuaciones a lo largo de su vida pública. Se trata simplemente de reconocer que, tras más de dos décadas de controversias y procedimientos judiciales, merece el mismo respeto a su dignidad, a sus derechos y a su honra que merece cualquier ciudadano costarricense.
Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro respaldo al Poder Judicial de Costa Rica. En una época donde abundan las descalificaciones rápidas, las etiquetas y las acusaciones generalizadas, defender la independencia judicial se vuelve más importante que nunca. Los jueces no necesitan que todos pensemos igual que ellos. Tampoco necesitan que estemos de acuerdo con cada una de sus resoluciones. Lo que sí necesitan es que defendamos el principio de que sus decisiones deben estar libres de presiones políticas, mediáticas, económicas o ideológicas.
Porque cuando se debilita la confianza en la justicia, el daño no afecta únicamente a una persona o a un caso específico. El daño alcanza a toda la sociedad. Si los ciudadanos dejan de creer en los tribunales, ¿ante quién acudirán cuando necesiten protección? Si dejamos de confiar en los jueces, ¿quién resolverá los conflictos de manera pacífica? Si las sentencias pasan a valer menos que las campañas de opinión, entonces la seguridad jurídica empieza a resquebrajarse y la convivencia democrática se vuelve más frágil.
Costa Rica ha sido admirada durante décadas por la fortaleza de sus instituciones. Esa reputación no surgió por casualidad. Fue construida por generaciones de ciudadanos que comprendieron que la democracia requiere algo más que pasión política. Requiere reglas. Requiere equilibrio. Requiere respeto por las instituciones, incluso en momentos de desacuerdo.
Hoy, cuando este tema vuelve a ocupar espacios de discusión pública, queremos hacer un llamado a la serenidad. A la prudencia. A la responsabilidad. A recordar que las diferencias políticas no deben convertirse en ataques contra los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Desde Apacigua seguiremos defendiendo el diálogo respetuoso, la convivencia democrática, la independencia de los poderes de la República y la confianza en las instituciones que sostienen nuestro Estado de Derecho.
Porque las personas pasan. Los gobiernos pasan. Las campañas pasan. Las polémicas pasan.
Pero las instituciones que protegen la libertad de todos deben permanecer fuertes.
Y cuando la justicia habla, una democracia madura no responde con gritos. Responde escuchando, reflexionando y respetando las reglas que ella misma decidió darse.