En medio de un ambiente político donde pareciera que todo termina convertido en una confrontación entre instituciones, me parece importante reconocer cuando aparecen propuestas que, lejos de excluirse, pueden complementarse.
La propuesta de la señora presidenta Laura Fernández de someter a pruebas de polígrafo a quienes participan en las reuniones de seguridad parte de una intención que muchos costarricenses comparten: combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en quienes ocupan puestos de enorme responsabilidad. La transparencia nunca debería incomodar a quien no tiene nada que ocultar.
Sin embargo, también resulta muy valiosa la respuesta del fiscal general, Carlo Díaz. No porque rechace la idea, sino precisamente porque la fortalece. Su planteamiento no fue negarse al examen. Al contrario. Dijo estar dispuesto a realizarlo, pero bajo las mismas condiciones para todos y aplicado por un organismo serio, confiable y con reconocimiento internacional, como podrían ser la DEA o el FBI.
Y ahí, honestamente, creo que aparece una oportunidad muy interesante.
Porque si el objetivo verdadero es limpiar cualquier sospecha y fortalecer la confianza pública, ambas posiciones parecen poder convivir perfectamente. La voluntad política expresada por la señora presidenta podría unirse con la garantía técnica planteada por el fiscal general. Una aporta la decisión de actuar; la otra propone un mecanismo que brinde mayor credibilidad al proceso.
En ocasiones discutimos tanto sobre quién tuvo la idea primero o quién lleva la razón que olvidamos lo verdaderamente importante: encontrar la mejor solución posible para el país.
Si realmente se quiere enviar un mensaje contundente contra la corrupción, difícilmente podría encontrarse una fórmula más sólida que un proceso aplicado bajo criterios iguales para todos, sin privilegios, sin excepciones y con una entidad cuya independencia no pueda ser fácilmente cuestionada.
Eso protegería tanto a quienes resulten aprobados como a la propia institucionalidad. Porque cuando los procedimientos generan confianza, también fortalecen la legitimidad de sus resultados.
Ojalá esta vez no estemos frente a un nuevo episodio de enfrentamiento entre poderes del Estado.
Ojalá estemos, más bien, frente al nacimiento de un acuerdo inteligente.
Porque si la intención de la señora presidenta es limpiar cualquier sombra de corrupción, y la propuesta del fiscal general es hacerlo mediante un organismo internacional reconocido por su seriedad, entonces este «matrimonio» entre ambas ideas podría terminar produciendo exactamente el resultado que Costa Rica necesita.
Y cuando la transparencia deja de ser una bandera política para convertirse en una práctica compartida, los que realmente ganan son las instituciones… y, sobre todo, el país.