Hay algo que me preocupa más que cualquier encuesta o ranking. Y no tiene que ver con posiciones, ni con porcentajes, ni con percepciones momentáneas. Tiene que ver con algo mucho más profundo… con la forma en que, poco a poco, se empieza a mirar y a tratar a las instituciones que sostienen nuestra democracia.
Cuando se instala la idea de que la prensa que cuestiona es enemiga, que la Sala Constitucional no sirve, que la Contraloría estorba… no estamos frente a una simple crítica. No es un desacuerdo puntual. Es algo más delicado: es un desgaste progresivo del sistema completo. Porque cada vez que una de esas piezas se desacredita sin matices, lo que se resquebraja no es una institución aislada… es el equilibrio que las mantiene a todas funcionando.
Una democracia no depende de una sola figura, por fuerte o popular que sea. Depende de un entramado. De instituciones que se observan entre sí. De una prensa que incomoda cuando hace preguntas. De jueces que toman decisiones basadas en derecho, no en emociones. De reglas que se respetan, incluso cuando no nos gustan. Ese equilibrio no siempre es cómodo, pero es precisamente lo que evita que el poder se vuelva absoluto.
Y en medio de todo esto aparece un tema aún más sensible. Los derechos humanos.
Porque cuando alguien dice “¿para qué un juicio si igual los sueltan?”, lo que está diciendo —aunque no lo formule así— es que el juicio ya no importa. Que la evidencia deja de ser relevante. Que el debido proceso puede ser sustituido por la frustración o por la percepción. Y en ese punto, sin darnos cuenta, dejamos de hablar de justicia… para empezar a movernos en un terreno mucho más peligroso.
Los derechos humanos no son negociables. No son selectivos. No dependen de si alguien nos cae bien, mal o terrible. Son, justamente, el límite que nos protege a todos, incluso cuando no pensamos en ello.
Porque el día que dejamos de defenderlos para todos… ese mismo día empezamos, poco a poco, a perderlos para nosotros mismos.