Cuidado con confundir justicia con estrategia política
En estos días se ha vuelto frecuente escuchar que algunos candidatos del continuismo, especialmente candidatos a diputados, están muy cuestionados y tienen causas abiertas en la Fiscalía o en el Ministerio Público. Y junto con eso aparece una exigencia insistente: que primero aclaren esas causas y solo después se postulen. Entiendo la preocupación. Es legítima. Pero mi posición personal —y lo aclaro desde ya, sin ser abogado— es que esa lógica no es del todo correcta y, peor aún, puede ser peligrosa para la democracia.
Imaginemos algo muy simple. Juan y yo vamos a competir en una contienda electoral. Yo sé que Juan tiene más posibilidades de ganar que yo. Entonces voy al Ministerio Público y presento una denuncia: digo que las gallinas de Juan se metieron a mi casa y se cuitearon en la sala. El Ministerio Público, como corresponde en un Estado de derecho, tiene que abrir una causa. Está obligado a investigar.
Ahora viene el problema. Como Juan tiene una causa abierta, alguien decide que no puede participar en la elección. Yo quedo solo, gano la contienda, y meses después —cuando ya todo terminó— el Ministerio Público concluye que las gallinas no eran de Juan, o que no hubo daño, o que simplemente no existía responsabilidad alguna. Juan queda limpio… pero fuera de la elección. El daño ya está hecho.
Ese ejemplo, aunque caricaturesco, muestra algo muy serio. Convertir una denuncia en una inhabilitación automática abre la puerta a la manipulación política. Bastaría con denunciar al adversario para sacarlo del camino. No se necesitarían pruebas, ni sentencias, ni verdades. Solo activar el mecanismo. Y eso no es justicia. Eso es una estrategia peligrosa.
Por eso, personalmente, no creo que una causa abierta, sin haber sido juzgada, sea razón suficiente para que alguien abandone una contienda. Y menos una contienda electoral. Una causa abierta no es una condena. Es una investigación. Y la presunción de inocencia no es un detalle técnico: es uno de los pilares básicos de cualquier democracia que se respete.
Esto no significa defender a nadie en particular, ni justificar conductas indebidas. Si alguien es culpable, que se demuestre. Que se juzgue. Que se condene. Pero hacerlo en el orden correcto. Primero la verdad, luego las consecuencias. No al revés.
Porque cuando empezamos a aceptar que una acusación basta para eliminar a alguien del juego democrático, ya no estamos protegiendo la institucionalidad. Estamos debilitándola. Y las reglas que hoy se usan contra “el otro”, mañana pueden usarse contra cualquiera. Incluso contra quienes hoy aplauden.
Cuidar la democracia también implica cuidar el debido proceso. Aunque incomode. Aunque no sea popular. Porque cuando confundimos denuncia con condena, lo que ponemos en riesgo no es una candidatura, sino el sistema completo.
