Qué triste me resulta la situación del señor ministro de Justicia y Paz, don Gabriel Aguilar. Lo digo aun estando en desacuerdo con algunas de sus actuaciones y con esa manera de dirigirse a otras personas que, en mi opinión, confunde la autoridad con la necesidad de imponerse. Porque algunas veces el problema no está solamente en lo que se dice, sino en el tono, en el gesto y en la decisión de convertir una intervención pública en un espectáculo.
Sus actuaciones grabadas en los centros penitenciarios han provocado cuestionamientos que van más allá de los comentarios en redes sociales. La Defensoría de los Habitantes denunció presuntos tratos humillantes y la Fiscalía abrió una investigación por supuesto abuso de autoridad relacionada con uno de esos videos. Una investigación no equivale a una condena, pero sí obliga a entender que estamos ante asuntos que merecen explicaciones y examen, no simplemente aplausos o burlas.
Ahora bien, mi desacuerdo con un funcionario no me obliga a disfrutar de su exposición personal. Las intimidades, las dificultades económicas o cualquier condición de vulnerabilidad que alguien haya atravesado no deberían convertirse en entretenimiento público. Haber pasado necesidades no es una vergüenza. La vergüenza sería que, después de conocerlas, perdiéramos la capacidad de reconocer la dignidad de quienes también las padecen. No necesito entrar en la vida privada del ministro para cuestionar su gestión; sus decisiones públicas ofrecen suficiente materia para hacerlo.
¿Ha caído en desgracia? No tengo cómo medir cuánto respaldo conserva ni cuántas personas lo rechazan. Sí percibo un desgaste en su imagen y una conversación pública cada vez más hostil alrededor de su nombre. Pero tampoco me parece que la crueldad de algunos contenidos se vuelva aceptable porque su destinatario sea un funcionario que nos disgusta. Podemos exigirle respeto sin renunciar al nuestro. Podemos pedirle cuentas sin convertir su humanidad en un blanco.
Y hay algo más que me hace pensar: la tranquilidad. No conozco sus condiciones de seguridad ni puedo afirmar cómo se siente cuando llega a su casa. Mucho menos podría asegurar qué tendrá que hacer cuando deje el cargo. Pero imaginar una vida en la que uno deba preocuparse permanentemente por su protección y por la de su familia me produce tristeza. Ninguna diferencia política debería llevarnos a desearle miedo a otra persona. Si existiera algún riesgo, correspondería prevenirlo y atenderlo, nunca celebrarlo.
Los cargos terminan. Se acaba el despacho, cambia el gobierno, se dispersan los aplausos y cada persona tiene que seguir viviendo con lo que hizo mientras tuvo autoridad. Por eso creo que quien ejerce el poder debería preguntarse, de vez en cuando, cómo quiere regresar a la vida cotidiana: qué relaciones habrá construido, qué respeto habrá conservado y qué podrá decirse a sí mismo cuando ya no tenga una cámara enfrente.
Yo, mientras tanto, estoy aquí viendo cómo pago las tarjetas de crédito y cómo llego a final de mes. No es poca preocupación; hay días en que pesa bastante. Pero, en medio de esas cuentas, agradezco la tranquilidad que tengo. La posibilidad de salir, saludar, volver a casa y ocuparme de mis problemas cotidianos tiene un valor que a veces olvidamos.
Lo siento por él en lo que pueda estar viviendo como persona. Y precisamente por eso quisiera verlo ejercer su responsabilidad con más mesura, más respeto y mayor conciencia de lo que significa tener poder sobre otros seres humanos. Ser ministro de Justicia y Paz debería exigir también esa pausa: pensar en la dignidad ajena antes de hablar, antes de actuar y, sobre todo, antes de encender la cámara.