Hay algo que Costa Rica debería comenzar a discutir con mucha más seriedad: la poca capacidad que tenemos como país para enfrentar integralmente los problemas de salud mental y, especialmente, nuestra enorme debilidad para prevenirlos. Hemos construido buena parte de nuestro sistema alrededor de atender a la persona cuando ya está enferma, cuando ya tiene síntomas, cuando ya necesita medicamentos, una incapacidad, una consulta especializada o una intervención médica. Y, por supuesto, todo eso es necesario. El problema es que mientras atendemos las consecuencias, dedicamos muchísimo menos esfuerzo a preguntarnos qué está ocurriendo en la vida cotidiana de las personas para que cada vez más gente viva cansada, preocupada, angustiada, sin dormir adecuadamente y tratando simplemente de llegar al final del día. Estamos intentando reparar personas sin detenernos suficientemente a observar el ambiente en el que les estamos pidiendo que vivan.
El cuerpo humano tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse, pero no es una máquina ilimitada. Cuando una persona vive sometida durante largos períodos a presión económica, incertidumbre laboral, problemas familiares, dificultades para pagar sus obligaciones, jornadas agotadoras, congestionamiento vial, preocupación por sus hijos, falta de descanso y temor por su futuro, ese estrés no desaparece simplemente porque aprendamos a convivir con él. El organismo intenta mantener un equilibrio y, en muchas personas, esa carga termina expresándose también físicamente. Aparecen dificultades para dormir, tensión muscular, dolores de cabeza, molestias digestivas, agotamiento y otros padecimientos que pueden ser provocados, agravados o mantenidos por el estrés. Entonces hacemos lo que corresponde: consultamos y tratamos los síntomas. Pero sería un error creer que toda la respuesta puede limitarse a una pastilla, una incapacidad o una consulta médica. No toda enfermedad tiene origen emocional, por supuesto, pero tampoco podemos seguir actuando como si las condiciones emocionales y sociales fueran completamente independientes de nuestra salud física.
Deberíamos comenzar por hacernos preguntas muy sencillas. ¿Cuánto ejercicio realiza una persona durante su jornada laboral? ¿Cuánto tiempo pasa sentada? ¿Cuánto tiempo pasa viajando hacia su trabajo y regresando a su casa? ¿Cuánto duerme? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo unas horas sin estar pendiente de una obligación? ¿Cuánto tiempo comparte realmente con sus hijos, su pareja, sus padres o sus amigos? ¿Existen programas preventivos de salud suficientemente cercanos en las comunidades? ¿Estamos enseñando desde temprano herramientas para manejar el estrés, resolver conflictos, alimentarnos mejor, mover el cuerpo, descansar y reconocer cuándo necesitamos ayuda? Porque medicina preventiva no debería significar solamente realizar exámenes para detectar una enfermedad temprano. También debería significar construir condiciones que reduzcan las posibilidades de enfermarnos.
Y mientras necesitamos fortalecer esa prevención, estamos discutiendo modelos laborales que pueden transformar profundamente la vida cotidiana de miles de familias. El debate sobre las jornadas 4×3, por ejemplo, no debería reducirse a determinar si una persona puede legalmente trabajar determinada cantidad de horas durante cuatro días para descansar tres. Hay una dimensión humana que también debe analizarse. ¿Qué ocurre durante esos cuatro días con los hijos? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los recoge? ¿Quién cocina? ¿Quién acompaña las tareas? ¿Quién atiende una emergencia familiar? ¿Cuánto tiempo real queda para compartir después de sumar jornada laboral, transporte, alimentación y descanso? Tres días libres pueden sonar extraordinariamente bien sobre el papel, pero la evaluación completa requiere observar también lo que ocurre durante los otros cuatro y, especialmente, las condiciones particulares de las personas que tienen responsabilidades de cuido.
Eso se vuelve todavía más delicado cuando las redes sociales que permitían a muchas familias incorporarse al mercado laboral se debilitan o resultan insuficientes. Una familia no funciona aisladamente. Para que una madre o un padre pueda trabajar necesita una estructura alrededor: cuido infantil, educación, transporte, alimentación, servicios de salud, becas cuando son necesarias y comunidades razonablemente seguras. Los CEN-CINAI, las becas estudiantiles, el transporte para estudiantes, los comedores, los EBAIS y muchas otras instituciones y programas no deberían verse únicamente como gasto social. Son parte de la infraestructura que permite que una familia funcione y que sus integrantes puedan estudiar y trabajar. Cuando alguna de esas piezas desaparece, se reduce, se vuelve inaccesible o deja de responder adecuadamente, la responsabilidad no desaparece: simplemente regresa a la familia, que tiene que encontrar cómo resolverla con el mismo salario, las mismas veinticuatro horas del día y, muchas veces, con menos recursos.
Pensemos en una madre que sale temprano para trabajar y necesita saber dónde estarán sus hijos, cómo llegarán a estudiar, qué comerán y quién estará disponible si ocurre algo. Pensemos en el padre que tiene un familiar enfermo y lleva meses esperando una cita. Pensemos en quien necesita un medicamento y llega al servicio correspondiente con la incertidumbre de si estará disponible. Pensemos en las personas que esperan una intervención médica mientras continúan trabajando con dolor o preocupación. Cada uno de esos problemas parece pertenecer a una institución diferente y aparecer en una estadística distinta, pero dentro de una persona todos terminan viviendo en el mismo lugar: en su cabeza, en su cuerpo y en su casa. Para la administración pública pueden ser expedientes diferentes. Para el ciudadano son preocupaciones que se acumulan.
Por eso las listas de espera de la CCSS, las dificultades de abastecimiento de determinados medicamentos, los problemas administrativos y las deficiencias en los controles de inventarios no son solamente asuntos de gestión hospitalaria. También tienen consecuencias humanas. La incertidumbre enferma. No saber cuándo llegará una cita, cuánto tiempo habrá que esperar, si aparecerá el medicamento o cuándo podrá realizarse un procedimiento agrega estrés a alguien que ya está enfrentando una condición de salud. Y mientras esa persona espera, probablemente continúa trabajando, cuidando hijos, pagando cuentas y tratando de sostener una vida cotidiana que no se detiene porque el sistema tenga una lista de espera.
Luego llegamos a la salud mental propiamente dicha y encontramos otro cuello de botella. Podemos decirle a la población que busque ayuda, y debemos hacerlo, pero esa recomendación tiene que venir acompañada de capacidad real para atenderla. Necesitamos suficientes profesionales en psicología, psiquiatría y otras disciplinas relacionadas, atención temprana, seguimiento y alternativas accesibles antes de que una situación llegue a convertirse en una crisis. No podemos construir una sociedad que produce estrés por múltiples frentes y posteriormente sorprendernos porque los servicios de salud mental estén saturados. Eso sería como abrir permanentemente la llave del agua y discutir únicamente cómo conseguir baldes más grandes.
Aquí es donde creo que tenemos que cambiar completamente la conversación. La salud mental también es una política de desarrollo económico. No se trata solamente de solidaridad, sensibilidad o derechos sociales, aunque esas razones serían suficientes. Se trata además de productividad. Una persona agotada se concentra menos. Una persona que no duerme adecuadamente tiene mayores dificultades para desempeñarse. Una persona preocupada permanentemente por sus hijos no puede dejar esa preocupación en la puerta de la fábrica, de la oficina, del comercio o de la institución donde trabaja. Una persona esperando durante meses una solución médica lleva esa incertidumbre consigo. Y una familia que vive constantemente resolviendo emergencias tiene menos capacidad para planificar, estudiar, emprender, ahorrar y desarrollarse.
A veces hablamos de competitividad como si la única manera de conseguirla fuera producir más en menos tiempo, ampliar jornadas, reducir costos o exigir mayor rendimiento. Pero existe otra forma de construir competitividad: tener una población saludable. Una población que duerme, que puede ejercitarse, que tiene acceso oportuno a la salud, que dispone de redes de cuido, que puede compartir con su familia y que cuenta con herramientas para manejar las dificultades inevitables de la vida tiene mejores condiciones para trabajar, aprender, innovar y producir. El bienestar no es enemigo de la productividad. Bien entendido, puede ser uno de sus principales motores.
Esto también debería llevarnos a repensar el papel de las empresas. Los centros de trabajo podrían convertirse en aliados extraordinarios de la medicina preventiva. No estoy hablando necesariamente de grandes inversiones. Estoy hablando de pausas activas, programas de actividad física, educación sobre sueño y alimentación, prevención del estrés, capacitación de jefaturas para detectar señales de agotamiento, ambientes laborales menos hostiles, mecanismos adecuados para resolver conflictos y espacios donde pedir ayuda no sea interpretado como debilidad. Una empresa que cuida a sus trabajadores no solamente está haciendo algo humano; está protegiendo su propio capital productivo. La persona que opera una máquina, atiende un cliente, conduce un vehículo, diseña un producto, toma decisiones o dirige un equipo es parte esencial de la capacidad de esa empresa para producir.
Las comunidades también deberían recuperar un papel preventivo. Parques utilizados para actividad física, programas municipales, deporte, recreación, talleres para familias, acompañamiento para adultos mayores, actividades para jóvenes y educación sobre salud mental pueden parecer pequeñas cosas frente a los enormes presupuestos hospitalarios, pero precisamente ahí está la diferencia entre prevención y reparación. La prevención ocurre cuando aparentemente todavía no pasa nada. Y por eso resulta tan difícil defenderla políticamente: el hospital lleno se ve; la enfermedad que nunca ocurrió gracias a hábitos saludables no aparece en ninguna fotografía. Sin embargo, posiblemente sea una de las inversiones más inteligentes que puede realizar una sociedad.
Costa Rica debería aspirar a un modelo en el que el Ministerio de Salud, la CCSS, las municipalidades, el sistema educativo, las empresas, las universidades y las organizaciones comunales trabajen también alrededor de una pregunta compartida: ¿cómo hacemos para que nuestra población viva mejor antes de enfermar? No podemos dejar toda la responsabilidad en la CCSS, porque cuando una persona llega al sistema de salud muchas de las circunstancias que contribuyeron a deteriorar su bienestar comenzaron años antes y ocurrieron fuera de un hospital. La salud se construye también en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en el transporte público, en el parque y en las relaciones humanas.
Incluso desde una visión estrictamente económica deberíamos medir cuánto nos cuesta no hacerlo. ¿Cuánto pierde el país por incapacidades relacionadas con problemas que pudieron prevenirse o atenderse antes? ¿Cuántas horas productivas desaparecen por agotamiento, ansiedad, depresión, enfermedades agravadas por estrés o dificultades familiares? ¿Cuánto cuesta atender tardíamente lo que pudo detectarse temprano? ¿Cuánto dinero pierde una empresa por rotación de personal, ausentismo y trabajadores emocionalmente agotados? Tal vez descubriríamos que algunas de las políticas que llamamos “gasto social” son, en realidad, inversiones productivas extraordinariamente rentables.
Y hay otra dimensión que no deberíamos olvidar: los niños observan cómo estamos viviendo los adultos. Crecen dentro de hogares donde muchas veces papá y mamá están cansados, preocupados por el dinero, corriendo entre obligaciones y tratando de resolver problemas para los cuales tienen cada vez menos tiempo. Si queremos hablar seriamente de la salud mental de las próximas generaciones, también tenemos que preguntarnos qué modelo de vida les estamos enseñando. No podemos pedirles que aprendan a vivir en paz mientras construimos alrededor de ellos una sociedad permanentemente acelerada, angustiada y exhausta.
No estoy proponiendo que el Estado resuelva cada problema personal ni que las empresas se conviertan en clínicas. Tampoco estoy diciendo que podamos eliminar el estrés de la vida, porque eso sería imposible. Estoy proponiendo algo mucho más elemental: que dejemos de construir políticas públicas, laborales, sanitarias y sociales como si cada una existiera dentro de una caja independiente. Una decisión laboral puede afectar la familia. Una decisión sobre cuido puede afectar el empleo. Una deficiencia en salud puede afectar la productividad. Una dificultad económica puede afectar la salud mental. Y un problema de salud mental puede terminar afectando la salud física, la familia, el trabajo y nuevamente al sistema de salud. Todo está conectado.
Por eso me preocupa que podamos terminar haciéndonos un disparo en el pie como sociedad. Exigimos más productividad mientras debilitamos algunas de las condiciones que permiten producir. Reducimos o descuidamos redes de apoyo y después nos preguntamos por qué las familias están agotadas. Permitimos que el estrés se acumule y después necesitamos más atención médica. Decimos a las personas que busquen ayuda psicológica, pero no siempre tenemos suficientes profesionales disponibles para atenderlas oportunamente. Tratamos las consecuencias mientras seguimos alimentando algunas de las causas.
Quizá haya llegado el momento de hacer exactamente lo contrario: convertir el bienestar de la población en una estrategia nacional de competitividad. Fortalecer la prevención, recuperar espacios comunitarios, promover ejercicio y recreación, proteger las redes de cuido, mejorar la gestión de medicamentos, reducir listas de espera, aumentar la capacidad de atención en salud mental, educar sobre manejo del estrés y pedir a las empresas que incorporen el bienestar dentro de sus indicadores de productividad. Y antes de aprobar cualquier política laboral o social importante, preguntarnos también cuál será su impacto sobre la vida cotidiana y la salud de las personas.
Porque el bienestar de una población inevitablemente termina reflejándose en la calidad de lo que esa población produce. Un trabajador saludable puede concentrarse mejor, relacionarse mejor, aprender mejor y aportar mejor. Una familia con redes de apoyo puede organizarse mejor. Un niño que crece en un ambiente menos angustiado tiene mayores posibilidades de desarrollarse plenamente. Y un sistema de salud que logra prevenir parte de la enfermedad puede dedicar más recursos a aquello que verdaderamente no pudo evitarse.
Tal vez durante demasiado tiempo hemos pensado que primero tenemos que producir riqueza para después ocuparnos del bienestar. Yo creo que también funciona en la dirección contraria: tenemos que producir bienestar para poder producir riqueza de manera sostenible.
No deberíamos aspirar a construir un país donde la gente aguante más.
Deberíamos aspirar a construir un país donde la gente pueda vivir mejor.
Porque una población agotada puede seguir produciendo durante algún tiempo. Pero una población física, mental y socialmente saludable tiene la capacidad de producir, crear, emprender, cuidar, educar y construir un país durante generaciones.
Y esa también es competitividad.