Una comisión legislativa pierde credibilidad cuando necesita saber primero quién es la persona señalada para decidir si vale la pena investigar. La denuncia de la diputada Sigrid Segura merece atención: según recordó, los diputados oficialistas rechazaron investigar observaciones de la Contraloría relacionadas con ₡1,8 billones en los estados financieros del Gobierno, pero sí aprobaron investigar un crédito personal que habría recibido la magistrada Patricia Solano. Hablamos de cuestionamientos a las cuentas públicas que requieren explicación; llamarlos un faltante no permite concluir, por sí solo, que ese dinero fue robado. Precisamente para aclarar qué ocurrió era necesario investigar.
También rechazaron convocar a Boris Marchegiani, financista del oficialismo y actual embajador ante la ONU, por una deuda de $8,3 millones que mantiene con el Banco Nacional una sociedad que preside. Conviene precisar el dato: esa cifra corresponde a la deuda acumulada, incluidos intereses y gastos, de un crédito originalmente otorgado por $2,6 millones. En aquel caso, el argumento oficialista fue que el asunto ya estaba judicializado. Segura respondió que la comisión debía ejercer control político.
Ahora sí encuentran razones para examinar el préstamo de Patricia Solano. El presidente de la comisión, Gonzalo Ramírez, justificó la decisión señalando su condición de funcionaria pública y la relación de la asociación solidarista con servidores judiciales. Esa es su explicación. Sin embargo, queda pendiente responder por qué esa voluntad de fiscalizar no aparece con la misma fuerza cuando los cuestionamientos alcanzan al Gobierno o a personas cercanas al oficialismo.
Nadie debería quedar exento de rendir cuentas. Si existen indicios concretos de irregularidades en un préstamo, corresponde esclarecerlos con documentos, argumentos y respeto al debido proceso. Pero la misma exigencia debe aplicarse a todos. La cercanía política no puede convertirse en una protección, ni la posición crítica de una persona en una razón para someterla al escrutinio que se les evita a otros. Investigar debe servir para encontrar respuestas, incluso cuando esas respuestas incomoden a quienes tienen los votos para decidir.
Por eso comparto el reclamo de coherencia de Sigrid Segura. ¿Cuáles son los criterios para abrir una investigación y cerrar otra? ¿La posible afectación al interés público? ¿La existencia de indicios? ¿O el nombre de quien tendría que sentarse a responder? Una comisión que administra esas decisiones tiene la obligación de explicarlas. No basta con levantar la mano y aprovechar la mayoría: también hay que hacerse responsable del mensaje que se le envía al país.
En mi opinión, esta diferencia de trato alimenta una sospecha muy seria: que se procura evitar el escrutinio de asuntos incómodos para el oficialismo mientras se utiliza la comisión para presionar a otras personas. Eso merece un rechazo firme. La Asamblea tiene una responsabilidad con toda Costa Rica, y sus herramientas de fiscalización deben estar al servicio de la verdad.
La transparencia se demuestra investigando también aquello que puede perjudicar a los propios. Lo demás deja demasiadas preguntas sobre qué se quiere aclarar, qué se prefiere mantener lejos del escrutinio y a quién se pretende perseguir.