He escuchado durante años críticas contra la inmunidad que tienen los presidentes, diputados y otros altos funcionarios públicos. Muchas de esas críticas parten de una percepción comprensible: la idea de que existe una especie de privilegio que coloca a ciertas personas por encima de la ley. Sin embargo, debo decir que, en principio, yo sí estoy de acuerdo con la existencia de la inmunidad. Y lo estoy por una razón muy sencilla. Si un presidente de la República o un diputado pudiera ser llevado constantemente a tribunales por cualquier denuncia, acusación o querella presentada por cualquier persona, probablemente pasaría más tiempo atendiendo abogados que ejerciendo las funciones para las cuales fue elegido. Bastaría que grupos organizados, adversarios políticos o incluso personas malintencionadas presentaran denuncias de manera sistemática para paralizar la capacidad de trabajo de quienes ocupan cargos públicos.
La inmunidad existe precisamente para evitar eso. Existe para proteger la función pública y no necesariamente a la persona que ocupa temporalmente el cargo. Esa diferencia me parece fundamental. Porque una cosa es garantizar que un funcionario pueda desempeñar su trabajo sin ser interrumpido permanentemente por procesos judiciales impulsados con fines políticos, electorales o de simple hostigamiento, y otra muy distinta es convertir la inmunidad en una especie de escudo absoluto contra cualquier consecuencia legal. Cuando la ciudadanía percibe que una herramienta diseñada para proteger el funcionamiento del Estado termina utilizándose para proteger individuos concretos, empiezan a surgir dudas legítimas sobre el verdadero propósito de esa figura jurídica.
Ahí es donde, en mi opinión, aparece el problema. Porque si la inmunidad existe para proteger el ejercicio del cargo, entonces debería estar relacionada con el cargo. No debería funcionar como una tarjeta para salir de la cárcel. No debería convertirse en una herramienta que permita esquivar responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones públicas. Me cuesta entender por qué una inmunidad vinculada al ejercicio de una diputación, una presidencia o cualquier otro puesto de alta responsabilidad debería cubrir hechos ocurridos antes de asumir el cargo. Si una investigación, una denuncia o una causa judicial se originó años antes de que una persona llegara a ocupar una posición pública, parecería razonable que esos procesos continúen su curso normal, sin que el nombramiento político se convierta mágicamente en una barrera infranqueable.
Del mismo modo, también me parece que el país debería reflexionar sobre otro escenario que podría ser igual de problemático. Si un funcionario termina su gestión dejando pendientes causas judiciales importantes relacionadas con su conducta, quizás no debería simplemente trasladarse a otro cargo público y seguir acumulando protecciones mientras los procesos permanecen congelados o avanzan con lentitud. Porque la inmunidad fue diseñada para proteger el funcionamiento del Estado, no para generar refugios sucesivos donde las investigaciones nunca logren llegar a una conclusión. Una democracia sana necesita funcionarios que puedan trabajar sin persecuciones políticas, pero también necesita ciudadanos que tengan la certeza de que los procesos legales eventualmente llegarán a resolverse.
Y aquí es donde creo que existe un punto de equilibrio que vale la pena discutir con seriedad. Ni persecución política disfrazada de justicia. Ni protección absoluta disfrazada de inmunidad. Un presidente necesita poder gobernar. Un diputado necesita poder legislar. Un magistrado necesita poder ejercer sus funciones. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía necesita saber que ningún cargo público puede convertirse en una vía de escape permanente frente a responsabilidades personales o legales. Las democracias maduras suelen construirse precisamente sobre esos equilibrios incómodos. No sobre privilegios absolutos ni sobre vulnerabilidades absolutas.
Por eso sigo creyendo que la inmunidad es necesaria. Creo que cumple una función importante dentro de cualquier sistema democrático. Pero también sigo creyendo que necesita límites claros, transparentes y comprensibles para la ciudadanía. Porque cuando una herramienta creada para proteger la función pública empieza a percibirse como un mecanismo para proteger a determinadas personas de sus propios actos, la confianza ciudadana comienza a deteriorarse. Y una democracia sin confianza termina siendo mucho más frágil que una democracia donde los funcionarios pueden trabajar con tranquilidad, pero también responder por sus actos cuando corresponda.