Hay momentos en que una lista de nombres deja de ser una lista. Se convierte en una pregunta que nos alcanza a todos: ¿quiénes van a tomar decisiones en nuestro nombre y qué responsabilidad política tiene quien los escogió?
No escribo esto para declarar culpable a nadie. Una causa abierta no es una condena; una denuncia no demuestra culpabilidad; una investigación preliminar no determina que se haya cometido una falta. Cada persona tiene derecho a defenderse y a que se respete el debido proceso. Pero respetar esas garantías no significa cerrar los ojos ante la información pública ni renunciar a preguntar.
Antes de que asumieran sus curules, se reportó que doce diputados electos del Partido Pueblo Soberano acumulaban 48 causas penales en investigación, según información atribuida al Ministerio Público. Ese número no dice que haya 48 delitos probados ni que el estado de cada expediente siga igual hoy. Sí nos obliga a mirar con atención quiénes llegaron a la Asamblea y qué asuntos estaban pendientes.
La lista comienza con Marta Esquivel, a quien se le reportaron catorce causas, entre ellas investigaciones por nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, prevaricato, tráfico de influencias, malversación, peculado y abuso de autoridad. Nogui Acosta aparecía con once, relacionadas con presunta influencia contra la Hacienda Pública, prevaricato, nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y otros delitos. Anna Katharina Müller, con ocho; Stephan Brunner, con cinco. A Robert Barrantes y Royner Mora se les reportaron dos causas a cada uno. Y con una cada uno aparecían José Miguel Villalobos, Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada, Nayuribe Guadamuz, María Isabel Camareno y Osvaldo Artavia. Las investigaciones mencionadas abarcan presuntos delitos como abuso de autoridad, peculado, administración irregular, nombramientos ilegales, tráfico de influencias y recepción de contribuciones privadas ilegales. Ninguna de esas menciones equivale, por sí sola, a una condena.
Después se conoció la investigación contra Ana Ruth Esquivel por presunto soborno. La hipótesis divulgada por la prensa es que habría ofrecido dinero a una joven para que se retractara de una denuncia de violación contra su hijo, quien fue condenado por violación y privación de libertad. La causa atribuida a la diputada es por presunto soborno; no es una acusación de que ella cometiera un delito sexual. Pero el contexto es doloroso y exige que la investigación avance con seriedad, sin convertir una hipótesis en veredicto.
Y hay nombres que aparecen en otra conversación, la del trato a las mujeres y la violencia sexual. Fernando Obaldía enfrenta dos denuncias penales ante la Fiscalía por presunto acoso predatorio, presentadas por asesoras de su despacho y acumuladas en un expediente. Según lo publicado, ellas le atribuyen comentarios de carácter sexual y, en uno de los relatos, acercamientos físicos y tocamientos no consentidos. También se tramitan denuncias en la Asamblea, algunas de índole laboral, y otra cuyo contenido no se ha hecho público. Obaldía ha dicho que confía en demostrar su inocencia. Los procesos están en curso y las denunciantes y el diputado tienen derecho a que se respeten sus garantías.
José Miguel Villalobos fue denunciado ante el Directorio Legislativo por presunta violencia política contra las mujeres. La diputada denunciante dijo haberse sentido irrespetada, sexualizada y ofendida por sus declaraciones; Villalobos negó haber ejercido violencia política. Además, antes de llegar a la Asamblea recibió cuestionamientos por sus argumentos como abogado defensor de un pastor condenado por violación y abuso sexual contra una menor. Es importante distinguir: la denuncia legislativa no es una acusación de delito sexual contra Villalobos, y sus argumentos como defensor no constituyen una causa penal sexual contra él. Pero ambos asuntos forman parte de la discusión pública sobre el criterio y el lenguaje de quienes ejercen poder.
También está Cindy Murillo. La Procuraduría de la Ética abrió una investigación preliminar para determinar si existió conflicto de intereses o legislación en provecho propio, después de que ella participara en la discusión y aprobación de un proyecto relacionado con el embalse Arenal que, según la investigación periodística, podría beneficiar negocios vinculados con su familia. Investigar no es condenar. Pero, precisamente porque la ciudadanía merece claridad, corresponde explicar los hechos y dejar que la investigación determine si hubo una irregularidad.
Entonces viene la pregunta que no podemos esquivar: ¿quién reunió esta lista y para qué? Según reportes periodísticos, Laura Fernández escogió y ordenó la nómina legislativa; también dijo que había entrevistado a las personas candidatas. La propuesta se presentó como continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves. Ese es el propósito político que se anunció: sostener un proyecto y contar con una bancada que lo respalde.
Hay otro hecho que tampoco podemos ocultar: al asumir una curul, quienes tenían causas abiertas adquirieron inmunidad parlamentaria y sus expedientes deben tramitarse por un procedimiento especial. Ese efecto existe. Distinto es afirmar que fueron escogidos con el propósito probado de evadir la justicia: eso no se demuestra solo con la existencia de causas y debe presentarse como lo que es, una acusación o una interpretación política. Durante la campaña, adversarios de Fernández plantearon que la nómina buscaba obtener fuero; la ciudadanía tiene derecho a exigir que se responda a esa crítica con transparencia.
La pregunta, al final, no es si podemos llamar culpable a alguien desde una publicación. No podemos, ni debemos. La pregunta es otra: cuando una candidata con poder para escoger y ordenar la nómina reúne a exjerarcas, figuras de su círculo político y personas que llegan con investigaciones pendientes, ¿qué pesó más en esa selección? ¿La capacidad para legislar, la lealtad al proyecto, la posibilidad de sostener una mayoría? ¿Se valoró también el costo que esas investigaciones podían tener para la confianza pública?
No sabemos la intención íntima de cada persona ni debemos inventarla. Sí sabemos quién impulsó la lista, cuál fue el proyecto que se dijo que venía a continuar y que varias personas llegaron a la Asamblea con causas abiertas. Eso basta para pedir explicaciones. Porque tomar conciencia no es condenar antes de tiempo. Es negarse a entregar un cheque en blanco y recordar que quienes legislan lo hacen con un poder prestado por la ciudadanía.