Hay palabras que no deberían salir de la boca de quien ocupa un cargo público. Decir que ya se tiene “identificados” a los opositores no es una ocurrencia sin consecuencias: puede sembrar temor y hacer que la gente se calle por miedo.
La Sala Constitucional condenó al Estado por esas declaraciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar. El fallo señaló el efecto inhibidor que tuvo el anuncio sobre la libertad de expresión y ordenó pagar las costas, daños y perjuicios que se determinen.
No se puede gobernar señalando ciudadanos por pensar distinto. Quien ejerce poder tiene una responsabilidad mayor: respetar los derechos de todas las personas, incluso de quienes lo cuestionan.
Hoy hay una resolución que recuerda algo elemental: los actos y las palabras tienen consecuencias. Lo que se hace se paga.
La Sala declaró el recurso parcialmente con lugar, por mayoría de cuatro votos contra tres.