En los últimos días se ha informado que el presidente Rodrigo Chaves ha manifestado su intención de trabajar junto con Estados Unidos y otros países del continente para evitar que los poderes judiciales se conviertan en instrumentos politiqueros. Según se ha indicado, el tema habría surgido durante la cumbre vinculada a la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, en la que se discutieron asuntos relacionados con narcotráfico, minería ilegal y cooperación regional.
Más allá de las interpretaciones políticas que cada persona pueda hacer sobre estas declaraciones, hay dos elementos que conviene recordar con serenidad.
El primero es temporal y político. A esta administración le queda muy poco tiempo en el poder. En cuestión de semanas el país estará entrando en una nueva etapa institucional, encabezada por un nuevo gobierno elegido democráticamente. En una democracia madura, los gobiernos tienen un inicio y un final, y es natural que en la recta final de un mandato el margen para impulsar iniciativas estructurales sea limitado. Las decisiones de fondo, especialmente aquellas que podrían tener implicaciones institucionales profundas, corresponderán en gran medida a la próxima administración.
El segundo elemento es aún más importante y tiene que ver con la estructura misma del Estado costarricense.
Costa Rica es una república con separación de poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen funciones distintas y límites claramente establecidos. Esa separación no es un detalle menor del sistema político: es una de las bases de la democracia costarricense.
Por esa razón, ningún poder del Estado puede intervenir en las funciones de otro. El Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre el Poder Judicial, así como el Poder Judicial no dirige las decisiones del Ejecutivo. Esa distancia institucional existe precisamente para evitar abusos de poder y para garantizar que la justicia funcione con independencia.
Desde esa perspectiva, cualquier discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial costarricense debe darse dentro de nuestros propios mecanismos institucionales. Las reformas, las críticas o los ajustes que el país considere necesarios deben surgir del debate democrático interno, del trabajo de nuestras instituciones y de los procedimientos establecidos por la Constitución.
Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional basada precisamente en esa institucionalidad: en el respeto a la ley, en la independencia de los poderes del Estado y en la capacidad de resolver los conflictos dentro de su propio marco democrático.
Por eso, cuando se habla del futuro del Poder Judicial costarricense, conviene recordar algo fundamental: las decisiones sobre nuestras instituciones le corresponden al propio país. A su Constitución, a sus leyes y a sus ciudadanos.
Esa es, al final, una de las fortalezas más importantes de nuestra democracia.