La Fiscalía emitió una alerta migratoria relacionada con la exdiputada Pilar Cisneros, dentro de una investigación vinculada con el financiamiento de la campaña electoral de 2022. Hasta este momento, esa alerta no significa una condena, tampoco una orden de captura y mucho menos una declaración de culpabilidad. Eso corresponde decirlo con absoluta claridad porque, precisamente, quienes defendemos el Estado de derecho tenemos la obligación de respetarlo incluso cuando se trata de personas con las que hemos tenido profundas diferencias. Pero respetar la presunción de inocencia no significa convertir a Pilar Cisneros en una víctima, ni mucho menos borrar de un plumazo la enorme responsabilidad política que ha tenido durante estos años en la vida nacional.
Pilar Cisneros no ha sido una figura marginal de este gobierno. Ha sido una de sus voces más poderosas, más visibles y más combativas. Durante años ha defendido al presidente Rodrigo Chaves, ha confrontado instituciones, periodistas, adversarios políticos y sectores de la sociedad, y ha contribuido decididamente a instalar un ambiente de enfrentamiento permanente en el país. Muchos costarricenses consideramos que su participación política ha causado un daño profundo al clima democrático, al respeto por las instituciones y a esa forma costarricense de resolver nuestras diferencias sin convertir al adversario en enemigo. Nada de eso constituye un delito por sí mismo, y no es eso lo que corresponde resolver ahora a la Fiscalía, pero tampoco tenemos por qué fingir que estamos frente a una figura política cualquiera.
Precisamente por eso esta noticia tiene una enorme importancia. Porque después de años en los que desde el poder se ha cuestionado a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial, a la Contraloría, a la prensa y prácticamente a cualquiera que se atreva a cuestionar al oficialismo, hoy una de las personas más influyentes de ese mismo proyecto político debe atender un procedimiento de una institución de la República. Y eso es exactamente lo que ocurre en un Estado de derecho: nadie decide cuáles instituciones respeta dependiendo de si sus decisiones le favorecen o le incomodan. Las instituciones no existen para perseguir enemigos ni para proteger amigos. Existen para investigar, controlar, fiscalizar y, cuando corresponde, exigir explicaciones.
Durante demasiado tiempo hemos visto cómo se intenta desacreditar a una institución cada vez que incomoda al poder. Si la Fiscalía investiga, se cuestiona a la Fiscalía. Si el Tribunal Supremo de Elecciones actúa, se cuestiona al Tribunal. Si la Contraloría objeta, se ataca a la Contraloría. Si un medio publica algo incómodo, se ataca al medio. Esa lógica es profundamente peligrosa para una democracia porque termina creando la idea de que solamente son legítimas las instituciones que obedecen o que guardan silencio. Costa Rica no puede funcionar así. El poder necesita límites, y esos límites existen precisamente para momentos como este.
Pilar Cisneros tiene derecho a defenderse y a demostrar lo que corresponda dentro de esta investigación. Nadie debería adjudicarle responsabilidad penal antes de que exista una resolución de las autoridades competentes. Pero tampoco debe recibir un trato especial por haber sido diputada, periodista, dirigente política o figura cercana al Presidente de la República. Si una institución del Estado necesita que comparezca, tendrá que comparecer. Si debe responder preguntas, tendrá que responderlas. Si existen hechos que aclarar, deberán aclararse. Exactamente como tendría que hacerlo cualquier ciudadano de Costa Rica.
Y hay algo más importante todavía: rendir cuentas no es persecución política. Durante estos años se ha vuelto demasiado fácil utilizar esa expresión cada vez que una institución investiga a alguien poderoso. En una democracia, ser investigado no convierte automáticamente a nadie en culpable, pero tampoco convierte automáticamente al investigado en perseguido. Las instituciones tienen el derecho y la obligación de investigar cuando consideran que existen elementos para hacerlo, y quienes han ejercido poder público tienen una responsabilidad todavía mayor de colaborar y dar explicaciones.
Pilar Cisneros ha sido una mujer extraordinariamente poderosa en la política costarricense reciente. Ha señalado, acusado, confrontado y juzgado públicamente a muchísimas personas desde una posición de enorme exposición. Hoy le corresponde colocarse del otro lado de esa dinámica y responder ante una institución de la República. No para satisfacer a quienes somos críticos de ella, no para ofrecer un espectáculo político y no para adelantar una condena, sino porque en Costa Rica el poder no debería otorgarle inmunidad moral ni jurídica a nadie.
Esto también forma parte de la democracia que algunos hemos tratado de defender con tanta insistencia durante estos años. Una democracia en la que un gobernante puede ser cuestionado, una diputada puede ser investigada, una institución puede actuar sin pedir permiso al poder político y un ciudadano puede exigir explicaciones sin convertirse por eso en enemigo de la patria.
No sabemos cuál será el resultado final de esta investigación y no corresponde inventarlo. Lo que sí sabemos es que nadie debería sentirse intocable. Ni un presidente, ni una diputada, ni un empresario, ni un periodista, ni un dirigente político.
En Costa Rica todavía existe un Estado de derecho. Y precisamente por eso, tarde o temprano, todos debemos rendir cuentas por nuestros actos. Sean culpables o inocentes.