Cuando una figura pública —o varios candidatos— tienen causas abiertas o asuntos pendientes ante la justicia, ¿qué es lo que debería preferir cualquier ciudadano que cree en la democracia y en el Estado de derecho?
¿Que esos asuntos se aclaren lo antes posible, con las reglas actuales, con las instituciones funcionando como están hoy?
¿O que se posterguen, se congelen o se diluyan en el tiempo, a la espera de que un nuevo gobierno cambie al fiscal general o a magistrados del Poder Judicial?
¿O, peor aún, que simplemente se desestimen sin ser atendidos, como si nunca hubieran existido?
No es una pregunta contra una persona.
Es una pregunta a favor de la institucionalidad.
Porque quien no tiene nada que ocultar debería querer que todo se aclare pronto, con transparencia, sin interferencias políticas y sin atajos. Eso fortalece la confianza pública. Eso da tranquilidad al país. Eso honra la democracia.
La justicia selectiva, tardía o condicionada por cambios de poder no beneficia a nadie. Solo debilita al sistema y deja la sensación de que la ley depende de quién gobierna.
Y una democracia donde la ley depende del poder de turno deja de ser democracia.
Preguntar esto no es atacar.
Es ejercer ciudadanía.
