A la Sala Constitucional se le conoce popularmente como la Sala Cuarta, y aunque muchos la mencionan, no siempre se entiende del todo cuál es su función o por qué es tan importante.
La Sala IV no es un tribunal cualquiera. Es la máxima defensora de la Constitución Política.
Su tarea principal es garantizar que ninguna ley, decreto, decisión o acción de autoridad pública viole los derechos fundamentales de las personas ni los principios establecidos en la Constitución.
Dicho de otra manera, la Sala IV es el “escudo” que protege al ciudadano del abuso del poder. Y eso incluye cualquier poder: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o incluso las municipalidades y universidades públicas.
Fue creada en 1989, y desde entonces ha tenido un papel decisivo en la historia reciente del país. Gracias a su existencia, cualquier persona —sin importar su edad, nacionalidad, cargo o condición económica— puede acudir directamente a ella cuando considera que sus derechos han sido violentados o amenazados.
La Sala IV resuelve dos tipos principales de acciones:
1. El recurso de amparo, que protege los derechos fundamentales de las personas frente a cualquier acto arbitrario de una autoridad o institución.
(Por ejemplo: si una entidad pública te niega información, o si un hospital te niega atención médica sin razón válida).
2. La acción de inconstitucionalidad, que analiza si una ley, reglamento o decreto contradice la Constitución.
(Por ejemplo: si una ley aprobada por la Asamblea o un decreto del Gobierno afecta derechos o principios fundamentales).
Cuando la Sala IV resuelve, su decisión es de acatamiento obligatorio. Ninguna autoridad puede ignorarla, ni siquiera el presidente de la República.
Y eso no es arrogancia judicial, es simplemente la Constitución funcionando.
Cada vez que la Sala IV anula un decreto, detiene una ley o corrige una institución, no lo hace para “meterse en política” o “estorbar al Gobierno”. Lo hace porque esa es su razón de existir: ser el árbitro final entre el poder y el derecho.
Gracias a la Sala IV, hoy los costarricenses tenemos acceso directo a la justicia constitucional sin necesidad de abogados, sin costos y con un proceso relativamente ágil.
Eso nos hace uno de los países más avanzados del continente en materia de protección de derechos humanos.
La Sala IV no está al servicio de ningún gobierno, ni de ningún partido. Está al servicio de la Constitución, y por ende, al servicio del pueblo. Por eso, cuando alguien critica sus decisiones porque no favorecen “a los suyos”, vale la pena recordar algo: el día que la Sala IV deje de actuar libremente, ningún costarricense estará seguro.
Porque una democracia sin jueces valientes es solo una democracia en apariencia.