En un país donde la ley es el pilar del Estado, la Procuraduría General de la República actúa como la abogada del Estado costarricense. Es una institución técnica y jurídica que no responde a intereses políticos, sino al cumplimiento de la legalidad y la defensa de los bienes públicos.
Su función principal es asesorar y representar legalmente al Estado. Eso significa que cuando el Gobierno, una institución autónoma o una entidad pública enfrenta un conflicto legal, es la Procuraduría quien defiende los intereses del país ante los tribunales.
Es, en otras palabras, el bufete jurídico de la nación. Pero su papel va más allá de los juicios.
La Procuraduría también emite criterios legales vinculantes sobre asuntos de administración pública.
Cuando hay dudas sobre cómo debe aplicarse una ley, cómo debe interpretarse un contrato o si un decreto es legal, la Procuraduría analiza, estudia y dicta su posición. Y aunque sus opiniones no siempre son del agrado del Gobierno de turno, deben ser respetadas, porque su función es velar por la correcta aplicación del Derecho.
En ese sentido, la Procuraduría actúa como una barrera técnica contra los abusos del poder.
Cuando señala irregularidades, no está “oponiéndose al Gobierno”: está cumpliendo su deber constitucional. Por eso, los costarricenses debemos verla no como enemiga de la política, sino como aliada de la transparencia.
También cumple funciones de control disciplinario sobre los funcionarios públicos, investigando casos de posible falta administrativa y recomendando sanciones cuando corresponde.
Además, a través de la Procuraduría de la Ética Pública, promueve principios de integridad, probidad y servicio en las instituciones del Estado.
En resumen, la Procuraduría General de la República existe para recordarle al poder que la ley no es un adorno, y que el Estado debe actuar con decencia, legalidad y coherencia.
Su independencia es una garantía para todos los costarricenses, porque sin ella, el país quedaría expuesto al capricho del gobernante de turno.
Así, en silencio, sin micrófonos ni discursos, la Procuraduría cumple una de las tareas más nobles del sistema democrático: defender al país del propio poder.