Recientemente, surgió una propuesta política que sugiere otorgarle al Poder Ejecutivo la potestad de “levantar” o suspender los derechos individuales de los costarricenses. Tal vez a muchos les sonó razonable, porque fue presentada con el tono de quien “necesita más herramientas para gobernar”. Sin embargo, detrás de esa idea se esconde uno de los mayores riesgos que una democracia puede enfrentar.
Para entenderlo, primero hay que saber qué son los derechos individuales.
Son las libertades fundamentales que la Constitución Política de Costa Rica reconoce a toda persona: el derecho a la vida, a la libertad, al pensamiento, a la expresión, al tránsito, a la reunión, a la propiedad, a la intimidad, a la seguridad personal y al debido proceso, entre otros. Estos derechos no pertenecen al gobierno. Son del pueblo. Y la Constitución los protege precisamente para que ningún gobernante pueda violarlos, suspenderlos o restringirlos a su conveniencia.
La única forma en que algunos de estos derechos pueden limitarse temporalmente es mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, en situaciones extremas —como guerra, invasión, calamidad pública o grave alteración del orden—, y aun así, bajo control constitucional y por un tiempo limitado.
Si el Poder Ejecutivo tuviera la potestad de hacerlo por decisión propia, se rompería la división de poderes, piedra angular de nuestra democracia.
El presidente podría, en nombre de la “seguridad nacional”, limitar el derecho a manifestarse, detener a opositores, censurar medios, intervenir comunicaciones, restringir la libre movilidad o suspender elecciones. Eso, históricamente, ha sido el camino de las dictaduras.
Costa Rica, tras la guerra civil de 1948, abolió el ejército y diseñó una Constitución precisamente para impedir que el poder absoluto volviera a concentrarse en una sola persona o grupo. Por eso existen los tres poderes del Estado, los órganos de control y la prensa libre.
Cuando se plantea eliminar esos contrapesos, o permitir que el Ejecutivo “suspenda derechos”, lo que realmente se propone es entregarle la llave de la libertad a un solo hombre o mujer. Y cuando eso sucede, la historia —no solo la nuestra, sino la del mundo entero— demuestra que recuperar esa llave cuesta sangre, generaciones y lágrimas.
Así que sí, es un tema al que todos deberíamos ponerle atención. Porque la libertad no se pierde de golpe: se entrega, poquito a poco, entre aplausos.
¿Podría el Ejecutivo tener poder sobre las instituciones?
Esta es una pregunta esencial, y la respuesta merece una explicación clara: si al Poder Ejecutivo se le otorgara la facultad de suspender o “levantar” los derechos individuales de los costarricenses, no tendría de inmediato poder administrativo directo sobre las instituciones, pero sí abriría una puerta peligrosa para interferir en su independencia y en el equilibrio entre los poderes de la República.
Los derechos individuales son el escudo que protege al ciudadano frente a los abusos del poder. Cuando ese escudo se debilita, también se debilitan los mecanismos que garantizan que el Estado funcione con límites.
Si un presidente pudiera restringir libertades o actuar por decreto sin control, las instituciones que velan por el bien público —como la Asamblea Legislativa, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Corte Suprema de Justicia— perderían capacidad real de fiscalización, aunque siguieran existiendo formalmente.
El equilibrio entre los tres poderes es lo que mantiene viva la democracia.
El Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial vela porque se cumplan.
Si el Ejecutivo tuviera la llave para suspender derechos, podría, en la práctica, gobernar por encima de las leyes, alegando que “la situación lo requiere”. Y cuando un gobernante puede hacer eso, ya no necesita consenso, ni control, ni contrapeso. Además, los órganos de control quedarían expuestos a la desobediencia política.
Un presidente con ese tipo de poder podría decir que ciertas resoluciones “no aplican”, retrasar presupuestos, o simplemente ignorar la fiscalización en nombre de una “emergencia nacional”.
Y no haría falta eliminar una institución: bastaría con vaciarla de sentido, como ha ocurrido en otros países donde el populismo tomó el control bajo la excusa del “pueblo primero”. El riesgo no está en un decreto, sino en el precedente.
Si se acepta que un gobernante puede suspender derechos en nombre de la eficiencia o la seguridad, mañana otro podría hacerlo en nombre del orden, o de la patria, o de la fe. Y cuando eso sucede, lo que se pierde ya no se recupera fácilmente.
Por eso es tan importante entender que la fuerza de Costa Rica ha estado siempre en su equilibrio: en el respeto mutuo entre poderes, en la independencia de las instituciones, en el límite que impide que el poder se concentre en una sola persona.
Un presidente no necesita más poder: necesita más sabiduría, más diálogo, más respeto por las leyes y por el país que dice servir.
Porque la verdadera fortaleza de una democracia no está en el brazo que manda, sino en los límites que lo contienen.